La Comisión de Financiación del CCU (creada en 2004) ha aprobado su informe "Financiación del sistema universitario español: valoración de la situación actual, objetivos e instrumentos para alcanzarlos". La ampliación de la financiación para la Universidad se prevé a través de un esfuerzo compartido del sector público y privado, en un 80 (2.186 millones) y un 20% (547 millones), respectivamente.

Las partidas públicas se destinarán, por parte de la Administración General del Estado, a ampliar las becas y ayudas al estudio, (244 millones), un fondo de fomento de la actividad investigadora (605,2 millones), otro para el reconocimiento de resultados de las universidades en investigación (292,9 millones) y la reordenación del sistema retributivo estatal de la productividad docente y de investigación, desarrollo e investigación (I+D+I) mientras que las comunidades autónomas otorgarán 800,5 millones para mejora de la calidad educativa.

En relación a la adaptación de España al Espacio Europeo de Educación Superior, el informe indica que no precisa una aportación de recursos para servicios educativos mayor al 1% PIB, calculando la necesidad de una financiación adicional en torno al 0,1 y 0,12% del PIB en España. No obstante, se especifica que no todos los sistemas regionales ni las universidades tienen "la flexibilidad estructural ni de regulación que exigiría una completa adaptación al cambio".

Asimismo, la Comisión de Financiación considera de "importancia capital" que la determinación por parte de las comunidades autónomas de la subvención anual a las universidades públicas para financiar sus servicios educativos oficiales se realice considerando un modelo de costes referenciales de prestación de los servicios de educación superior, que diferencie "expresamente" el componente destinado a financiar la capacidad investigadora asociada a su personal docente e investigador.

Para el ámbito investigador se aboga por la creación y dotación de un fondo estatal, que considere la cobertura de los costes (excluidos los del personal académico) en los que incurren las universidades al desarrollar la actividad de I+D+i, considerando los proyectos públicos competitivos y los contratos de investigación y desarrollo tecnológico suscritos con empresas. Así, exponen que el importe asociado a los proyectos financiados por los planes nacionales es solamente del 19% de total de gastos, reclamando llegar al 35%. Se apuesta también por un fondo estatal, con dotación del Estado y abierto a la participación de las CC.AA., instituciones, fundaciones, corporaciones y empresas, para costear diferentes instrumentos de reconocimiento de resultados estratégicos en la actividad de I+D+i para aumentar la relevancia científica de las publicaciones, las patentes triádicas y la difusión y fertilización científico-tecnológica del tejido productivo.

Se defienden "pautas de transparencia informativa y rigor de ejecución" en las políticas y modelos de financiación, pidiendo establecerlos con vigencia plurianual, para períodos de 4 ó 5 años; atendiendo a variables objetivas de actividad y resultados, penalicen y eludan expresamente las prácticas "ineficientes, intervencionistas o proteccionistas" e incorporen una proporción de un mínimo del 15% de financiación por resultados.

El informe reconoce que los sistemas universitarios de mayor calidad gastan "algo más" que España en servicios docentes y "bastante más" en I+D+i . Si bien en los últimos años se ha avanzado "decididamente" en la convergencia de la suficiencia financiera.

"Razonable" aumento de financiación

Tras mostrar su "satisfacción" por el hecho de que "al fin" se haya presentado el documento, el presidente de la CRUE, Juan Antonio Vázquez, recordó que los rectores españoles vienen insistiendo "desde hace mucho tiempo" en que la financiación "es un elemento central" de las políticas a desarrollar en la enseñanza superior. Asimismo, ve "razonable" la ampliación de la financiación universitaria hasta el 1,5% del PIB propuesta por la CCU, si bien indicó que tanto el MEC como las comunidades autónomas deben ahora alcanzar un "compromiso político" con la universidad para que el aumento de fondos sea una realidad. Añade que es necesario "abrir un periodo de reflexión y debate".

Los rectores también están satisfechos porque el documento propuesto está en la línea de aumento de los recursos. Para Vázquez hay que abrir un periodo para analizar el modo en el que se distribuirían esas cantidades, hacia qué objetivos se dirigirían, bajo la convicción de que la presentación de la propuesta "suponga la asunción de un compromiso político por parte del Ministerio de Educación y las comunidades autónomas". Por eso, "habrá que cerrar ese compromiso político con un acuerdo entre los tres ámbitos que deben intervenir en este proceso: Gobierno central, comunidades autónomas y universidades".

Por su parte, la ministra de Educación presidió la última sesión plenaria del Consejo de Coordinación Universitaria --órgano que se desdobla en dos: Consejo de Universidades (rectores) y Conferencia de Política General Universitaria-- y calificó el estudio de "muy trabajado", aunque no concretó cuál sería el compromiso financiero del Gobierno. Se limitó a decir que becas e investigación son dos desafíos del Gobierno con los que ya está "cumpliendo", tanto en los presupuestos como con la "voluntad" política.

Acerca de la aplicación de la LOU y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), cuya entrada en vigor se fija para 2010, la ministra anunció que a finales de mayo se debatirán las medidas "más urgentes", como la acreditación del profesorado y la reordenación de las enseñanzas.

nota de prensa MEC