El texto, que persigue la modernización de la función pública, será enviado al Parlamento antes del verano con el fin de que entre en vigor en el 2007.

El Estatuto Básico del Empleado Público llevaba estancado dos décadas. El texto, que se firmará oficialmente el 12 de junio, respeta las competencias autonómicas y supone una reforma de las normas que rigen para los funcionarios (muchas vigentes desde hace más de 50 años), para acercarlas a las necesidades del siglo XXI, explicó Sevilla.

Los ayuntamientos, que sufrían hasta ahora un cierto vacío legal, también estarán sujetos en lo básico a este texto y a las directrices que fije su comunidad autónoma.

Como avanzó este diario, una de las principales novedades del nuevo estatuto es que todos los empleados públicos deberán pasar por un sistema periódico de evaluación. De él dependerá su salario y, lo que es más importante, su permanencia en el puesto que desempeñe.

Las tareas de los funcionarios se establecerán en virtud de una filosofía basada en el mérito, la capacidad y la experiencia. Las funciones dependerán de unos objetivos que deberán ser transparentes y negociados previamente con los representantes de los trabajadores.

Para el PP, el proyecto de ley “supone la quiebra” de la organización territorial fijada en la Constitución. Rechazan la definición de Estatuto “básico” alegando que no se va a implantar en todas las comunidades y que el futuro Estatuto catalán atribuye a la Generalitat la “competencia exclusiva” sobre el régimen estatutario del personal adscrito a su territorio. Además, el PP critican que el texto provocará “19 modelos de Función Pública distintos”, con la consecuencia de que se acenturán las diferencias retributivas y se dificultará la movilidad de los funcionarios. De esta forma, auguran que el “deterioro efectivo de los servicios públicos” es cuestión de tiempo.

CC.OO ha valorado positivamente el preacuerdo alcanzado en torno al proyecto de Estatuto Básico del Empleado Público por los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y el Ministerio de Administraciones Pública, pues cumple "una de las reivindicaciones históricas del movimiento sindical entre los empleados públicos: el derecho a una negociación colectiva plena".

El sindicato asegura que el texto "incorpora gran parte de las propuestas presentadas por el sindicato y conlleva mejoras sustanciales para la prestación de los servicios a la ciudadanía en las Administraciones Públicas y para los empleados públicos en su conjunto".

El sindicato destacó que el Estatuto beneficiará a dos millones y medio de trabajadores, englobando a "la inmensa mayoría de los empleados públicos" y respeta la singularidad de sectores como el sanitario, enseñaza y Correos. Además, valoró muy positivamente la negociación colectiva que ha llevado a alcanzar este acuerdo.

CC.OO. subrayó también que el estatuto dará mayor estabilidad en el empleo y reducirá los niveles de temporalidad, que cuantifican hasta 600.000 empleos temporales, considerablemente por encima de las cifras del sector privado.

La incorporación de pagas extraordinarias de todos los complementos fijos así como el abono de los trienios al personal interino y el reconocimiento del derecho a la promoción interna y a la progresión en la carrera administrativa, son otros de los aspectos recogidos en el estatuto que el sindicato ha destacado como considerables avances respecto a borradores anteriores.

CC.OO. envió un mensaje al Gobierno mostrando su confianza en que contribuya a la estabilidad de la tramitación parlamentaria y a la mejora del proyecto en el desarrollo de la misma.