Para CC.OO. son especialmente relevantes las enmiendas referidas a la financiación. Aunque valora positivamente la incorporación del Título VIII, Recursos económicos, sigue considerando necesario un pacto de gasto educativo entre las comunidades autónomas y el Estado, basado en la corresponsabilidad y coordinación que exige nuestro estado de las autonomías.

Asimismo, insiste en la necesidad de apartar a la educación de las reglas de mercado, más aún cuando estamos inmersos en una campaña contra la Directiva Bolkestein, de la Unión Europea, que desprotegería a los servicios públicos en general, y al educativo en particular.

Con respecto al resto de las aportaciones presentadas por CC.OO., destaca la consideración del ciclo 3-6 de Educación Infantil como etapa obligatoria, la creación de un plan de choque en Secundaria como medida de atención a la diversidad en esta etapa, la incorporación de servicios de orientación educativa y psicopedagógica en Primaria y la reducción de la ratio profesor-alumno como elemento fundamental para lograr una enseñanza de calidad.

CC.OO. rechaza la incorporación que se ha realizado en el trámite parlamentario de aumentar la ratio hasta un 10% por incorporación tardía de alumnos. La enmienda presentada por el sindicato plantea que la reserva sea durante todo el año y su previsión se efectué sobre ratios más bajas que las que actualmente propone el texto de ley.

También considera fundamental que la actual reforma responda a los retos y necesidades que plantea la sociedad. Por ello ha presentado una enmienda al artículo 112 en la que se pide la creación de servicios educativos y complementarios en todos los centros públicos si se aspira a compensar las desigualdades existentes y a conciliar la vida laboral y familiar. Estos servicios deberán financiarse con fondos públicos.

Por otro lado, en CC.OO. seguimos insistiendo en la mejora de las condiciones para acceder a las llamadas “jubilaciones LOGSE”, una reivindicación histórica para este sindicato, y en este sentido exigimos que para su aplicación efectiva en el año 2006 se abra un plazo extraordinario para solicitarla.

La Federación ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que no se produzcan retrocesos en los aspectos relacionados con el compromiso de la escolarización del alumnado con dificultades en todos los centros financiados con fondos públicos, independientemente de que su titularidad sea pública o privada.

“Nuestra participación en la construcción de un sistema educativo de calidad está fuera de toda duda, por lo que no vamos a aceptar que primen los intereses partidistas en un tema como el educativo. Para CC.OO. con la educación no se juega” manifestó José Campos, secretario general de la FECCOO.