Por todo esto, el empleo vitalicio público se ha convertido en el primer argumento de los españoles a la hora de manifestar sus preferencias en la búsqueda de empleo. Según una encuesta del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, dos de cada tres jóvenes menores de 30 años prefieren ser funcionarios públicos antes que tener un contrato fijo en una empresa privada. Es decir, que mientras en EE.UU. el 65% de los jóvenes aspira a crear una empresa, en España, su ilusión es ocupar un puesto en la Administración.

Según los expertos, la explicación es sencilla: los sueldos son bajos en todos los sitios, así que interesa tener un horario cómodo y, sobre todo, se trata de un empleo para toda la vida que permite pagar las hipotecas actuales, que también duran mucho tiempo.

Pero el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha querido vendernos que con el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público -ya no es de la función pública-, se acababan los empleos vitalicios. Sin embargo, la única novedad es que si un empleado público no cumple con su trabajo podrá ser destinado a otro lugar. En los próximos días, el ministro se va a reunir con los sindicatos para acordar la elaboración de los criterios de evaluación.

No es de extrañar entonces que casi tres cuartas partes de los diputados o la mayor parte de los miembros del Gobierno procedan de la carrera administrativa.

¿Cuántos funcionarios hay? Fuentes oficiales reconocen que los datos no son muy fiables. Existe un Boletín Estadístico del Ministerio de Administraciones Públicas en el que se incluye a los empleados de la Administración Central, de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. El último dato facilita la cifra de 2.436.172 empleados públicos, de los cuales la mitad son funcionarios de carrera (con sanidad y pensiones de gestión cuasi privada), es decir, han opositado para una plaza. La otra mitad, es personal laboral adscrito al régimen de la Seguridad Social, que pagan su desempleo y podrían ser despedidos.

Sin embargo, a este censo le falta otro medio millón de empleados públicos que sí detecta la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). El caso es que en el registro oficial hay grandes ausencias. No figuran: los altos cargos de las tres administraciones (una central, 17 autonómicas y 8.000 municipales); los diputados y senadores; los que prestan sus servicios en los órganos constitucionales y en el Consejo de Estado; el personal de reserva de Defensa, Guardia Civil y Policía Nacional; el personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); y lo que es importante, ni los efectivos del millar largo de empresas públicas empresariales del Estado (incluidas TVE S.A. y RNE S.A. y las de los ministerios), de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que han encontrado en este sistema de crear S.A. -a veces de carácter mixto con el sector privado (la Ley les obliga a registrar al menos unos ingresos del 50% procedentes de facturación)- una fórmula para sacar de la contabilidad partidas de déficit (tienen contabilidad propia) que no incrementan la deuda pública.

Por si fuera poco, el Tribunal de Cuentas sigue denunciando en sus fiscalizaciones la falta de transparencia en materia de personal, sobre todo de los ayuntamientos. Así que después de 30 años de democracia aún no se sabe cuántos empleados públicos hay realmente.

Sin embargo, según la EPA, en el tercer cuatrimestre de 2006, último dato disponible, existen 2.908.000 funcionarios, cifra que no ha dejado de crecer a lo largo de los años.

Una de las medidas que el PP adoptó en 1996 cuando llegó al poder fue la de limitar la creación de empleo público. Para ello estableció que sólo se pudiera reponer una de cada cuatro bajas que se produjeran. Esto funcionó mientras gobernaba en minoría.

Pero el acelerón del empleo público se produjo cuando gobernó en mayoría absoluta y también como consecuencia del aumento de transferencias a las autonomías (sobre todo en materia de sanidad y educación). En total, desde 1996 hasta el primer trimestre de 2004, último año de gobierno del PP, se crearon medio millón de puestos públicos.

Y ahora se está notando la llegada del PSOE, que ha levantado ese veto en la sustitución de los pasivos. Desde 2004 el empleo público está creciendo a una media de 100.000 funcionarios por año, aunque el ministro de Economía, Pedro Solbes, ha tenido que librar un pulso para que Jordi Sevilla, no sacara adelante su propuesta de prejubilar a 25.000 empleados mayores de 58 años.

Y que este empleo se activa cuando se cambia de gobierno, tanto a nivel nacional como autonómico o local, lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, durante el anterior gobierno del PSOE, entre 1982 y 1996 se ficharon 250.000 nuevos funcionarios (el partido socialista llegó al poder con el compromiso de crear 800.000 puestos de trabajo).

Ahora mismo, según la EPA, hay casi 700.000 funcionarios más que hace diez años, un millón más que hace 20 y 1,6 millones más que cuando se instauró la democracia.

Extremadura es la comunidad autónoma que tiene en su conjunto (de las tres administraciones: central, autonómica y local) más funcionarios que nadie, proporcionalmente, sobre el número de asalariados privados. Así, mientras según la media nacional el 17,7% del total de los asalariados son empleados públicos, en Extremadura es el 30,5%, casi el doble. Es decir, mientras que, en el resto del país, cada 4,6 asalariados privados tocan a un asalariado público, en Extremadura hay un asalariado del sector público por cada 2,2 trabajadores privados.

Le siguen a poca distancia, por encima de la media, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia. Madrid, donde se concentra la Administración Central, está casi a la par de la media y la Comunidad Valenciana y Cataluña están por debajo. En Ceuta y Melilla (se entiende por la presencia militar sobre todo) hay más trabajadores públicos que privados.

Por número, Andalucía, con 519.000, es la comunidad con más funcionarios, seguida por Madrid y Cataluña. Si el dato lo comparamos con la población ocupada (asalariados por cuenta ajena y empresarios por cuenta propia) resulta que hay un funcionario por cada 6,8 ocupados. Es cierto que hay más población para administrar: hay cuatro millones más de habitantes que hace cuatro años, pero también hay que considerar la gran inversión realizada en todas las administraciones, sobre todo en materia informática, para aumentar los servicios y reducir el trabajo real. Este fenómeno sí se ha notado en la empresa privada.

No es de extrañar que los españoles prefieran trabajar en el sector público antes que en el privado cuando, además, según la EPA, la tasa de temporalidad (afecta sobre todo a los ayuntamientos) es ocho puntos más baja que en el sector privado y las posibilidades de quedarse son mayores. En cuanto a los horarios, según estos datos, un funcionario trabaja casi tres horas menos a la semana que un empleado privado. Por cierto, Jordi Sevilla ha prometido que antes de que acabe esta legislatura terminará con los sueldos de los 4.000 empleados de la Administración Central que cobran menos de mil euros.

Pero la seguridad en el empleo es lo más importante, aunque los economistas siempre dicen que afecta a la productividad (en estas administraciones no existen protocolos para medirla). El dato de la antigüedad en el trabajo es concluyente. Así, mientras el 70,6% de los funcionarios llevan más de seis años en el mismo empleo (es la cifra más alta que figura en la EPA), sólo el 37,5% de los privados puede decir lo mismo. Sólo el 10% de los empleados públicos tiene contratos por debajo del año de duración, mientras que uno de cada cuatro asalariados del sector privado tiene esta modalidad.

«En términos de preferencias sobre empleo, los españoles en general y los jóvenes en particular son conservadores. Por eso no es raro que todas las encuestas que se hagan tengan como resultado que se dé un alto valor a la seguridad y que todo el mundo quiera ser funcionario», dice José María Peiró, profesor de la Universidad de Valencia, uno de los autores de los trabajos del Observatorio sobre Inserción Laboral de los Jóvenes. Según las conclusiones del estudio, disminuye la preferencia por un trabajo que suponga un reto o que implique un cambio en las tareas, mientras aumenta el interés por ser funcionario; cada vez se produce más tarde la incorporación al mercado laboral, salvo para hacer trabajitos que den para cubrir gastos; en materia salarial, se es cada vez menos reivindicativo, sobre todo entre los jóvenes que viven con sus padres y que disponen del sueldo como si fuera dinero de bolsillo; no se quiere trabajar en otra localidad distinta e incluso se aceptan empleos por debajo de la cualificación para evitar la movilidad; se utiliza a la familia para encontrar empleo y cada vez hay menos interés emprendedor para montar una empresa o un negocio; casi la mitad prefiere vivir de las rentas que trabajar; casi el 40% se inclina por recibir un subsidio antes que trabajar; y un tercio de los encuestados le da mucha importancia a tener tiempo libre para el ocio.

Jeniffer Fast, responsable de selección de Adecco Sales and Marketing, comenta que «lo que más se busca es la seguridad laboral y económica y compatibilizar la vida profesional con la personal, pero también, a la hora de buscar empleo, los españoles buscan proyectos de futuro en empresas, sobre todo multinacionales, donde puedan recibir formación para su desarrollo profesional. Pero es cierto que están creciendo los que buscan empleo más estable, los que preparan una oposición, porque trabajar hasta las tres de la tarde siempre es el común de los denominadores de los españoles».

Los expertos reconocen que muchos jóvenes han vuelto a estudiar y que las academias de preparación de oposiciones para funcionarios se están poniendo de nuevo las botas. Sólo la Administración Central va a ofertar este año 33.000 plazas a añadir a las 60.000 de los dos últimos años. «Se vive en un clima económico y social boyante y todo el mundo aspira al empleo seguro y vitalicio por lo que pueda pasar. Hay empleos que se cubrían con trabajadores nacionales y ahora los rechazan por las condiciones laborales y salariales y hay que ofertárselos a los extranjeros, que aceptan condiciones más precarias», comentan.

Francisco Núñez - EL MUNDO
Algunos datos

España tiene un déficit de trabajadores cualificados medios y un exceso de titulados superiores