Con 180 votos en contra y 131 a favor se tumbó la enmienda del PP, que proponía un texto alternativo con muchas medidas de la LOCE y algunas novedades, así como una memoria económica que cifraba el coste de la reforma en 7.221 millones de euros para 2007-2010. La enmienda de CiU, que pedía la devolución de la futura ley al Gobierno por entender que es “excesivamente reglamentista”, no cuenta con consenso ni resuelve algunos “retos” del sistema educativo, se rechazó con 171 votos en contra y 139 a favor -de CiU y PP-.

En defensa de la enmienda de totalidad del PP, la secretaria de Política Social y Bienestar de este partido, Ana Pastor, lamentó que el Gobierno no aceptara la oferta de un pacto educativo de Rajoy. Tras denunciar que la memoria económica del Ejecutivo para el sistema educativo necesitará 35 años para su cumplimiento, puesto que en el proyecto de los Presupuestos del Estado de este año sólo se destinan 170 millones de euros, Pastor acusó a San Segundo de no convencer con su reforma, dejar a la sociedad “perpleja”, a la comunidad educativa “soliviantada“, fomentar un "falso" debate, “ningunear” a las comunidades autónomas y llevar a cabo una búsqueda "denodada" del acuerdo social.

Por otra parte, el PP alertó de que la aprobación de la reforma del Estatuto de Cataluña en sus actuales términos fomentará que Cataluña tenga su propio sistema educativo y diseñe un “modelo intervencionista que no es propio de democracias libres”.

En concreto, CiU rechaza el proyecto de la LOE por carecer de un consenso; no configurar un sistema que respete la libertad de los padres de elegir centro educativo, al definir la educación como servicio público; apostar por un modelo en el que la escuela privada con su propio modelo filosófico, pedagógico y religioso es subsidiaria de la pública y reducir de forma “drástica” los conciertos educativos, tal y como expuso Durán en su intervención.

El portavoz socialista en materia educativa, Raimundo Benzal, descalificó la propuesta del PP por ser más “agresiva, regresiva, engañosa e invasiva” que la LOCE que elaboraron durante su último gobierno. En concreto, denunció medidas “autoritarias”, la descalificación de la participación del alumnado y un “intrusismo mayor” en las competencias autonómicas.

Tras asegurar que hay un equilibrio “racional” en el proyecto de la LOE entre los dos principios de libertad de elección de centro y el derecho a la Educación y que el Gobierno está cumpliendo “taxativamente” los compromisos de la memoria económica que acompaña a la reforma educativa, Benzal mostró a CiU y PP la disposición del PSOE para continuar un diálogo “abierto” con la finalidad de llegar a acuerdos sobre la futura normativa.

Finalmente, la ministra de Educación consideró positivas las “coincidencias” mostradas por los grupos parlamentarios sobre la reforma, principalmente en la necesidad de un sistema educativo de calidad con equidad, la relevancia de aportaciones presupuestarias para la Educación y el reconocimiento social y profesional de los profesores.

San Segundo, aseguró hoy que el Gobierno "ha huido de la tentación" de cambiar todo el sistema educativo pero que el texto propuesto se asienta en que las reformas deben ser "continuadas y paulatinas". Asimismo, demandó un "ejercicio de corresponsabilidad política" de las administraciones para aplicar la futura LOE, una vez aprobada por el Parlamento, al estar "descentralizado" el sistema educativo español.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal apoyará la manifestación convocada para el día 12 de noviembre en Madrid en contra de la LOE, siempre que ésta se desarrolle “dentro de la legalidad”. Según el Episcopado, el proyecto de ley “no promueve suficientemente los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito de la educación, como es el derecho a la elección de centro, y el derecho de los padres de determinar el tipo de educación que quieren dar a sus hijos, sin que el Estado les induzca o imponga unas condiciones morales”.