La gravedad de los problemas hace muy necesario abordar un salto cualitativo en las tareas de gobierno, que el Ejecutivo debe liderar con nuevos comportamientos para coordinar y encauzar las políticas del conjunto de las Administraciones Públicas.

Para CC.OO. el esfuerzo conjunto respetando las competencias de cada nivel de gobierno, es más necesario que nunca, lejos de la parcelación de funciones: sumar para ser más fuertes necesita de criterios comunes, por lo que el ejercicio de liderazgo y coordinación del Gobierno Central, se debería extender a las siguientes áreas de actuación:

La política de inmigración debe contar con una estrategia común en todo el territorio del estado, que trate los flujos de entrada y su asentamiento en el mercado de trabajo, pero también las políticas de integración de los inmigrantes (vivienda, enseñanza, servicios sociales, etc …). La responsabilidad en este tema, central para la convivencia en España, es tarea de todos y difícilmente se puede encauzar con medidas deslavazadas e inconexas.

La educación necesita un impulso para mejorar la calidad de la enseñanza pública que no puede competir con la privada solo con declaraciones, sino con más y mejores recursos económicos. La dotación del Estado es muy reducida (1.888,15 sobre más de 40.000 millones de euros), de manera que el esfuerzo de incrementar su gasto (25% adicional en 2007) queda muy diluido.

La asistencia sanitaria debe garantizar un funcionamiento como Servicio Nacional de Salud, para evitar la aparición de conceptos no justificados: como el déficit sanitario, o situaciones indeseadas como la selección adversa de pacientes por lugar de residencia.

La política sectorial (industrial) debe estar diseñada para generar sinergias en todos los territorios, sin renunciar a las ventajas que le concede la dimensión del Estado. El mayor esfuerzo en gasto en I+D+i necesita una relación directa con los proyectos industriales a realizar en los territorios; de otra manera, será imposible ejecutarse, o su grado de eficiencia disminuirá sensiblemente.

Los servicios sociales, todavía con un grado de desarrollo bastante reducido en España, deben contar con una dirección y coordinación que garanticen los niveles estándar de prestación en todos los lugares de España. La Ley de Dependencia necesita de coordinación y recursos financieros estables para poder cumplir con sus ambiciosos objetivos.

La política de vivienda debe tener como objetivo la disminución del precio pagado por los españoles para acceder a su residencia habitual. Este objetivo solo se puede conseguir con una política articulada de todos los niveles de gobierno donde tenga mucho más protagonismo el alquiler, hasta el punto de hacerlo atractivo a los ciudadanos. Una política activa hasta la fecha no asumida por ninguna administración.

Por último, CC.OO. considera que la inclusión de las partidas necesarias para cumplir con los acuerdos suscritos en el ámbito del mercado de trabajo (aumento en el número de inspectores y subinspectores de trabajo; modernización de los Servicios Públicos de Empleo para personalizar la atención a los desempleados, incremento salarial de los empleados públicos, y añadir fondos a las cuotas sociales para aumentar la formación), y la Seguridad Social; al igual que la revisión del IPREM comprometida hace dos años, son otras tareas del Gobierno.