
José Valverde Serrano
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¿Está satisfecho con el proceso de elaboración de la LOE, que se encuentra en su recta final?
En algunos aspectos, sí estoy satisfecho, porque este largo proceso de gestación, ahora ya de aprobación en la Cortes, siempre ha estado abierto a la participación. En Castilla-La Mancha fue el propio Consejo Escolar Regional el que se encargó de canalizar todas las opiniones y propuestas que se produjeron en nuestra comunidad educativa. Una participación que ha sido real, pues ha supuesto que se hayan introducido varias aportaciones y modificaciones en el texto inicial durante este largo año y medio de reflexión y debate. Y la existencia de este proceso participativo en la LOE es tan evidente como lo fue la inexistencia del mismo en la elaboración de la anterior LOCE.
Se trata de un proceso en el que ha existido siempre una clara voluntad de diálogo, de consenso, de alcanzar un verdadero pacto que saque al sistema educativo de la controversia política durante una larga temporada, y le dé la necesaria estabilidad que necesitan los centros y los profesores para poder trabajar sin la presión de los cambios tan frecuentes que se han producido en estos últimos años. Pero, aunque la voluntad de consenso siempre ha existido, no es fácil alcanzar acuerdos con quienes no tienen disposición a la negociación y al diálogo, con los que hacen del rechazo y las discrepancias continuas sus principios de actuación. Y esto es, precisamente, lo que le ha pasado al Partido Popular, que no ha tenido nunca una voluntad sincera de llegar a acuerdos. |
Por ello, en el trámite parlamentario han vuelto a surgir las discrepancias, las diferencias, y a imponerse los criterios de las mayorías parlamentarias en cada momento, que, como ya sabemos, no se producen de igual forma en el Congreso y el Senado. Y en este aspecto, por tanto, no me puedo mostrar satisfecho, porque, insisto, hubiera sido deseable haber podido llegar a un pacto, a una ley de consenso que saque a la educación de los vaivenes políticos.
No obstante, y aunque no ha sido posible el pacto político, las organizaciones sindicales, los profesores, las familias y demás miembros de la comunidad educativa sí han participado. Entre las comunidades autónomas y el MEC también ha existido un intenso proceso de diálogo. Y, en mi opinión, el actual Proyecto de Ley es respetuoso con la vertebración territorial del Estado y las competencias autonómicas. También lo es con la libertad de las familias para elegir centro, o la opción religiosa que quieran para sus hijos, por citar sólo algunas de las cuestiones, que, de forma injustificada, más críticas han suscitado.
¿Cree factible que en las comunidades autónomas puedan alcanzarse acuerdos o pactos educativos en el desarrollo de la LOE y para mejorar las posibles deficiencias de sus sistemas?
Creo que sí es factible, aunque ello depende también de la voluntad de llegar a acuerdos de las distintas fuerzas sociales y políticas, y siempre cabe el riesgo de que, a nivel regional, se repitan ciertas actitudes y estrategias ya mantenidas por algunos en el ámbito estatal. Para el desarrollo de la LOE, en Castilla-La Mancha nos estamos planteando la necesidad y la conveniencia de impulsar una Ley autonómica, en la que, por supuesto, tendríamos que trabajar muy seriamente para que, de verdad, fuera consensuada con todos los sectores educativos, sociales y políticos de la Región. Porque, por las mismas razones expuestas antes, para la estabilidad y la eficacia de un sistema educativo es fundamental abrir las posibilidades reales de participación, y realizar un esfuerzo sincero para alcanzar el consenso.
Además, en Castilla-La Mancha tenemos ya una larga experiencia en pactos. Antes incluso de recibir las transferencias educativas, firmamos un Acuerdo de Bases y un Pacto por la Educación. Llegamos también a un consenso con todas las organizaciones sociales y sindicales sobre la Red de Centros.
Establecimos también un amplio Acuerdo Sectorial con los sindicatos, ya asumidas las transferencias, y pactamos un Libro Blanco con las organizaciones sociales y educativas con las propuestas planteadas por los distintos sectores. Y el último ejemplo lo hemos tenido en el Consejo Escolar Regional, donde se hizo un esfuerzo por parte de los distintos sectores en él representados para consensuar las propuestas que se presentaron al MEC en relación al documento “Una ley de calidad para todos y entre todos”, que inició, precisamente, el camino que ahora está próximo a concluir en las Cortes con la definitiva aprobación de la LOE.
El MEC ha propuesto un Plan de Convivencia Escolar, ¿es partidario de que las comunidades autónomas, y la de Castilla-La Mancha en particular, promuevan medidas análogas para frenar el deterioro del clima escolar en la escuela?
Soy partidario de promover acuerdos para el establecimiento de planes de convivencia en las comunidades autónomas, aunque también creo que debe existir un marco estatal que surja de un gran acuerdo sobre las medidas que se consideren necesarias para mejorar la actual situación de la convivencia escolar. Es en este marco donde las demás comunidades deberíamos concretar nuestros propios planes de convivencia.
Vamos a ver cómo se cierra definitivamente el acuerdo que van a establecer el MEC y los sindicatos sobre esta cuestión, qué medidas son las que se plantean, sus plazos y presupuestos para aplicarlas. Y, a partir de ahí, las Comunidades Autónomas podemos concretar nuestros acuerdos regionales y las medidas que de ellos surjan.
En Castilla-La Mancha estamos dando ahora los primeros pasos para alcanzar un gran acuerdo por la convivencia en nuestra Región, según la iniciativa que expuso en la celebración del “Día de la Enseñanza” en Castilla-La Mancha el presidente Barreda. Estamos convencidos de que los factores que influyen en estos procesos no sólo son educativos ni tienen su origen únicamente en el ámbito escolar. Porque las causas que influyen en la convivencia están también fuera de los recintos escolares, en la calle, en determinados contextos sociales y familiares, en los medios de comunicación... Por ello, para mejorar la convivencia escolar, hace falta el compromiso de la sociedad entera. Y esto es precisamente lo que nosotros pretendemos conseguir con nuestro “Acuerdo”: el compromiso de todas aquellas instituciones, grupos o sectores sociales, que, cada uno en sus ámbitos de competencia, estén dispuestos a fomentar los mejores valores de la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos en los centros escolares, que es donde se fraguan también, y no conviene olvidarlo, aspectos esenciales de nuestro propio modelo de convivencia democrática. |