El pasado 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las personas con discapacidad. En España suponen el 9% de los ciudadanos, totalizando más de 3.500.000 personas.

Uno de los más difíciles problemas a los que se deben enfrentar cada día tiene relación con el mercado de trabajo. Pese a que las personas con discapacidad en los últimos años han incrementado formidablemente su formación y capacitación profesional, siguen arrastrando grandes problemas de acceso al empleo. Su tasa de actividad (32%) continúa siendo apenas la mitad que la del resto de personas, y su tasa de desempleo (26%) más del doble.

En CCOO tenemos la firme convicción de que la plena integración social de todas las personas pasa por poder conseguir un proyecto de vida autónomo sustentado en un empleo con derechos y de calidad. En el caso de las personas con discapacidad no es de otro modo. Ellos y ellas no pueden quedar al margen de la reivindicación que diariamente hacen las organizaciones sindicales en defensa de un empleo digno y de calidad.

Pronto celebraremos el 24 aniversario de la LISMI, una ley que nació para ayudar a la plena integración de las personas con discapacidad. Esta norma fue pionera en materia laboral y una de las más avanzadas de nuestro entorno. Entre sus aspectos laborales destaca el recogido en su artículo 38 dedicado a la cuota de reserva del 2% en el empleo ordinario. Asimismo, las Administraciones Públicas han establecido en sus respectivas regulaciones la reserva de puestos de trabajo en sus convocatorias de hasta el 5% de los puestos a cubrir. Sin embargo, en ambos casos, el compromiso legal de la reserva efectiva de puestos de trabajo no se está cumpliendo.

CC.OO. participa de la idea de que es posible la plena integración de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad de trato en el empleo que ofrecen las empresas consideradas normalizadas para el conjunto de personas trabajadoras. Y para ello, en todas las plataformas negociadoras de Convenios Colectivos, con el objetivo de su plena incorporación al mercado de empleo ordinario en condiciones de igualdad, incluirá una referencia explícita a la obligación que tienen las empresas ordinarias de cumplir con la cuota de reserva del 2% para las personas con discapacidad, así como la reserva de hasta el 5% en diferentes Administraciones Públicas.