El gobierno de las Islas Baleares publicó el Decreto 86/2002 sobre currículo en la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el que establecía, tanto en el articulado como en el Anexo, un currículo integrado para la enseñanza de las áreas de Lengua Catalana y de Lengua Castellana.

El Ministerio de Educación, interpuso recurso por entender que dicho decreto vulneraba, el Real Decreto 3473/2000, al establecer contenidos y asignaturas diferentes y al fusionarlas ilegalmente, lo cual invadía competencias estatales.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en sentencia de 15 de diciembre de 2005 ha fallado a favor del Ministerio de Educación y ha anulado los apartados recurridos del citado Decreto 86/2002.

Parte el Tribunal de la definición de currículo establecido en el artículo 4.1 de la LOGSE: “... se entiende por currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que regulan la práctica docente ”. En contra de lo defendido por el gobierno balear, considera que las orientaciones metodológicas son parte del currículo, y no al revés.

Termina la argumentación recordando la jurisprudencia constitucional y concluyendo que las enseñanza mínimas pretenden una formación común en todo el Estado. Esto implica, también, la capacidad estatal de fijar objetivos por bloques temáticos así como los horarios mínimos que se consideren necesarios para su enseñanza efectiva.

La sentencia tiene interés en cuanto que intenta definir las competencias del Estado y las CC.AA en esta cuestión pero poco más ya que el decreto recurrido fue derogado por el Decreto 11/2005, de 28 de enero, por el cual se establece el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria en las Illes Balears.