Se trata de una reivindicación histórica que al fin ha encontrado su oportunidad tras la elaboración del Estatuto del Empleado Público, todavía pendiente de aprobación por el Gobierno.

La descentralización del sistema educativo, la actual dispersión de las normas que regulan la profesión docente, unido a los cambios sociales y educativos, son sólo algunas de las razones objetivas que fundamentan nuestra demanda.

El Estatuto Docente tiene que ser el colofón de una serie de reformas legales en el ámbito de la ordenación del sistema educativo (LOE), funcionarial (Estatuto Básico) y social (Leyes de Dependencia, de Igualdad, etc..) que supondrán importantes mejoras sociales para toda la ciudadanía y la modernización de la sociedad y de las administraciones públicas. Al mismo tiempo mejorará nuestras condiciones laborales, de modo que los docentes también participaremos del crecimiento económico experimentado por el país en los últimos años.

El contenido del Estatuto será de carácter básico para todo el Estado, constituyendo el marco de referencia para los que posteriormente puedan elaborar las comunidades autónomas. Por ello ha de regular todas las competencias estatales: el acceso a la función pública, la configuración de los cuerpos de funcionarios, la estructura del sistema retributivo, los derechos sindicales, los sistemas de promoción y carrera profesional, la dirección de los centros, los traslados y movilidad, la jornada y vacaciones, la seguridad social, la jubilación y el sistema de clases pasivas, los concursos a puestos en el exterior, etc...