La vivienda se ha convertido en España en un problema de primera magnitud que afecta especialmente a los colectivos sociales de menor poder adquisitivo, entre ellos la juventud. Los problemas derivados del acceso y el precio sobre éste bien de primera necesidad comienzan a ser insostenibles.
El esfuerzo salarial que se debe realizar en las grandes ciudades españolas para comprar una vivienda de 70 m2 llega a 9 veces el salario anual bruto. Lo que, de hecho, obliga a destinar todo un salario al pago de la hipoteca, durante períodos de tiempo cada vez más amplios que, en muchos casos, supera ya los 30 años. Además, el hecho de cada punto de subida del tipo de interés incrementa un 11% la cuota mensual de las hipotecas, y habida cuenta del elevadísimo nivel de endeudamiento de las familias, hace que esta situación sea social y económicamente insostenible.
A juicio de CC.OO. debe impulsarse un cambio en las políticas de vivienda en todos los niveles de la administración. Puesto que esta materia está descentralizada, tanto el Gobierno Central como CC.AA. y los propios Ayuntamientos tienen mucho que decir. A juicio de Pura García, “tener competencias no debería servir sólo para salir en la foto, sino para afrontar responsabilidades”.
Habría que adoptar medidas urgentes tales como:
• El fomento de viviendas en régimen de alquiler con precios inferiores a los actuales para los inquilinos;
• Incentivar, como fórmula complementaria, la construcción de VPO;
• Creación de un observatorio inmobiliario con participación de todas las partes implicadas;
• Modificación de la política fiscal en materia de vivienda, iniciando un progresivo traspaso hacia el gasto público directo de una parte del actual gasto en deducciones existentes en el IRPF;
• Limitar las deducciones fiscales de los Fondos de Inversión Inmobiliarios tan sólo a las operaciones dedicadas a la construcción y gestión de viviendas en alquiler;
• Mejorar el uso del suelo evitando la especulación, considerando el conjunto del territorio como no urbanizable;
• Potenciar las cesiones de suelo a los ayuntamientos, y utilizar la fórmula de subasta pública y no de concurso como mecanismo de liberación de suelo.
