- ¿Considera necesaria la asignatura de Educación para la Ciudadanía?
- Cuando el Ministerio de Educación presentó su propuesta de crear la nueva asignatura, el Consejo Escolar del Estado, por amplia mayoría, la rechazó. Coincido con tal opinión, respaldada entonces por la mayoría de los representantes del mundo educativo. Pienso que una verdadera “formación cívica” debe ser una tarea que constituye un objetivo global del proceso educativo. La debe asumir cada centro en su proyecto educativo y el conjunto de los profesores. Por ello, es mucho más eficaz si se le da un tratamiento transversal. Además, tenemos, en nuestro pasado, experiencias nefastas de este tipo de asignaturas. Y las experiencias no pueden quedar en saco roto. Sin embargo, sí estaría de acuerdo con una materia que se centrara en la enseñanza de nuestra Constitución, de los valores y principios que la sustentan, de las reglas con que funciona la democracia, sus instituciones políticas, los derechos y deberes de los ciudadanos, etc. Es decir, lo que podemos llamar la “alfabetización política”. Pero es imprescindible que tal materia, para que tenga carácter académico, responda a un claro enfoque científico, el jurídico-político, como sucede en otros países. De lo contrario, se convierte inevitablemente en un instrumento de adoctrinamiento. Y este es el gran error originario de la asignatura “educación para la ciudadanía”, que, además sobrepasa los límites de lo que es una “formación cívica”.
- ¿Cree que el debate provocado en torno a la implantación de esta materia puede ser clarificador?
- El debate está siendo muy clarificador de todos los riesgos de la asignatura. Está provocando una gran división en el seno del mundo educativo. Y esto es lo peor que puede pasar en un sistema educativo enfermo, como el nuestro. Sin consenso implantar esta asignatura es una temeridad. Los libros de texto que han aparecido, sin juzgar su calidad, prueban que, con la actual configuración de la asignatura, es imposible escapar del adoctrinamiento, de la manipulación ideológica, del signo que sea. A lo sumo, la asignatura se convierte en un compendio de “lo políticamente correcto”. ¡Y esto no es formar de verdad, auténticamente! Con los criterios de evaluación que se indican a mí me suspenderían sistemáticamente. ¿Cómo puedo consentir que el Estado me imponga el mandato de “aceptar el propio cuerpo”, por ejemplo?
- ¿Piensa que la nueva asignatura reforzará los valores democráticos?
- La asignatura va a fracasar. Lo más sensato es parar el reloj y trabajar por un consenso en torno a una asignatura académica (no entiendo que existan asignaturas que no tengan carácter académico) que proporcionara todas las herramientas conceptuales para la “alfabetización política”. Me parece una grave irresponsabilidad la conducta de intolerancia y de amenazas en la que se ha instalado el Gobierno. Con prepotencia y arrogancia no se resuelven los problemas en una democracia. La Constitución confiere a los padres unos derechos inalienables sobre la formación moral de sus hijos. Y la asignatura, tal como está planteada y configurada, invade ese terreno. El artículo 27.3 de la Constitución no es papel mojado. Hay una obligación de atender las demandas de los padres. Hay que buscar soluciones que no sean la amenaza y el castigo. Estamos ante un problema muy serio que afecta a las conciencias de muchas familias. Frente a la imposición ideológica, de modo coactivo, yo me declaro a favor de la libertad de las conciencias.
