EFE.- La CEE cree también que el Real Decreto que regula la contratación de profesores de Religión "no cumple" el Acuerdo de Enseñanza con la Santa Sede pues "dificulta y pone en cuestión" la "libertad" para garantizar la idoneidad de esos enseñantes, así que no excluye recurrir, en "determinadas circunstancias" a "acciones legales", según dijo el portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.

La declaración que aprobó hoy "por unanimidad" la Comisión Permanente de los obispos indica que el objetivo de Educación para la Ciudadanía es la "formación de la conciencia moral de los alumnos" a la vista de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas de Primaria y Secundaria, lo que "confirma" la publicación de las disposiciones autonómicas y "algunos manuales" de la materia.

En conferencia de prensa, el portavoz de la CEE afirmó que el contenido de la asignatura se basa en la "ideología de género y el relativismo" moral, filosófico e ideológico, "en el todo vale", que es "una opción moral", pero "inmoral", sin que se mencione la palabra "verdad" ni la trascendencia del ser humano, agregó.

Ante esto, "los medios concretos de actuación de los que disponen los padres y los centros educativos son diversos", lejos de "posturas pasivas" y "acomodaticias", aunque los obispos, asegura la declaración, no han querido mencionar "ninguno en particular". No obstante, Martínez Camino precisó a preguntas de la prensa que "claro" que la objeción de conciencia es una de esas medidas legítimas, en el sentido de acordes con el ordenamiento legal, y "no está excluida".

Insistió en que hay "muchas formas técnicas jurídicas para responder", no excluyentes si son legítimas, complementarias y que se pueden ejercer simultáneamente, sin que la CEE "descienda a tal o cual" y "sin ningún orden de preferencia". Negó que el documento de hoy sea de "mínimos" porque haya algunos obispos que ya han defendido públicamente la objeción, sino que es "de máximos".

Preguntado por los contenidos concretos que rechazan los obispos, Martínez Camino se remitió a los Reales Decretos para reiterar que su "objetivo declarado es la formación de la conciencia moral, lo dicen". El Estado "impone a todos", prosiguió, una formación que corresponde a los padres y eso es "inaceptable" y "gravísimo", incluso si los contenidos fueran los de la Religión católica. Si se fuera a formar en algo supuestamente común para toda la sociedad, "¿quién lo definiría, el Ministerio de Educación cuando la sociedad es plural?", se preguntó.

Sobre el hecho de que la organización de escuelas católicas FERE-CECA haya optado por adecuar la asignatura a su ideario, el portavoz episcopal reiteró que "nadie" puede excluir en ningún centro, sea "estatal" o católico, ningún medio legítimo para oponerse. El portavoz indicó que estaría bien que un colegio declare que la asignatura "no es coherente" con su carácter propio, reconocido por las leyes, aunque la impartiera por obligación. "Ahí se abre una vía importantísima de conflicto de derechos fundamentales sobre los cuales hay muchos medios de proceder, tanto administrativamente como jurisdiccionalmente", comentó.

Agregó que hay "indicios" de que FERE-CECA piensa que hay "algún problema" con la asignatura porque va a impartirla acorde con el carácter propio católico y parece que hay "divergencia" entre lo que la asignatura dice y el carácter propio.

En cuanto a los profesores de Religión, el documento episcopal indica que la regulación aprobada por el Gobierno no reconoce de manera "suficiente" la autoridad de la Iglesia católica (o de la confesión que corresponda) para ejercerla de modo "seguro". "La mera invocación de una 'revocación ajustada a derechò, sin aclarar a qué derecho se refiere, puede restringir indebidamente -según los obispos- la competencia del obispo para retirar la idoneidad cuando tenga que hacerlo en virtud de las previsiones del ordenamiento jurídico de la Iglesia".

La CEE anuncia que seguirá actuado según los principios de los Acuerdos del Estado con la Santa Sede por ser de rango superior al Real Decreto de profesorado de Religión, que "no se ajusta" a la jurisprudencia constitucional, y a la disposición adicional de la Ley Orgánica de Educación que lo regula.

Los obispos anuncian que seguirán haciendo la "preceptiva" propuesta de los profesores que consideran idóneos para "cada año escolar", que es "compatible" con la duración indefinida laboral de los docentes, algo que ven "positivo".

La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, ha salido al paso de estas manifestaciones asegurando que los contenidos de la asignatura los han realizado "expertos de prestigio reconocido" como por ejemplo el filósofo José Antonio Marina, y que incluyen temas como seguridad vial, convivencia, valores de medio ambiente y desarrollo sostenible, igualdad entre hombres y mujeres, funcionamiento del sistema democrático y educación sexual, entre otros. Cabrera comentó que también se estudiará la educación sexual, porque ésta "ha sido habitual en los centros escolares desde que somos una democracia, y esa es una polémica anacrónica". "Cuando los padres lean los textos se darán cuenta de que no hay motivo para la alarma, porque se trata de que sean mejores ciudadanos", añadió.

La vicepresidenta María Teresa Fernández, ha manifestado nuevamente frente al torpedeo ejercido en la aplicación de la LOE que ésta ley no se va a modificar. "La decisión sobre los contenidos de la educación se adopta en el Parlamento por los representantes legítimos de los ciudadanos. Esto se aprobó en el Parlamento y no se va a modificar", advirtió. Pero reconoció que la asignatura educa a niños y jóvenes en determinados valores "que combate la Iglesia", pero insistió en que la norma "obliga a todos sin excepciones" y "ha de ser aplicada por todos". Advirtió que la asignatura "no se puede objetar" y, a pesar de no considerar este desafío de la Iglesia como "un pulso" al Estado, recordó que está "muy claro" que "no puede haber título académico" sin esta asignatura, como en el caso de las matemáticas o la física.

Por otro lado, el Pleno del Congreso debatirá y votará el martes próximo una propuesta del PP para instar al Gobierno a "retirar" la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de los Reales Decretos en vigor de Enseñanzas Mínimas de Primaria y Secundaria Obligatoria.