El objetivo es elaborar planes de financiación de la educación superior universitaria con carácter plurianual, que atiendan a los principios de suficiencia, eficiencia y equidad, y mediante criterios objetivos, transparentes y evaluables, determinarán y asignarán anualmente los recursos a sus respectivas universidades públicas".

Los rectores solicitan que la ley prevea el sorteo como fórmula de selección y la duración de la vigencia de cada comisión del proceso de acreditación, con la finalidad de garantizar "plenamente" su solvencia, rigor y calidad. Para este modelo de acceso del profesorado a la función pública, abogan por dar "cierta relevancia" también a los quinquenios docentes con la finalidad de impulsar la actividad docente, además del reconocimiento de los sexenios de investigación.

Sobre las comisiones de los concursos de acceso a la función pública, los rectores defienden la vía de la autonomía universitaria para designar a los tribunales, propuesta en el borrador de reforma, aunque creen que se deberían establecer unos requisitos mínimos de referencia, que tendrán que respetar los estatutos de las universidades, sobre el número de miembros y su cualificación. También en el documento relativo al profesorado, propugnan el mantenimiento de la figura del profesor contratado doctor.

La CRUE reclama el compromiso de que se apruebe un Estatuto del profesorado, "ya que es esencial" para la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). También manifiestan la "urgente necesidad" de disponer de un Régimen Jurídico del profesorado, aunque matizan que esta cuestión no forma parte directamente de la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

En cuanto a la elección del Rector, la CRUE se decanta por ponerla en manos de las universidades, que fijarán en sus estatutos su elección por parte del claustro o sufragio universal, pero no otorgar esta función a las comunidades autónomas. No obstante, piden que el presidente del Consejo Social sea nombrado por el gobierno autonómico y no por el parlamento regional, "oído el rector de la Universidad".  

También son partidarios de que el presidente del Consejo Social de la Universidad sea nombrado por el Parlamento una vez "oído el rector".   

En relación a los estudiantes, desean que se promueva su participación en procesos de acreditación de estudios y titulaciones y programas de mejora, con una formación "amplia y decidida" en "principios, valores, actitudes y comportamientos" acordes con las condiciones universitaria y ciudadana. Para ellos, plantean también impulsar las becas y ayudas al estudio con el fin de fomentar el intercambio y la movilidad nacional o internacional, además de proponer ayudas para orientar la inserción laboral de los titulados y mejorar la cobertura de los servicios sociales de las universidades, entre otras cuestiones.

En el texto dedicado a la investigación y desarrollo (I+D), relaciones con la empresa y asuntos económicos plantean, entre otras cuestiones, el establecimiento de mecanismos de atribución a las universidades de la titularidad de los resultados de investigación financiados con fondos públicos, para que éstas fomenten la transferencia de resultados científicos a la sociedad. Además, piden el reingreso automático de funcionarios docentes en situación de excedencia para investigación.

Todo estos cambios propuestos para la reforma de la LOU permitirán -según señaló el presidente de los rectores durante la presentación de los cuatro textos de la CRUE- establecer un marco legislativo "mucho más favorable" y unas condiciones "mejores" para las actividades universitarias.

También consideran que esta reforma tiene que ser limitada en su alcance, una "ley de transición", porque la "universidad del futuro" será la que responda a la nueva situación y realidad en su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

La exposición "no en detalle" de estas cuestiones a la ministra fue "cordial", tal y como destacó el presidente de la CRUE, porque les mostró su disposición a mantener contactos constantes sobre los cambios universitarios. Sin embargo, los rectores desean que las modificaciones en el sistema de enseñanza superior no sean fruto de un consenso "bidireccional" sino "multilateral", para lo que reclamaron conocer las opiniones de todos los sectores (alumnos, sindicatos, profesionales), agregó el rector de la Autónoma de Madrid y uno de los vicepresidentes de la CRUE, Ángel Gabilondo.