CC.OO. pide al Gobierno que controle los flujos de entrada de emigrantes para evitar la tentación de los interesados de caer en actitudes irregulares o en soluciones de mira corta que al final perjudicarían nuestro modelo social y económico. Y es que, aunque la Administración Pública proporciona a las empresas autorizaciones para contratar trabajadores foráneos, sólo lo da a aquéllas que demandan al menos 10 trabajadores o que agrupan sus demandas a través de las organizaciones empresariales, y establece un tope para evitar el gasto público, lo que hace que estas empresas resuelven sus necesidades de empleo contactando y contratando trabajadores extranjeros que ya están aquí, a menudo ilegalmente.
En la práctica, este modelo facilita mucha mano de obra extranjera a las empresas de manera que la Administración ahorra gastos de control y expedición de visados. También es destacable el escaso apoyo público a la gestión de las ofertas de empleo de las PYMES en el extranjero. Esto ha traído como resultado que el volumen de inmigrantes en situación irregular vuelva a ser muy elevado pese al éxito de la regularización efectuada en aplicación del Reglamento de la Ley de Extranjería de 2005. La principal característica que diferenció el proceso 2005 de los anteriores de 2000 y 2001 fue la vinculación al mercado de trabajo.
Pese al exitoso proceso de regularización que benefició a más de 600.000 personas extranjeras, 883.000 quedaron fuera de esta legalización. Sin embargo, con datos oficiales en la mano, CC.OO. estima que con el crecimiento experimentado durante 2005 actualmente debe haber 1.200.000 inmigrantes en situación irregular. En conclusión, se ha reproducido el problema que se pretendía resolver por no ordenar previamente los flujos de entrada.
Según CC.OO., la rebaja de costes y la mayor flexibilidad laboral que permite el empleo de mano de obra inmigrante en la economía formal y sumergida, impulsan con fuerza el crecimiento económico. Precisamente, esta nueva posibilidad para las empresas de rebajar sus costes laborales explica en gran parte el crecimiento diferencial de España con respecto a la Unión Europea.
Con todo, si no hay una apuesta seria por la entrada ordenada al país y la contratación en origen, causará a medio plazo importantes problemas. Se promoverá la economía irregular, la competencia desleal entre empresas y la sustitución de trabajadores autóctonos por foráneos. La sobreabundancia de mano de obra barata y descualificada que genera este modelo fomentará un crecimiento poco productivo. Este modelo causará conflictos entre quienes defienden la idea de “papeles para todos” y quienes sostienen “fuera los inmigrantes”.
Urge fijar cuál es la capacidad que tiene nuestro país para la acogida de población extranjera para actuar en consecuencia de manera responsable y según las necesidades reales de nuestra economía.
