José Campos Trujillo /
Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO.

José Campos (Málaga, 1960) es secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. desde mayo de 2004, tras la celebración del IX Congreso del sindicato. Anteriormente ocupó durante varios años la Secretaría general de la Federación de Enseñanza andaluza de CC.OO.

¿A cuánta distancia se ha quedado el proyecto de LOE del pacto educativo promovido por CC.OO.?

Tenemos que dejar claro que una cosa son las posiciones de CC.OO. con respecto a los muy diversos aspectos de la educación y del sistema educativo y otra los planteamientos que llevábamos en nuestra propuesta de pacto educativo. Sabíamos que para alcanzarlo no podíamos exigir que se incluyeran en él de todas nuestras reivindicaciones, así como esperábamos que otras organizaciones y colectivos, de signo e intereses contrarios a los de CC.OO., renunciaran también a sus planteamientos más extremos. Ya hace meses se había llegado a consensuar un texto que, por diversas circunstancias, no acabó siendo firmado. No obstante, en el anteproyecto de la LOE vimos recogidas diversas cuestiones que aparecían en dicho texto: las relativas a la igualdad, a la escolarización, a la atención a la diversidad, a la definición del servicio público educativo, a la concepción de la nueva ley como una normativa básica que se convirtiese en eje vertebrador de un sistema educativo común. En algunos aspectos, esto se ha visto matizado tras las negociaciones del PSOE con sectores conservadores, algo a lo que nos hemos opuesto y que hemos denunciado como negativo en el texto definitivo aprobado por el Congreso. En cuanto a los reproches que se nos hacen a CC.OO. en el sentido de que debería haber presionado, insistido y movilizado para conseguir una ley educativa “más a la izquierda”, pienso que si hubiéramos querido una nueva ley sólo para unos cuantos años –posiblemente pocos-, claramente de izquierdas, con lo que ello conlleva, y que se hubiera ajustado a nuestras posiciones programáticas con respecto a la educación, es seguro que en el próximo cambio de legislatura de nuevo nos encontraríamos con un vuelco total de la orientación que se le diera, y sobre ello no caben dudas, al sistema educativo. No estaríamos ya ante una ley “poco de izquierdas”, sino ante una situación claramente conservadora. Si queremos una ley que regule el sistema educativo al menos para una generación, es necesario y básico llegar a un consenso en el que todas las partes cedan. La educación es un tema de Estado, no de gobierno. Por eso, realmente creo que quienes apuestan por una ley basada exclusiva en un acuerdo de las fuerzas de izquierda políticas y sociales, ahora que la coyuntura lo permite, no están pensando en el batacazo que podríamos darnos a corto plazo en cuanto hubiese un cambio de gobierno. Lo cómodo ahora para nosotros sería mostrar y exigir la mayor radicalidad que pueda concebirse y concretar el discurso que mejor suene. Pero dudo que ahora mismo lo cómodo sea lo más responsable.

¿Qué ha pasado para que el PP no haya querido sumarse al proyecto?

El PP se encuentra ahora mismo prisionero de la estrategia que se ha trazado a la hora de ser oposición. En todo están estancados en el discurso del no y, claro, la educación no podía ser menos. En cambio los grupos conservadores, tanto sociales como políticos, que no están sujetos a la “disciplina” del PP ni son meros instrumentos suyos ni, por tanto, tampoco están encadenados a esa estrategia inamovible del no, han negociado, renunciando a algunos de sus planteamientos. Con ello han conseguido introducir algunas modificaciones al proyecto original de la LOE, demostrando no moverse en el terreno de la irresponsabilidad y de la intransigencia en el que se mueve el PP con el único objetivo de conseguir, décima a décima, algún rédito electoral. De todos modos, yo seguiría insistiéndole y llamándolo a la sensatez. Todavía hay tiempo en lo que resta de trámite parlamentario y sería una buena noticia que al final se alcanzase algún tipo de acuerdo.

¿Qué hará CC.OO. una vez que se promulgue la ley?

Pues algo que es de cajón: exigir su cumplimiento. Especialmente en todos los aspectos que hemos valorado positivamente. A este respecto, quisiera destacar varias cuestiones sobre las que estaremos especialmente vigilantes. En primer lugar, sobre su financiación. Hemos logrado un objetivo que CC.OO. venía persiguiendo desde hace años: que no bastaba una simple memoria económica, como hizo el PSOE en 1990 con la LOGSE, o peor aún, sin previsiones de financiación alguna, como hizo el PP con la LOCE, con el trivial argumento de que la financiación educativa era cuestión exclusiva de las comunidades autónomas. Ahora se ha introducido todo un Título nuevo en el que se comprometen y se segmentan partidas con el objetivo de financiar adecuadamente los principales objetivos de la LOE, siendo especialmente relevante el compromiso de alcanzar en plazo y forma adecuados la media del gasto europeo en educación. En asegurar el cumplimiento de todo ello estará uno de nuestros principales trabajos de “vigilancia”. Y en denunciarlo públicamente, si no se cumple e ir exigiendo que así se haga. Vamos a ser muy vigilantes también con el cumplimiento de las medidas para la igualdad, es decir, todo lo que se refiere a la escolarización, la atención a la diversidad, los servicios complementarios, la compensación de las desigualdades, etc., de modo que no acaben configurándose dos redes educativas marcadas, la una por la selección y el elitismo (la concertada) y la otra por la marginalidad, la precariedad de medios, la atención casi exclusiva del alumnado problemático o con desventajas sociales (la pública). En cuanto a las mejoras laborales, nuestro trabajo en el seno de las Comisiones de Seguimiento de los acuerdos que hemos firmado con el Ministerio de Educación y que recogen importantes avances en las condiciones laborales de más de 500.000 trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, será velar para que se cumplan , procurando que los avances recogidos en esos acuerdos se mejoren incluso en el ámbito de las comunidades autónomas. Por último, exigiremos a de las administraciones educativas territoriales una verdadera responsabilidad de Estado en la aplicación de la LOE, que no sigan utilizando o utilicen la educación como campo de prácticas de sus litigios políticos y de sus diferencias o fidelidades con la Administración central. Y que vean la LOE como lo que es, una normativa que ordena el sistema educativo del que ellas forman parte y que están obligadas a cumplir en los justos términos que ella establece. Ni más ni menos. Sobre el necesario desarrollo en el marco de las comunidades autónomas hay que tener en cuenta que la descentralización educativa es un hecho en este país y las competencias de cada comunidad a este respecto son prácticamente totales, especialmente en lo que se refiere a llevar al terreno de la realidad todo lo que la nueva normativa contemple.