Por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, se decidió posponer cualquier cambio y no incorporar ninguna modificación en el trámite de Ponencia, por lo que se mantiene el texto gubernamental original. El mayor espacio para el acuerdo entre los grupos parlamentarios reside en cuestiones de mejora para ajustar el texto remitido por el Ejecutivo al rediseño del sistema universitario derivado de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

El PP insiste en sus 70 enmiendas en las críticas expresadas durante la presentación y debate de la enmienda de devolución del texto, principalmente rechazando el nuevo modelo de acreditación y la reorganización de la cooperación y coordinación del sistema, entre otras cuestiones. Por su parte, el PSOE se centra en sus veinte propuestas en la adaptación de las enseñanzas a la nueva organización europea.

Desde los grupos nacionalistas, se reclama respeto a las competencias autonómicas, sobre todo con nuevas atribuciones de estatutos reformados, como exigen, entre otros, los catalanes. Trasladar a las autonomías la regulación del régimen de nombramiento, mandato y remoción del rector y fijar los límites de admisión de alumnos, son algunas competencias que defienden para los gobiernos regionales.

El pasado día 23 el Pleno del Congreso rechazó, por 173 votos contra 128, la enmienda de devolución presentada por el PP al proyecto de ley que reforma la LOU.

Este proyecto de Ley pretende otorgar mayor autonomía a las universidades con el objetivo de impulsar su calidad y mejorar su funcionamiento. Al mismo tiempo se refuerzan la evaluación y la rendición de cuentas ante la sociedad de la labor que realizan. Una mayor calidad permitirá situar a la universidad española como un referente internacional indiscutible. Al mismo tiempo da respuesta a un compromiso electoral adquirido con los ciudadanos, así como a las demandas expresadas por la comunidad universitaria.

Entre las medidas más importantes de la reforma, la supresión del catálogo oficial de títulos permite sustituir el diseño rígido previo de las titulaciones por un control con criterios europeos de la calidad de las enseñanzas. Las Universidades serán las encargadas de proponer y elaborar los títulos de Grado que estudiarán los alumnos. El proyecto de ley, en relación a los órganos de Gobierno, supone ampliar las posibilidades a la hora de que las Universidades definan en sus estatutos el método para la elección de Rector. Se podrá hacer bien por sufragio universal entre los miembros de la comunidad universitaria o bien por el Claustro.

La reforma plantea la creación de la Conferencia General de Política Universitaria, que reunirá a las distintas administraciones competentes en la materia, potenciando así el papel de las comunidades autónomas mediante un órgano de cooperación y coordinación interterritorial. Por otra parte, el futuro Consejo de Universidades estará integrado por los rectores de las universidades públicas y privadas y por un número reducido de miembros nombrados por el Gobierno, y será el encargado de la coordinación académica de la universidad española.

Se elaborará un Estatuto del estudiante universitario, que deberá prever la constitución, funciones, organización y funcionamiento de un Consejo de los estudiantes universitarios, beneficiarios principales del sistema, como vía para garantizar la necesaria participación de los estudiantes en el sistema universitario.

La reforma permite un nuevo sistema de acreditación del profesorado, en sustitución de la habilitación. Un nuevo sistema donde se valora el currículum individual de los aspirantes, sin competir por un número cerrado de acreditaciones, y que se basa en los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Las Universidades podrán seleccionar el mejor profesorado posible, el que más se ajuste al perfil de cada universidad.

Los cambios introducidos persiguen impulsar la ciencia española, recalcando el papel que la universidad tiene en el desarrollo de la investigación y la transferencia del conocimiento a la sociedad. El proyecto plantea que las universidades fomentarán la cooperación con el sector productivo, promoviendo la movilidad del personal docente e investigador, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, creación de centros o la participación en plataformas tecnológicas.

En relación con la responsabilidad y la rendición de cuentas ante la sociedad de las universidades, se prevé la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), hasta ahora fundación privada, en un ente público. Los criterios comunes de garantía de calidad del sistema serán públicos, dotarán de una mayor transparencia a los procesos de evaluación y supondrán una co-responsabilidad del Estado y las CC.AA, a través de la necesaria coordinación entre la ANECA y las Agencias Autonómicas de Calidad.

Por ora parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha confirmado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno retirará el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el anterior Ejecutivo del PP contra la ley catalana de universidades.

Zapatero mostró además, en la sesión de control al Gobierno, la voluntad del Ejecutivo de alcanzar un "amplio consenso" con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados sobre la reforma universitaria. "Espero contar con su apoyo y el de la mayoría de los grupos de la Cámara", afirmó el presidente, resaltando que únicamente el PP ha presentado una enmienda de devolución del proyecto. A su juicio, la reforma de la LOU es "necesaria" para mantener el progreso económico de España y debe caminar en la dirección de "dotar de más autonomía a las universidades, mayor capacidad de vinculación con las empresas e incorporar rápidamente" a las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y de Investigación. "Esos son los objetivos de la ley, unos objetivos positivos para nuestra enseñanza superior".