La Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de universidades (LOU), fue aprobada en el parlamento con la oposición de la inmensa mayoría de la comunidad universitaria lo que hizo que el PSOE se comprometiera a modificarla sustancialmente si llegaba al poder.

El 8 de septiembre de 2006 se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el proyecto de ley e inicia su trámite parlamentario.

El 14 de diciembre fu aprobado por el pleno del Congreso y el 27 de diciembre inicia el trámite en el Senado.

El pasado 12 de marzo se ha aprobado por la Comisión de Educación del Senado el dictamen de este proyecto que en breve pasará al pleno para, posteriormente ser aprobado por el congreso.

En el enlace ==> se puede acceder al texto de la LOU con las modificaciones que introduce el dictamen citado.

A lo largo de este proceso, la Federación de Enseñanza de CC.OO., sindicato con mayor representatividad en la universidad, ha intervenido en la comisión de Educación del Congreso y ha presentado a los grupos parlamentarios documentos de enmiendas tanto en el trámite del Congreso como en el del Senado.

Entendemos que, pese a las promesas electorales, el gobierno se ha limitado a hacer una reforma de los aspectos más criticados de la anterior LOU pero no ha sido capaz de afrontar una reforma acorde con los sectores progresistas de la sociedad y dirigida a promover una universidad pública de calidad democrática y crítica como demandaban responsables de equipo de universidad de CC.OO. en un reciente artículo publicado en El País.

El proyecto de ley recoge aspectos importantes y mayoritariamente reivindicados como el carácter público de la agencia nacional de Evaluación y Calidad, el proceso de acreditación del profesorado, eliminando la anterior y perversa habilitación, el establecimiento de una única prueba de acceso a la universidad y no de dos como se establecían entre las anteriores LOU y LOCE, esta última ya derogada, o la creación del Estatuto del estudiante, entre otros aspectos.

No se entra en el necesario incremento de la financiación del sistema universitario y se mantiene la precariedad laboral.

La regulación del las figuras del profesorado siguen siendo bastante mejorables y se ignora, en gran medida, al profesorado contratado en lo que se refiere al acceso a órganos colegiados.