El decreto ley aprobado por el Gobierno, el 28 de octubre, sobre devolución del patrimonio histórico sindical, ha venido en un momento nada oportuno. Están en juego unos 300 millones de euros y, junto a que esto constituye un elemento perturbador en las negociaciones sobre la reforma laboral, el año que viene es año de elecciones sindicales.
Lo cierto es que la medida gubernamental (que ha de pasar su aprobación parlamentaria) sumada a una justificada petición de CC.OO. de retirada del decreto ley, pueden dificultar las buenas relaciones entre Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, si bien es de esperar que la unidad de acción de ambas confederaciones no se vea mermada. Fue el pasado día 8 de noviembre, cuando el secretario general de CC. OO., José María Fidalgo, hacía pública la declaración de la comisión ejecutiva confederal que pedía al Gobierno la retirada del decreto ley por el cual se aceleraba el proceso de devolución del patrimonio sindical incautado por el régimen de Franco, en especial a UGT y CNT. CC.OO. considera el decreto "deliberadamente oscurantista" y asegura que se ha realizado sin consultar a la Comisión Nacional de Patrimonio Sindical y, además, en un momento en el que se está negociando la reforma laboral. Tampoco el sindicato ve ético que quien gestionó la crisis de la cooperativa PSV sea el actual secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, el mismo que está participando en la mesa negociadora de la reforma laboral. Por último, está el factor de la proximidad del inicio del proceso electoral sindical en las empresas a desarrollar el próximo año. Para las elecciones los recursos son un factor muy importante y. La puesta en marcha del decreto ley daría más facilidades a UGT para buscar nueva financiación. | 