El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, ha advertido a los empresarios y a los dirigentes políticos de las comunidades autónomas y de la Administración central que la Ley de Dependencia tendrá una aplicación exitosa si se negocia un buen XIII Convenio Colectivo General de Atención a las Personas con Discapacidad.

Campos, que calificó la Ley de Dependencia de “la norma más estratégica de la legislatura” añadió que la calidad del empleo “es la primera garantía del disfrute de los derechos recogidos por la Ley de la Dependencia" por lo que comentó que, si no se produce una dignificación del empleo del sector, la aplicación de ésta no tendrá éxito.

Por lo que respecta a la negociación de dicho convenio, el dirigente sindical comentó que la dignificación profesional del sector "es imprescindible un dispositivo profesional potente y eficiente y eso se consigue teniendo un sector atractivo para los profesionales".

En la misma línea, Ana Crespo, responsable de la Secretaría de Privada de la Federación, reveló que en este tipo de empleos se registra un índice de rotación muy elevado (30%) y que los profesionales requieren más estabilidad para poder ofrecer con calidad los servicios que contempla la Ley de Dependencia, que creará unos 260.000 nuevos puestos de trabajo.

Por su parte, Bernat Asensi, coordinador de la negociación del XIII Convenio General, denunció que en este tipo de empleos hay actualmente muchos profesionales que cobran sueldos ligeramente por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y otros el mismo SMI, y señaló que ésta es una tendencia que debe cambiar con el Convenio que se está negociando. Asimismo, advirtió a los empresarios que si consideran la atención a la discapacidad “como un mero negocio se arruinaría el espíritu de la Ley de Dependencia”

Por otro lado, José Campos hizo hincapié en la necesidad de que el sistema de atención a la dependencia, y más concretamente la atención a las personas con discapacidad, sea lo más homogéneo posible en todo el Estado. Explicó a este respecto que la homologación de la normativa autonómica relativa a la dependencia supone una doble garantía, tanto económica como social. En lo relativo a lo económico, destacó que si una gran empresa quiere contar con varios centros en todo el Estado, prefiere que la legislación que debe respetar en cada uno de sus establecimientos sea común.

Finalmente, Ana Crespo señaló que "un servicio homogéneo es la mayor garantía de un acceso igualitario a servicios de calidad para las personas con discapacidad". Por ello, pidió que se habilite un sistema común de acreditación de centros y empresas y un sistema público unitario de control de la prestación de los servicios.