Pedro Uruñuela |
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¿Cuáles son los ejes fundamentales sobre los que se basa el Plan de Convivencia Escolar que ha presentado el MEC para abordar el deterioro de clima escolar que existe actualmente sobre todo en el nivel de Secundaria?
En primer lugar, la consideración de que aprender a convivir es uno de los objetivos básicos del sistema educativo; no se puede establecer una dicotomía entre los conocimientos y la convivencia, sino que los dos son fundamentales en el proceso educativo. En segundo lugar, dar respuesta a las situaciones de déficit de convivencia que se viven en los centros, buscando alternativas no sólo a las conductas violentas, sino también a las conductas disruptivas que dificultan el proceso de enseñanza. En tercer lugar, siendo conscientes de que la gestión educativa es propia de las comunidades autónomas, apoyar todos sus planteamientos y crear sinergias para conseguir entre todos la mejora de la convivencia. A partir de estas premisas, se ha buscado incidir principalmente en aquello que puede resultar de mayor interés y utilidad para el profesorado: la mejora de su preparación, la difusión de las buenas prácticas que existen en los centros, proporcionarle instrumentos y materiales adecuados y otras medidas semejantes; todo ello sin olvidar a los alumnos y padres-madres, que no pueden quedar fuera de este proceso de mejora de la convivencia.
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¿Qué contempla el MEC para asegurar la aplicación de las medidas recogidas en el Plan de Convivencia Escolar desde un punto de vista de su coste económico?
Hay una serie de medidas contempladas en la nueva LOE, y que ya tienen una valoración económica y un compromiso presupuestario: medidas organizativas como desdobles, refuerzos, disminución del número de alumnos, etc., o las curriculares como las adaptaciones curriculares o los programas de diversificación. En cuanto a las específicas del Plan de Convivencia, están presupuestadas las nuevas medidas y, de manera especial, las relativas a la formación del profesorado y la elaboración de nuevos materiales. Hay actuaciones que pueden conllevar una inversión importante, como las relativas al control del absentismo, mientras que otras necesitan menor financiación, sin por ello dejar de ser importantes, como las relativas a la página web o la difusión de las buenas prácticas. Difícilmente podrá ser eficaz el Plan si no se garantiza su financiación, que será aportada desde las partidas presupuestarias que gestionan las distintas unidades del Ministerio.
¿Qué fórmulas se plantearán para asegurar una asistencia jurídica gratuita al personal educativo afectado por denuncias relacionadas con su actividad laboral?
Estamos ante una sugerencia planteada por los sindicatos en las reuniones en las que se ha tratado el Plan, y su ámbito de discusión debe ser el de la Comisión que está negociando lo relativo al Estatuto de la Función Pública Docente; creo que ése es el ámbito adecuado, donde deben concretarse las medidas necesarias.
¿Cómo se articulará la formación del profesorado en materia de convivencia?
Como todas las medidas del Plan, también esta debe ser negociada con las comunidades autónomas. Se quieren plantear dos líneas de actuación: en primer lugar, la formación de formadores en convivencia en todas las comunidades, que se responsabilicen de llevar a cabo las actividades de formación con el profesorado de su propia comunidad; en segundo lugar, y en la línea mantenida en las últimas leyes, acordar con las propias comunidades cursos, seminarios y otras actividades de formación de interés general, que sean organizadas por el Ministerio. Junto a estas medidas, estarían también las relativas al Congreso anual sobre temas de convivencia, cuya segunda edición va a tener lugar el último fin de semana de marzo, o la difusión en la web o por escrito de las buenas prácticas que existen en los centros. También se contemplan actividades de formación dirigidas a padres y madres y a los alumnos, no sólo al profesorado.
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