El llamamiento a la huelga de 47.000 docentes y 7.000 trabajadores no docentes de la enseñanza pública madrileña, para conseguir desbloquear las negociaciones del Acuerdo Sectorial y el cumplimiento del Acuerdo Educativo firmado en 2005, está siendo secundado por más de 8 de cada 10 trabajadores. El paro, que contó con la comprensión de las asociaciones de padres por coincidir en su defensa de la enseñanza pública, afectó en mayor o menor grado a la práctica totalidad de los 1.369 centros públicos de la Comunidad de Madrid.

Las centrales sindicales coincidieron al afirmar que el Gobierno regional deberá, por lo tanto, dar una respuesta a las demandas de los trabajadores y recapacitar sobre su responsabilidad en la calidad de la enseñanza pública, en la mejora de las condiciones de trabajo de sus profesionales y en un modelo de gestión equilibrado, tanto de la red de centros como de los procesos de escolarización, que frene la privatización educativa y apueste por la corresponsabilidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos.