CC.OO. insiste en buscar soluciones para invertir este gris panorama en que se ha convertido tener un techo en propiedad o en alquiler, especialmente para los jóvenes y el colectivo inmigrante.
El escenario macroeconómico también se resiente con el proceso sufrido. Si la economía va bien aumentarán los tipos de interés con el consiguiente encarecimiento en la amortización de la deuda, y si va mal, se perderá empleo y aumentará la morosidad de los endeudados. Hay motivos a tener seriamente en cuenta para pensar que la sociedad española ha tomado decisiones por encima de sus posibilidades que pueden limitar sustancialmente su capacidad de crecimiento futuro.
El esfuerzo de los ciudadanos no disminuye cuando la elección es el alquiler, tanto de vivienda usada como nueva (de 55% a 79% del salario neto en media estatal y del 81% al 116% en grandes ciudades). Y los ganadores en el proceso han sido los propietarios de suelo urbanizado o de varias viviendas, quienes han visto aumentar su valor patrimonial en términos reales de forma desmesurada. El crecimiento del precio de la vivienda acumulado en España en las dos últimas décadas, ha supuesto una acumulación de renta y patrimonio en los tramos de renta mejor situados de la sociedad.
Tampoco se puede permanecer por más tiempo ajeno a una de las claves (o la clave) de la subida de los precios: la corrupción urbanística que empieza a manchar la imagen de España. Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera y más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, sitúa la acción de los ayuntamientos como el principal problema de España desde el punto de vista de la corrupción.
El reciente informe 2006, denuncia que "el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno", sobre todo "en la costa... o en las inmediaciones de las grandes ciudades". La causa de este fenómeno hay que buscarla en "la calificación del suelo urbano", lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE "donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años".
En tanto los poderes públicos toman las medidas oportunas para acabar con la corrupción urbanística. Entre otras, además de las judiciales, CC.OO. vuelve a insistir en la necesidad de configurar un amplio parque de viviendas en régimen de alquiler, con precios inferiores a los actualmente vigentes en el mercado para los inquilinos. Este parque podría ser de carácter privado o mixto, sumando esfuerzos con los fondos de inversión inmobiliaria, cooperativas y sociedades de intermediación.
