La evolución de los precios es especialmente negativa en productos básicos que penalizan el poder adquisitivo de las rentas más bajas. La fuerte subida en el último año del pan (14,1%), carne de ovino (7,5%), carne de ave (11,4%), huevos (9,7%), leche (29,8%), productos lácteos (9,6%), frutas frescas (7,1%), dentro de una larga relación de productos imprescindibles, no tiene justificación en elementos externos y, más bien refleja, la falta de compromiso de una parte de los empresarios con el necesario control de precios, y del Gobierno en la mejora de la competencia en estos sectores de actividad. La negativa evolución en estos productos esta acompañada del mal comportamiento en otros como vivienda (4,7%), enseñanza (4,1%) y el habitual de hoteles, cafés y restaurantes (4,8%), que terminan de redondear un escenario sombrío en materia de precios.

Causa especial sorpresa que el fuerte incremento de los precios se haya producido en un momento en el que el ritmo de actividad de la economía española muestre de forma cada vez más evidente signos de flaqueza. Cabría pensar que algunos empresarios piensan en aprovecharse de la situación, a la vista que los buenos momentos económicos parecen finalizar.

La tasa interanual de precios en noviembre es la referencia utilizada como salvaguarda del poder adquisitivo de las pensiones públicas, de manera que serán necesarios aproximadamente 3.500 millones de euros adicionales para hacer frente a este compromiso, vital para la calidad de vida de nueve millones de españoles. Para la Seguridad Social la desviación entre el pago inicial y el IPC definitivo (2,1 puntos), tiene un coste en atrasos correspondientes al presente año de 1.600 millones de euros, a los que debe sumar un volumen similar a consolidar antes de proceder al incremento del año próximo. Esta cantidad (3.200 millones de euros) se ve incrementada para el erario público por el coste de actualizar las pensiones de clases pasivas y pensiones no contributivas, y mantener la mejora en los complementos por mínimos de las pensiones contributivas.  Para mostrar los efectos negativos del descontrol en los precios, conviene recordar las mejoras que se hubieran podido introducir en el sistema de protección social con ese dinero de no haberse producido la desviación en los precios -el gasto previsto para la Ley de Dependencia en 2008 no alcanza los 900 millones de euros-.

El dato de noviembre en la evolución de los precios no tiene efecto sobre los salarios pactados en la negociación colectiva, de manera que habrá que esperar a conocer el IPC del mes próximo para evaluar sus efectos, lo que no impide que  CCOO insista en la estrategia de las cláusulas de revisión salarial en los convenios, por lo que seguirá insistiendo para que en el marco de la negociación colectiva se regulen dichas cláusulas.