Los Servicios Jurídicos de CC.OO. defendieron a los profesores afectados

En la sentencia se estima probado que ambos condenados se dirigieron a los profesores en tono de exigencia y en alta voz, a la vez que señalaban con el dedo les decían expresiones tales como “ sois funcionarios y nosotros usuarios y tenéis que desmentir los rumores (relativos a su hijo)...”, “... si no subes a desmentir los rumores tu carrera pende de un hilo...”.

La juez concluye que por parte del padre y madre se pretendía conseguir un resultado de forma impositiva y en el momento en que ellos querían, obviando de dicho modo el procedimiento establecido al respecto, máxime cuando incluso se puso de manifiesto a dichos padres que se iniciaría una investigación acerca de lo ocurrido siendo que debe entenderse que ante una queja lo procedente es lo que se manifestó, esto es iniciar una investigación pero nunca intentar a través de medios imperativos o intimidatorios conseguir un resultado deseado.

Para CC.OO. esta resolución judicial es muy positiva porque con ella se avala el respeto a la profesión docente y a las funciones de los cargos educativos, en el sentido de que actuaciones como las anteriormente descritas merecen el reproche penal, condenando a padres que desprecian, más allá de la mala educación, a los profesionales de la enseñanza. Este tipo de acciones perjudican a todo el alumnado del centro al que se intenta educar en valores basados en la convivencia pacífica, en el diálogo y en el respeto como medio para resolver todo tipo de conflictos.

En CC.OO. entendemos que este caso vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que todas las administraciones educativas aborden de una manera eficaz la defensa jurídica de su profesorado ante este tipo de problemas. La realización de juicios de faltas inmediatos (o rápidos) están dejando en evidencia los protocolos de actuación que tienen establecidos algunas administraciones educativas. Es necesaria una reforma de estas actuaciones para adecuarlas a la mayor brevedad de los plazos de las actuaciones judiciales.

Las patronales de la enseñanza y las administraciones educativas deben comprometerse más en la defensa del profesorado, de manera que éste se sienta fehacientemente respaldado a todos los efectos durante el ejercicio de su actividad docente y en especial ante situaciones que atentan contra su dignidad profesional.