La propuesta del Ejecutivo se basa también en que las comunidades hagan una aportación similar para la consolidación del sistema.

En 2015 el coste total será de un 1% del PIB, algo más de 9.000 millones de pesetas, de los que algo más de 2.000 ya se están aportando. De los 7.000 millones restantes, Estado y comunidades autónomas aportarán más de 4.400 millones de euros, y el resto deberán abonarlo los  propios usuarios.

La Ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2007, aunque su implantación será gradual hasta 2015, reconoce un derecho universal y público para todos los españoles con dependencia mayores de tres años, así como para los inmigrantes que lleven un tiempo, que debe determinarse aún, residiendo y trabajando en España, pero no para los jubilados extranjeros de países de la UE que viven en España.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, precisó que no se trata de un derecho gratuito, sino que el usuario del sistema pagará en función de su renta y de su patrimonio. De este modo, calculó que en un principio los usuarios no pagarán más del 30 o 35% del servicio, pero que este porcentaje irá subiendo a medida que se consolide el sistema. De tal modo que aquellos usuarios que se lo puedan permitir, deberán destinar sus propios recursos a financiar incluso hasta el 90% del servicio.

El Gobierno se compromete a garantizar la igualdad del servicio en todo el territorio nacional mediante la financiación íntegra del contenido básico del derecho, es decir, la creación de la Red de Servicios (centros de día, plazas de residencia, servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio...) en toda España.

Cada comunidad autónoma recibirá una cuantía económica en función de su situación de partida, dado que la situación actual de la red de servicios de atención a la dependencia es diferente en función de las comunidades autónomas.

En todo caso, señaló que el Estado se compromete a financiar el 50 por ciento de la parte del servicio que el usuario no pueda sufragar, mientras que las comunidades autónomas deberán hacerse cargo del resto. Un ejemplo práctico: si un usuario puede pagar, en función de su renta y su patrimonio, sólo el 20 por ciento del coste de una plaza de residencia, Estado y comunidades autónomas deberán costear el 80 por ciento de la plaza a partes iguales.    

La Ley establece tres grados de dependencia con dos niveles dentro de cada uno de ellos (necesidad de ayuda una vez al día, necesidad de ayuda más de una vez al día, necesidad de ayuda permanente). En 2007 serán beneficiarios de este servicio todos los grandes dependientes, en sus niveles 1 y 2. En 2008 y 2009, se incorporarán los dependientes severos de nivel 2; en 2010 y 2011, los de grado 1 de este grado; en 2012 y 2013, los dependientes moderados de grado 2; y en 2014 y 2015, los dependientes moderados de grado 1.

El borrador de la ley contempla la creación del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia, integrado por Gobierno y comunidades autónomas, y que fijará los baremos de dependencia, la composición de los equipos cualificados, los criterios de renta y patrimonio de los usuarios, la prestación económica sustitutoria, o el salario que recibirá el familiar cuidador.

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