Ambas organizaciones quieren que el presidente de la Comisión haga llegar el documento reivindicativo a los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria.

Las razones que han impulsado a promover esta recogida de firmas son, por una parte, reivindicar nuestro derecho y la obligación del Gobierno de negociar las condiciones de trabajo del personal de la universidad, amparados en lo que se establece en la Constitución y en las leyes que regulan la negociación colectiva de los empleados públicos.

Cuando planteamos el derecho a negociar no estamos diciendo que queremos ser oídos, sino que reclamamos instrumentos legales que nos obliguen a ambas partes a discutir y ponernos de acuerdo sobre las modificaciones que afectan a las condiciones de trabajo y salariales del personal de las universidades.

Por otra parte, demandamos que se resuelvan los problemas que en algunos casos se vienen arrastrando desde la LRU o que nacieron o se incrementaron con la puesta en marcha de la LOU. En concreto, ante la reforma de la LOU exigimos q ue se regule la promoción interna por méritos entre acreditados y el concurso de traslados como para el resto de empleados públicos; q ue se solucione definitivamente la estabilidad del antiguo profesorado LRU y que se permita el paso directo de los TEU a TU con el sólo requisito de la titulación correspondiente.

Para los ayudantes que tienen contrato de formación, reclamamos que se fije el tanto por ciento que corresponderá a cuerpos docentes.

Igualmente, que se establezca la obligatoriedad de la negociación colectiva en la regulación normativa que las comunidades autónomas han de desarrollar sobre contratación laboral.

Otras medidas reivindicadas por el sindicato son que se permita el desarrollo de procesos de funcionarización para los contratados doctores y colaboradores, la supresión del requisito del grado académico o categoría a efectos de representación y que, con el objetivo de la renovación de plantillas y como reconocimiento de un derecho, se contemple la jubilación voluntaria, completa o parcial.

También queremos que se establezca el derecho y el deber de la negociación colectiva, en la que se incluya el Estatuto del Personal de universidades y el borrador del real decreto de acreditación; q ue se establezca la obligatoriedad de constituir mesas de negociación sindical en las comunidades autónomas y en las universidades, y que se regule el derecho de los agentes sociales a participar con representación en el Consejo de Universidades.

Finalmente, reiteramos nuestra petición para que se promulgue una ley sobre financiación del sistema de educación superior, que garantice la puesta en marcha y la continuidad de las reformas, con independencia de quién gobierne en cada momento.