Según el TSJC, la actuación de la Administración autonómica es contraria a la Ley de Política Lingüística aprobada por el Parlamento catalán, en la que prevé la enseñanza en castellano hasta los siete años, cuando un padre lo solicite, como ha ocurrido en este caso. El Departamento de Enseñanza de la Generalitat está estudiando la presentación de un posible recurso contra la resolución judicial.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha remitido una recomendación al Gobierno de la Generalitat para que en los impresos de preinscripción y matriculación del alumnado para el curso 2006-2007 incluyan "de forma clara y suficiente el derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual".

Además, se insta a incluir "espacios adecuados" en los formularios para que los padres y tutores informen a la administración educativa de "cuál es la lengua habitual del alumno y cuál la lengua por la que optan para que éste reciba la primera enseñanza".

La resolución del Defensor del Pueblo responde a una denuncia de la Asociación por la Tolerancia, que mantiene diferentes contenciosos judiciales con la Generalitat reclamando la escolarización en castellano de los alumnos cuyos padres así lo deseen.

Según la resolución, la Conselleria de Educación debe llevar a cabo "cuantas iniciativas se consideren oportunas" para que "los derechos lingüísticos de los alumnos puedan ser eficaz y plenamente ejercidos".