La Conferencia fue inaugurada el pasado día 12 por la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, en un acto al que acudió el secretario de Estado para las Universidades, Miguel Ángel Quintanilla; el secretario general de la Internacional de la Educación (IE), Fred Van Leeuwen; José Campos y Carlos López, responsables de las Federaciones de Enseñanza de CCOO y UGT, respectivamente.

Es la primera vez que la Conferencia se ha celebrado en España, y sus objetivos, según explicó Van Leeuwn, han respondido a la necesidad de solucionar dos problemas emergentes, si no en nuestro país, sí en otros socialmente menos avanzados, en especial en lo referente a la falta de libertad académica en la educación superior o sobre la privatización del sector académico.

El responsable de la IE se mostró particularmente preocupado por la libertad académica, al considerar que la calidad de la educación superior está directamente relacionada con la capacidad de decidir por sí mismos de los profesionales que trabajan en este sector. Esta idea fue ratificada por Miguel Ángel Quintanilla, quien se mostró convencido de que los gobiernos “tienen que garantizar dicha libertad para conseguir la calidad e incluso la eficiencia económica”.

Inquietud por las amenazas contra la autonomía universitaria

La libertad académica, las carreras profesionales en la Educación Superior y la contratación en precario, la igualdad de género en las universidades, la comercialización y la privatización y movilidad del personal en este sector y la situación de los investigadores han sido algunos de los asuntos que se han debatido en la 6ª Conferencia Internacional de Educación Superior e Investigación que, entre los días 12 y 14 de noviembre, se ha celebrado en Málaga, organizada por la Internacional de la Educación (IE) y con la colaboración de las federaciones de Enseñanza de CC.OO y UGT y de la Universidad de Málaga, y el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Patronato de Turismo, Unicaja y Universia.

El lema de la Conferencia fue “La condición del personal docente de Educación Superior, 10 años después de la Recomendación UNESCO”. Esta Recomendación, que el Gobierno español no suscribió en su día, constituye una poderosa herramienta sindical, con frecuencia poco utilizada.

Participaron en este encuentro internacional 250 especialistas que representaban a 58 organizaciones sindicales de educación superior de 36 países de todo el mundo, con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la UNESCO, del Sindicato de Estudiantes Europeo (ESU), la ministra federal de Ciencia e Investigación de Austria, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), del Ministerio de Educación y Ciencia y del Instituto Andaluz de la Mujer.

Además, en esas jornadas se discutieron cuestiones relacionadas con la responsabilidad de los sindicatos de la Educación Superior, las iniciativas de la OCDE, mediante la revisión y evaluación de los resultados del aprendizaje en la educación superior terciaria, las repercusiones de la convergencia europea de las universidades, el llamado Proceso de Bolonia, y la coordinación de los diferentes actores en la puesta en marcha de éste en España.

Por lo que respecta a España, la conferencia ha servido para renovar ante los agentes directos del sistema universitario nuestra petición de colaboración y participación en todas los problemas de nuestro sistema. También se ha presentado en la Conferencia la Campaña de la IE y del Sindicato europeo de estudiantes sobre la movilidad de profesores y estudiantes.

En las sesiones de debates se analizaron las tendencias de la política universitaria de los gobiernos de algunos países desarrollados, justificadas por cuestiones de seguridad nacional, criterios economicistas y de gestión “eficiente”, que amenazan con minar la libertad académica o la autonomía universitaria, o la igualdad de oportunidades en el acceso.

Asimismo, estas tendencias están repercutiendo gravemente en la calidad de la formación y en las condiciones de trabajo del personal docente e investigador, que van desde la precarización contractual o administrativa hasta la “orientación” de la investigación, desde el recorte de derechos civiles al recorte de los derechos de negociación colectiva. En países como en los Estados Unidos, Canadá o Australia estas cuestiones ya son objeto de duras contestaciones sindicales.

En la Conferencia se abordó también la situación de la educación superior en los países en vías de desarrollo, normalmente agravados por la falta endémica de recursos y por la creciente fuga de cerebros. Al mismo tiempo, los representantes sindicales de la IE han advertido que mantendrán el nivel de presión política sobre estos gobiernos y en los organismos internacionales para que se respeten los derechos fundamentales, los derechos civiles y los sindicales.