Los delegados de CC.OO. que se manifestaron en Estrasburgo estaban encabezados por Miguel Segarra, secretario general de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas, Nuria Rico, secretaria confederal de Juventud y Juan Carlos Jiménez, responsable para Asuntos Europeos de la secretaría confederal de Acción Sindical Internacional.

Durante los dos años que dura la tramitación de la Directiva de servicios, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) se ha enfrentado, ante todo, a dos cuestiones principales que recogía el primer texto redactado bajo la responsabilidad del Comisario de Mercado Interior de la Comisión Prodi, el Bolkestein.

La primera, que las condiciones de trabajo podrían ser las del “país de origen” de la empresa y no de aquel donde se realizara la actividad económica, con lo que todo el sistema de legislación laboral y de negociación colectiva–europeo y de los estados nacionales- quedaría en entredicho, favoreciendo el “dumping” salarial y laboral. Dicha primacía de las normas del “país de origen” afectaba también a los controles de calidad y los impactos medioambientales.

En segundo lugar, a la desregulación que el proyecto de directiva introducía en los servicios públicos y de interés general. Aunque tras el paso por las comisiones de economía, de empleo y asuntos sociales, y de mercado interior –la determinante- del Parlamento Europeo (PE) se suavizaron algunos de los aspectos más inaceptables, subsistían en la ponencia numerosas ambigüedades o aspectos negativos que la hacían claramente insatisfactoria.

La CES, además de convocar la euromanifestación de Estrasburgo, el 14 de febrero, día del comienzo de los debates en el plenario del PE, ha desarrollado en las últimas semanas un intenso proceso de negociación con los principales grupos parlamentarios. Dicho proceso ha sido complementado con el mantenido en la mayoría de los países por las centrales sindicales con las delegaciones nacionales de cada grupo parlamentario. En España lo han llevado a cabo CC.OO. y UGT.

El resultado de este proceso es que el principio de acuerdo, alcanzado el pasado día 9 de febrero, por los presidentes de los dos principales grupos parlamentarios, el socialista y el popular, ha incorporado gran parte de las enmiendas propuestas por la CES, de modo que el nuevo texto, de aprobarse en el plenario: excluirá la legislación laboral de su campo de aplicación y respetará las leyes laborales y los convenios colectivos nacionales y los derechos fundamentales de acción y negociación reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE; excluirá de su ámbito de aplicación sectores sensibles como agencias de trabajo temporal (ETT) y servicios privados de seguridad; proclamará que la directiva no debe tratar de la liberalización de los servicios públicos de interés general; afirmará que la directiva no afecta a la libertad de los Estados miembros para definir lo que consideren como servicios de interés económico general, su modo de organización y financiación y sus obligaciones específicas;

excluirá de su ámbito de aplicación los servicios de interés general, así como ciertos servicios importantes de interés económico general tales como los cuidados de salud, las prestaciones sociales, los servicios audiovisuales, los servicios de transporte y los servicios portuarios; y, lo que podría ser más importante, abolirá el “principio de país de origen”.