Son los nuevos proletarios. Pero, aunque parezca mentira, muchos no saben lo que son unas vacaciones o una paga extraordinaria. Poco a poco, los inmigrantes van abandonando el traje del miedo y la desinformación para vestirse el uniforme del trabajador concienciado.

De hecho, los extranjeros están irrumpiendo con fuerza en los sindicatos y ya hay 90.354 afiliados a Comisiones Obreras (CCOO) y a UGT.

El número de inmigrantes que se han convertido en delegados sindicales también crece como la espuma y CCOO cuenta con 15.000 representantes tan sólo en el sector de la construcción. La lista de los 48.354 afiliados extranjeros a Comisiones Obreras es un reflejo del paisaje de la inmigración en España. Así, los ecuatorianos son el colectivo mayoritario con 8.657 inscritos; seguidos de los marroquíes con 5.183, los colombianos con 3.744 y los rumanos con 2.366. Estas cuatro nacionalidades son también las que agrupan a gran parte de los residentes extranjeros en nuestro país.

La situación se repite en UGT, donde los inmigrantes ya representan al 3,5% del total de la afiliación y alcanzan las 42.000 personas. «El paso fundamental para que los inmigrantes se integren en la sociedad es la participación. Por eso les estamos formando en sus derechos laborales para que no sufran abusos. En Cataluña, ya tenemos 700 delegados extranjeros», asegura el secretario de Inmigración de UGT de Cataluña, Abdelkader Aslimani.

Estos datos reflejan la nueva realidad de una clase trabajadora, cada vez más multicultural, que, de momento, ha preferido integrarse en las grandes centrales sindicales antes de crear otras de tipo étnico. En opinión de Ghassan Saliba, secretario de Inmigración de CCOO en Cataluña, los sindicatos han logrado que los inmigrantes participen, lo que todavía no han conseguido los partidos políticos.

Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer. La aparición de los nuevos empleados extranjeros ha provocado un importante deterioro en las condiciones laborales. Su situación de subsistencia y necesidad les obliga a aceptar tareas en unas condiciones que no aceptaría un español. Es más, derechos adquiridos como las vacaciones o las pagas extraordinarias comienzan a desaparecer de las empresas.

«Hasta ahora, el convenio de la construcción era el mínimo del que se partía. En la actualidad, estamos viendo que para los inmigrantes lo óptimo es que se aplique el convenio. Muchos nuevos empresarios extranjeros están tirando a la baja las condiciones ya pactadas», critica Gerardo de Gracia, secretario general de la Federación madrileña de la construcción de CCOO.

El panorama que pintan los sindicatos es desolador: jornadas de 10 o 12 horas al día, empresas fantasma de las que nadie se hace responsable y una maraña de subcontratas en la que se van perdiendo derechos por el camino.

La reciente Ley Reguladora de la Subcontratación en la Construcción pretende paliar esta situación y limita a tres la cadena de subcontrataciones, además de obligar a las empresas a tener fija al 30% de la plantilla en el plazo de tres años.

Según denuncia De Gracia, muchos subcontratistas -que, a su juicio, ni tan siquiera llegan a la categoría de empresarios- están irrumpiendo en el mercado laboral y pisoteando todo tipo de derechos. Y pone como ejemplo de estos atropellos, el enterramiento de la M-30, la obra emblemática de Madrid emprendida por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

«Ha habido condiciones de esclavismo. Los obreros han trabajado 24 horas al día, pero no han hecho tres turnos, sino dos. Se han registrado 1.000 accidentes laborales, muchos de ellos en la última hora de trabajo. Gallardón ha sido el primer responsable de incumplir el convenio y ha sentado un mal precedente porque ahora muchas constructoras quieren trabajar también los sábados y domingos», se lamenta De Gracia.

Ana del Barrio - EL MUNDO