Ante la aprobación el pasado día 14 de noviembre, de la Directiva de Servicios por el Parlamento Europeo, CC.OO. considera que el texto aprobado responde en términos generales al acuerdo alcanzado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) con los grupos parlamentarios europeos el pasado mes de febrero. Y todo tras la movilización sindical contra las propuestas iniciales realizadas por el comisario Frits Bolkenstein. Dos grandes euromanifestaciones dijeron "No a la directiva Bolkenstein": la primera reunió a más de 75.000 personas en Bruselas (19-3-2005), paralelamente a las deliberaciones en la Eurocámara, y la segunda celebrada en Estrasburgo (14-2-2006) antes de la votación en el Parlamento Europeo.

La aprobación de esta Directiva de Servicios es un éxito para el movimiento sindical europeo, porque recoge las principales reivindicaciones planteadas:

- se suprime el principio del país de origen, permitiendo a los Estados miembros ejercer una mejor supervisión y aplicar las normas nacionales para proteger el interés público;
- se excluye del ámbito de aplicación de la directiva el derecho laboral, por lo que son las normas europeas, en particular las relativas al desplazamiento de trabajadores, y nacionales vigentes las que determinan las condiciones de trabajo en las empresas de servicios;
- deben respetarse los derechos fundamentales en materia de acción sindical y negociación colectiva;
- quedan excluidos los servicios de interés general y ciertos servicios de interés económico general, como la atención sanitaria y los servicios sociales;
- también quedan excluidos sectores sensibles, como las agencias de trabajo temporal y los servicios de seguridad privada.

No obstante lo anterior, consideramos que algunas redacciones introducidas por el Consejo en el texto aprobado ayer en el Parlamento contienen ambigüedades que deberían haber sido resueltas.

CC.OO., como el resto de afiliadas de la CES, prestará especial atención a la transposición de la directiva en la legislación nacional, y supervisará su buena puesta en práctica. En este sentido apoya la reivindicación de la CES de que se elabore –de acuerdo con los interlocutores sociales- una directiva marco sobre los servicios de interés general, dentro de la cual se incluyen los principales servicios públicos, así como el establecimiento de una directiva europea en un sector tan sensible como las agencias de trabajo temporal, que han quedado finalmente excluidas del marco de la directiva de servicios.