| |
MISCELÁNEA |
| |
| |
Los Presupuestos de Educación de 2008 subirán un 13,9% |
| |
 Aleja
|
|
La política de Educación, en aquella parte cuya competencia no corresponde a las comunidades autónomas, tendrá asignados para el año 2008 créditos por importe de 2.831,33 millones de euros, un 13,9% más que en 2007, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2008, presentado el pasado miércoles por el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, en el Congreso de los Diputados.
El dinero calculado por el Ejecutivo para hacer frente a los gastos totales del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) para el año que viene ascienden a un total de 6.637,98 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,37% respecto al año anterior, cuando el presupuesto se situó en 5.804 millones de euros.
Concretamente, los objetivos en el apartado educativo, según la presentación del proyecto de PGE, "siguen siendo profundizar en el logro de la igualdad de oportunidades, continuando con la política de incremento de becas, promover un sistema educativo de calidad para todos e impulsar los acuerdos y compromisos por un sistema educativo que esté en concordancia con los objetivos de la Unión Europea para 2010".
En este sentido, el Gobierno considera el tema educativo "como un instrumento prioritario para aumentar la cohesión social y la formación de los ciudadanos que, en último término, se traducirá En un aumento de la productividad".
En política educativa destaca que aproximadamente el 44% de la dotación se destinará a becas y ayudas a estudiantes, en concreto 1.247,26 millones de euros, un 4,6% más que en 2007. Este incremento se destinará tanto a aumentar la cuantía individualizada de las becas como el número de estudiantes beneficiarios.
En lo que se refiere a programas educativos cabe destacar el de Educación compensatoria, con un crecimiento del 41,6%, que recoge acciones dirigidas a grupos que encuentran especiales dificultades de acceso al sistema educativo e incluye actuaciones en zonas y centros de Primaria y Secundaria derivados de la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Así, en el ámbito de la enseñanza no universitaria, donde las competencias se encuentran transferidas a las comunidades autónomas, el ministerio a cuya cabeza se encuentra Mercedes Cabrera se centrará en "lograr la igualdad de oportunidades de los alumnos y promover un sistema educativo de calidad, con especial atención a la gestión educativa en Ceuta y Melilla y a atender la demanda de educación en el exterior".
Por su parte, en el ámbito de la enseñanza universitaria, donde las competencias se encuentran también transferidas, corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia participar en la financiación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El programa de enseñanzas universitarias aumenta para el año que viene un 16,7%. En este apartado hay que destacar que se ha dotado con 150 millones de euros el programa específico 'Préstamos Renta-Universidad', que financia estudios de postgrado, frente a los 50 millones de euros de dotación en el ejercicio 2007.
|
|
| |
| |
La revolución social de Nicolas Sarkozy |
| |
Mar
|
|
Había una vez un maquinista francés que realizaba el trayecto París-Londres a bordo del Eurostar. No tenía que echar carbón a la locomotora ni romperse los tirantes en la cabina, pero su régimen especial de empleado público, heredado desde la posguerra, le consentía jubilarse a los 50 años y le permitía conservar el sueldo más o menos íntegro.
Había una vez un maquinista inglés que realizaba el trayecto Londres-París a bordo del Eurostar. No tenía que echar carbón a la locomotora ni romperse los tirantes en la cabina. Novedades de la tecnología que justificaron un retraso de su jubilación... hasta los 65 años.
La parábola del maquinista viene a cuento para explicar desde un extremo anecdótico el anacronismo del sistema social francés. Nicolas Sarkozy se ha propuesto revolucionarlo con su doctrina reformista, aunque los sindicatos parecen dispuestos a emular la resistencia urbana que paralizó Francia en 1995: Chirac perdió el pulso de la calle, cedió a los tambores de guerra y sacrificó sin temblarle el pulso a su primer ministro, Alain Juppé.
¿Qué sucederá doce años después? Nicolas Sarkozy tiene a favor el 68% de la opinión pública y le amparan las promesas electorales. También le beneficia una talla política superior a la de su predecesor en el Elíseo, aunque la velocidad con que pretende organizar las reformas -110 días- ha redundado en las sensaciones previas de unilateralismo y de obstinación.
«Sarkozy habla de diálogo, pero a condición de que sea rápido», escribía el columnista Didier Pourquery en las páginas de Libération. «Nos habla de un nuevo contrato social con Francia, pero quiere que se firme velozmente. No es una hoja de ruta, sino el briefing de un piloto de Fórmula 1».
Quizá por ello, Sarkozy apareció en televisión el pasado jueves. Quería serenar a los franceses. Apaciguar a los sindicatos. Demostrar que el sistema social francés «es insostenible financieramente». Los ejemplos más elocuentes los puso el propio jefe del Estado en el discurso del 18 de septiembre. Supimos entonces que el 60% de los franceses se jubilan cuando ya son desempleados. Conocimos que algunos compatriotas empiezan a trabajar con 33 años y se retiran con 50. Trascendió, en suma, la precocidad con que dejan de currar los vecinos transpirenaicos. «Si nuestro país tuviera una proporción de trabajadores igual a la europea en la franja de 55 a 64 años, habría en Francia 800.000 empleados más de cuantos existen ahora. No podemos permitirnos semejante anomalía. No podemos descansar en el Estado un sistema caduco y trasnochado de subsidiariedad», explicó Nicolas Sarkozy en su intervención.
Los regímenes especiales afectan a medio millón de empleados del sector público. Proliferan entre ellos los profesionales de la electricidad, el ferrocarril, los transportes y el gas, aunque la lista también comprende otros sectores más específicos como los trabajadores de la Opera de París, los funcionarios de la Comedie Française, los marineros y los mineros. Esta situación permite a la mayoría jubilarse con menos años de cotización de cuanto les ocurre a los restantes empleados del sector público y privado. También se les consiente percibir una pensión superior a la media. Y todo ello desde un escenario paradójico, puesto que hay 500.000 cotizantes respecto a 1,1 millones de retirados especiales.
El desequilibro trastorna las cuentas públicas. Más aún a los ojos de un presidente que se ha propuesto aligerar los gastos del Estado, iniciar una campaña de privatizaciones -la fusión GDF-Suez es el primer caso- y simplificar el número de funcionarios en beneficio de una Administración más ligera. Es lo que él mismo ha denominado «la revolución cultural de la función pública», epígrafe de connotaciones maoístas que implica cuatro aspectos fundamentales. Uno: a partir de 2009 no se cubrirán la mitad de las vacantes que dejen libres los jubilados. Dos: se incentivará la movilidad en el seno de la Administración. Tres: los funcionarios podrán acceder a los beneficios de las horas extras. Cuatro: se incentiva la competitividad.
El propósito consiste en aligerar el peso del gigante. No sólo porque la plantilla de funcionarios redondea casi los 5,2 millones. También porque semejante colectivo concentra actualmente el 40% del presupuesto francés.
Es el contexto en el que Sarkozy maneja el adjetivo de «insostenible», aunque las reformas en marcha conciernen todo el espectro laboral francés. Desaparece el régimen de las 35 horas. Se penaliza fiscalmente a los prejubilados. Se incentiva, al contrario, a quienes perseveren en la oficina después de los 65. Se castiga a los parados profesionales, es decir, a los sujetos que osen rechazar los trabajos que se les ofrecen. Y se buscan soluciones -aún no se han dicho cuáles- para replantear el sistema sanitario, de modo que el Estado y los pacientes asuman un contrato de derechos y obligaciones más ecuánime y proporcionado que el actual.
La oposición socialista sostiene que la revolución sarkozyana consiste simplemente en la sumisión al liberalismo. Le acusan de trabajar a las órdenes de la patronal. Le reprochan haber demolido el estado del bienestar francés, aunque el presidente francés objeta que el endeudamiento del Estado, el déficit público y los parámetros comunitarios contradicen que pueda mantenerse en vida el mito nacional del asistencialismo. «O ahora o nunca», proclamaba Sarkozy en el Senado. Un órdago cuyas resonancias definen el providencialismo del patriarca francés y cuyo desenlace tiene en vilo a Europa.
EL MUNDO - RUBÉN AMÓN - 24/9/2007
|
|
| |
| |
Los salarios de los funcionarios subirán por encima de la inflación prevista |
| |
 María |
|
Los salarios de los 2,5 millones de funcionarios en todas las Administraciones subirán en 2008 entre un 3% y un 3,5%, como mínimo. Ahora empieza la negociación de complementos en cada territorio.
Los salarios de los 2,5 millones de funcionarios que trabajan en las tres administraciones –Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos– subirán el año que viene un 3%, como mínimo. La subida consta de los siguientes componentes: un incremento del 2%, equivalente al objetivo de inflación que los sucesivos gobiernos han tomado de la recomendación del Banco Central Europeo para la zona del euro.
Los empleados públicos tendrán una subida adicional de alrededor de un punto, en concepto de mejora de la paga extraordinaria. Hasta esta legislatura, los funcionarios no tenían derecho a recibir la totalidad del salario en esta paga, como los trabajadores del sector privado.
El Gobierno, y las Administraciones Públicas que lo tengan, podrán aportar un 0,5% de la masa salarial al plan de pensiones de sus funcionarios. En algunos casos, esta cuantía se entrega directamente a los trabajadores pues éstos prefieren recibir el dinero, antes que esperar a la jubilación.
Por lo que respecta a los funcionarios de la Administración Central, el Gobierno y los sindicatos están discutiendo también la repetición de un incremento adicional para trabajadores con los salarios más bajos o que desarrollan su labor atendiendo al público.
Los funcionarios, además, y teniendo en cuenta que ya parten de una subida salarial del 3%, también se beneficiarán de la adaptación en un 2% del Impuesto sobre la Renta a la evolución de la inflación y de la subida en la misma cuantía de los mínimos personales y familiares. Incluso, encadenando los distintos conceptos, el Gobierno concede un cierto privilegio a los empleados públicos frente a la incertidumbre de la negociación salarial en el sector privado.
|
|
| |
|
|
