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MISCELÁNEA |
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 Aleja
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A los tradicionales problemas del inicio de curso, hay que sumar este septiembre la polémica introducción de educación para la ciudadanía, convertida en asignatura de la discordia, a pesar de que durante el crispado debate previo a la aprobación de la ley orgánica de la Educación (LOE) no provocó alarma alguna. A los que conocieron la educación franquista, la nueva asignatura pueda evocarles, en apariencia, la uniformización doctrinaria de la formación del espíritu nacional. Pero es obvio que un Estado democrático debe intentar socializar en los centros de enseñanza los principales valores y derechos que dan cobertura a la pluralidad de opciones personales en nuestra sociedad. No es extraño que en 16 países europeos se imparta una asignatura parecida, pues pretende formar a los alumnos en torno a "la dignidad de la persona, los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones democráticas".
Sospechando que pueda convertirse en un mecanismo de adoctrinamiento político y moral (y temerosos de la relación de la asignatura con la polémica aprobación del matrimonio homosexual), se opusieron a ella los sectores más conservadores de la Iglesia, alentando en los padres la objeción de conciencia. El cardenal Cañizares ha sintetizado el cariz de la batalla afirmando que "colaborar con la implantación de la nueva asignatura es colaborar con el mal". Las objeciones a la implantación de la asignatura llegan ya a 15.000, aunque la mayoría de ellas se concentran en las autonomías gobernadas por el PP, que ha decidido no implantarla hasta el curso siguiente, incluyéndola, de acuerdo con la ley, en el currículo de 2. º de ESO. Cultivando la ambigüedad, el PP se inclina por posponer la batalla frontal, seguramente para no defraudar a sus votantes liberales. Por su parte, el moderado obispo Blázquez ha practicado una vez más un difícil equilibrio entre el radicalismo de la Conferencia Episcopal que preside, pero no domina, y el realismo de la patronal de colegios religiosos (FERE) que escogió, como no podía ser de otra manera, la vía de obedecer la ley y adaptar los contenidos de la nueva asignatura a los valores católicos.
La Varguardia (Editorial 6-9-2007) |
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La escuela pública asume la inmigración |
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Mar
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El número de alumnos extranjeros en los colegios españoles no deja de crecer y cuatro de cada cinco están en la escuela pública. Hace cinco años había la mitad de inmigrantes en la educación no universitaria y hace 10 años eran el 0,7%. Este curso rondará 9,4%, según las estimaciones del Ministerio de Educación tomando como referencia la subida del año pasado. Y, por el otro lado, tampoco ha dejado de crecer el porcentaje de niños extranjeros que se concentra en la escuela pública: ha pasado entre 2003 y el curso pasado del 79,3% de los extranjeros al 82,1%. Esta descompensación entre la pública y la privada (lo que incluye la concertada, subvencionada con fondos públicos) no es nueva, pero lejos de solucionarse, los datos indican que va a más.
La ensalada de cifras que arroja un año más el principio de curso escolar, presentado ayer en el Congreso por la Ministra de Educación, Mercedes Cabrera, se puede presentar de muchas maneras, pero la lectura es siempre la misma: el reparto de alumnado inmigrante no se está haciendo de forma equilibrada entre la pública y la concertada (privada sostenida con fondos públicos). En la pública, el 10,2% uno de cada alumnos es extranjero, y en la privada (lo que incluye la concertada), representan menos de la mitad, un 4,6%.
Los expertos coinciden en que la educación de estos alumnos, sobre todo si se concentran en un centro (hay centros en los que superan el 80% del alumnado), implica mayor complejidad. Las razones no son sólo que muchos hablan otro idioma, sino que en muchas ocasiones tienen un nivel académico distinto y suelen pertenecer a los sectores más pobres de la sociedad. Otra cifra: la escuela pública escolarizaba el curso pasado al 67,6% del alumnado y al 82,1% de los extranjeros.
Esta tendencia de descompensación no es nueva, pero sigue aumentando cada vez más y se coloca en el centro del debate sobre la educación pública. El problema de concentración de inmigrantes no es homogéneo en toda España (el porcentaje de extranjeros supera el 12% en Baleares, La Rioja o Madrid), ni si quiera dentro de las mismas ciudades, pero los defensores de la educación pública piden desde hace años un reparto equilibrado de estos alumnos entre una y otra red. Se quejan, además, de que esta concentración empuja muchas veces a los padres a preferir la enseñanza concertada.
Incluso la última memoria anual del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno, advirtió de la "alta concentración" de inmigrantes en los colegios e institutos públicos de primaria y secundaria. El texto aconsejaba una "distribución equilibrada" de estos alumnos para evitar "procesos de marginalización".
Por su parte, los responsables de la concertada, mayoritariamente formada por colegios católicos, responden que no tienen ningún problema en asumir el porcentaje que les corresponde, aseguraba la semana pasada Manuel de Castro, secretario general de la Federación Española de Religiosos en la Enseñanza (FERE). Pero añadía que no se puede obligar a nadie a ir a uno u otro tipo de centro, sobre todo teniendo en cuenta la especificidad la educación que ofrecen los centros católicos.
"Estamos abiertos y deseamos comprometernos con este colectivo que, aunque no siempre, son alumnos con necesidades educativas especiales. Pero también ellos tienen que elegir, no se les puede obligar".
La recién estrenada ley educativa (LOE) cuyos contenidos entran en vigor este curso en 1º y 2º de primaria y 1º y 3º de secundaria, establece que los concertados tendrán que reservar un número de plazas que las comunidades establezcan para los inmigrantes que lleguen con el curso empezado. El Ministerio de Educación espera que esta medida empiece a cambiar la tendencia, explica un portavoz, pero también que habrá que esperar varios años para ver los resultados.
Sin embargo, a la presidenta de la confederación laica de padres Ceapa, mayoritaria en la escuela pública, Lola Abelló, esta medida le parece "un pasito", pero "insuficiente". "Para cambiar la tendencia, seguimos pidiendo que todos los padres soliciten plaza para sus hijos en oficinas centralizadas en cada municipio para que se les distribuya. Nosotros no creemos que muchos inmigrantes en un centro sean un problema, pero que se pongan los medios para atenderles", añade.
Por lo demás, el curso empieza estos días para 7,2 millones de alumnos de enseñanzas no universitarias (de infantil a bachillerato y FP), que estrenan los contenidos y las medidas de una ley que pretende combatir el abandono escolar prematuro (los chicos que dejan de estudiar después de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años), del 29,9% en 2006. Éste es "el gran desafío del sistema español", aseguró la ministra Cabrera. Aunque señaló un cabio de tendencia -en 2005 era del 30,8%-, admitió que esas cifras son preocupantes y que es francamente difícil alcanzar el objetivo marcado por la UE para 2010: reducirlo al 10%.
Así, esa recuperación del número de alumnos, sobre todo gracias a la inmigración, que se está notando ya en las enseñanzas infantil y primaria, con 135.000 estudiantes más que el año pasado, llegue a la enseñanza posobligatoria, es decir, a la Formación Profesional y al bachillerato. Cabrera aseguró que la nueva organización que su ministerio propuso en mayo para el bachillerato, con un curso puente entre primero y segundo, ayudará a evitar el abandono en esta etapa. La idea consiste en que los alumnos suspendan cuatro asignaturas en 1º, podrán repetir al año siguiente sólo esas materias y matricularse en algunas de segundo, algo parecido a lo que ocurre en la universidad.
EL PAIS -
J. A. AUNIÓN - 12/09/2007
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La diferencia salarial entre sexos crece a lo largo de la vida laboral |
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 María |
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La diferencia salarial entre hombres y mujeres europeos resiste todos los intentos de acabar con ella. Entre 1995 y 2005 apenas ha bajado del 17% al 15%, según los datos de la Comisión Europea. En España estaba en el 13%. Y a mayor vida laboral, más diferencia: hombres y mujeres cuyos ingresos diferían al principio de sus carreras en un 7%, tras 30 años de trabajo ven esa diferencia crecer hasta el 33%.
La discriminación salarial entre hombres y mujeres es ilegal en la Unión, pero la realidad es que, año tras año, las diferencias se mantienen sin apenas cambios, como reconoce el Ejecutivo comunitario. La disparidad estadística mide la diferencia relativa de renta recibida por hora trabajada por hombres y mujeres en el conjunto de la economía. "No hay discriminación directa [distinto salario por el mismo puesto], pero persiste la indirecta [ellas acceden a trabajos peor pagados], que es más difícil de eliminar", comenta el comisario checo de empleo, Vladimir Spidla.
Las causas son complejas, constata la Comisión, que las vincula a factores legales, sociales y económicos que trascienden el principio de "a igual trabajo, igual salario". Entre ellas, el que los sectores feminizados suelen tener salarios más bajos, que las mujeres tienden a trabajar más a tiempo parcial y que tienen más dificultades que los hombres a la hora de conciliar la vida laboral con la vida privada, y que por ello renuncian a mayores responsabilidades.
R.M. DE RITUERTO
EL PAIS
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