El CPE está destinado a los menores de 26 años, y permite el despido sin justificación durante 24 meses, lo que, según las organizaciones de estudiantes, lleva directamente a una "institucionalización de la precariedad" en el empleo para los jóvenes.

Ocho de cada diez franceses (el 83%) desean o la retirada directa de la reforma (41%) o su suspensión (42%) mientras se alcanza una solución, según un sondeo realizado por Le Parisien . Otra encuesta indica que el porcentaje de los contrarios a estos contratos alcanza el 92% (el 47% a favor de la retirada y el 45%, de la suspensión).

El 62% de los franceses declaran su apoyo a la movilización contra los contratos, una protesta que volverá a la carga el próximo martes con una nueva "jornada de acción", que podría convertirse, en esta ocasión, en una huelga general real.

Por otra parte, la secretaria confederal de Empleo de CC.OO., Dolores Liceras, ha advertido de que la patronal española ha propuesto en la reforma del mercado laboral un contrato que es “bastante similar" al contrato de primer empleo que se pretende implantar en Francia, y advierte al Gobierno que "una medida de esta naturaleza también tendría en España un rechazo social muy importante".

Liceras explica que la reforma laboral se encuentra bloqueada debido a que los empresarios "no quieren discutir ninguna medida que les limite su capacidad de decisión en materia de despido". "Están planteando en nuestro país un contrato, no sólo para jóvenes, sino para los millones de trabajadores de contratas y subcontratas, que en teoría se llama indefinido, pero que en la práctica es temporal porque finaliza cuando termina la obra y el empresario tampoco tiene que justificar el despido", recalca.

"La causa del despido se escribiría en el propio contrato, con lo que habría una individualización total de las relaciones laborales", indica Lola Liceras. “En la práctica, se pretende que el empresario tenga capacidad unilateral de decisión para despedir sin tener que dar cuentas a nadie, ni al juez, ni al trabajador, ni a los sindicatos ni a la autoridad laboral".

Según la secretaria confederal de Empleo de CC.OO., el Gobierno parece receptivo a este planteamiento", cuando debería "estar atento a lo que pasa en Francia, porque una medida de esta naturaleza tendría un rechazo social muy importante".

Para Liceras el desbloqueo de la mesa de negociación "pasa por que no se discuta el despido, sino cómo reducir la precariedad, reforzar la inspección de trabajo y limitar el encadenamiento abusivo de contratos, contratas y subcontratas, que constituye una fuente de siniestralidad".