
Javier Doz, secretario de Acción Sindical Internacional de CCOO
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La secretaría de Acción Sindical Internacional de CCOO ha hecho una primera declaración -forzosamente provisional- en la que analiza los resultados de la Cumbre de Bruselas que califica de “decepcionante mal menor”, si bien pueden contribuir a la Unión Europea -que llevaba dos años paralizada y sin un liderazgo claro- a salir de su actual crisis.
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Para CCOO, el mandato de la reciente Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para la próxima Conferencia Intergubernamental (CIG) que debe reformar los Tratados europeos (de la Unión y de la Comunidad Europea), supone un retroceso respecto a los contenidos del proyecto de Tratado Constitucional, bloqueado tras los resultados de los referendos francés y holandés.
CCOO cree que los resultados son un “decepcionante mal menor” que hará de la fallida Constitución una ocasión perdida para un importante avance social y político europeo. “Ocasión perdida por el oportunista aprovechamiento que los gobiernos menos europeístas de la Unión, con Gran Bretaña y Polonia a la cabeza, han hecho de la ocasión que les brindó la conjunción contradictoria de fuerzas nacionalistas y radicales de derecha con las de la llamada izquierda “antiliberal” -que en Francia y Holanda lograron el triunfo del no en los referendos- para erosionar los contenidos del Tratado Constitucional, amén de anular su propio carácter”, precisa CCOO.
En esta primera declaración, todavía provisional -habrá que contrastarla con las del resto de los sindicatos europeos y conocer definitivamente el texto del Tratado de Reforma que la CIG debatirá hacia finales de año-, CCOO considera esencial analizar el proyecto a la luz de 3 orientaciones principales: si suponen o no un fortalecimiento político de la UE, de su capacidad de acción común; si democratizan la adopción de las decisiones; y, finalmente, si pueden contribuir al mantenimiento y mejora del Modelo Social Europeo. A la luz de estos parámetros el avance respecto de las normas vigentes es claro, pero se producen retrocesos significativos respecto al proyecto constitucional, aunque también una mejora respecto de éste último: la inclusión de un Protocolo sobre los servicios de interés económico general.
Respecto a los procedimientos de decisión, retrasar 10 años lo que, con razón, se consideraba imprescindible para adoptarlas, en una UE de 27 miembros, es un contrasentido, advierte CCOO. Desde el punto de vista del interés común europeo, el problema de los procedimientos del Tratado de Niza no era el peso de los votos de cada nación -es claro que Polonia y España ganaban mucho respecto a lo que les correspondería por población- sino la facilidad con la que se construían minorías de bloqueo. Se pueden pronosticar 10 años de conflictos y vetos, también desde luego en los campos laboral y social que interesan especialmente al sindicalismo..
Por otro lado, la Carta de Derechos Fundamentales (CDF) mantiene su carácter jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros, excepto para el Reino Unido - Blair se despide de su cargo con una nueva excepción británica motivada sobre todo por los derechos sindicales que recoge la CDF- y para Polonia cuando legisle sobre familia y moralidad pública. “Ambas excepciones -la general y la particular- son lamentables y rompen el principio de generalidad que los derechos fundamentales han de tener en las normas principales de cualquier institución política”, denuncia CCOO.
Finalmente, CCOO reconoce que el mandato de reforma mantiene la mayoría de los contenidos del proyecto de Constitución. En particular se destaca: las mayores competencias del Parlamento Europeo, incluida la ampliación de los contenidos legislativos que se elaborarán por el procedimiento de codecisión entre el Parlamento y el Consejo; la ampliación del número de materias que el Consejo decidirá por mayoría cualificada; la capacidad para tratar en común temas de interés principal; la cláusula social horizontal para todas las políticas europeas; la introducción de procedimientos de iniciativa popular; o los valores, objetivos y principios que inspiran un avanzado proyecto de Constitución para una economía social de mercado (de entre ellos sólo se elimina la “libre competencia”, aunque se establece un Protocolo sobre este principio). |