La decisión del Gobierno de devolver este mismo año el patrimonio histórico sindical, que beneficiará, sobre todo a UGT y en menor medida a la CNT. ha provocado que CC.OO. advierta al ministro Caldera de que el diálogo social peligra si devuelve dicho patrimonio.

En concreto, el sindicato UGT podría recibir con esta decisión unos 151 millones de euros con esta operación, que le servirían para saldar la deuda que tiene contraída por esta cantidad con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En un real decreto ley publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno modifica los criterios de valoración del patrimonio sindical, posibilita que puedan volverse a presentar solicitudes de devolución de patrimonio ya denegadas en el pasado y fija el plazo máximo de 31 de enero para presentar todas las solicitudes. Este texto fija una nueva revalorización de los inmuebles que fueron expropiados a UGT durante y después de la Guerra Civil española. En concreto, el valor de estos inmuebles partirá de su precio de mercado en 1986, año del que data la ley de devolución del patrimonio sindical, y a partir de ahí se les aplicará una revalorización en función del tipo de interés legal del dinero de cada año. La valoración de estos bienes deberá tener el visto bueno del Consejo de Ministros

El máximo responsable de CC OO, José María Fidalgo, se entrevistó personalmente con el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, la pasada semana para manifestarle su malestar por haber tomado esta decisión justo en el momento en el que Gobierno, empresarios y sindicatos negocian la reforma laboral, lo que podría, en cierta forma, hipotecar la postura de UGT en la negociación. Además, CC OO cree que esta decisión podría contaminar también futuras negociaciones como la de la reforma de las pensiones –ahora en curso- o el proceso de elecciones sindicales de 2006.

Al respecto, la Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras ha emitido una resolución en la que pide al Gobierno que retire la devolución del patrimonio histórico sindical que beneficia a UGT. La central cree que esta devolución (de más de 150 millones de euros) interfiere en el diálogo social y las elecciones sindicales.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE COMISIONES OBRERAS