La participación de los poderes públicos o de sus representantes institucionales en actos o manifestaciones religiosas, en la medida en que no asistan a título personal, sino como representantes del Estado, vulnera el principio de la laicidad», sostiene el informe, titulado Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas, elaborado por los catedráticos José María Contreras y Oscar Celador.
Según este laboratorio de ideas, de cuyo equipo directivo también forman parte Pere Portabella o Nicolás Sartorius, entre otros, «la presencia de símbolos religiosos en centros públicos debe entenderse, en principio, contraria a los principios constitucionales».
Más en concreto, el informe sostiene que «la presencia de símbolos religiosos en las aulas de las escuelas públicas es una reminiscencia histórica en vías de extinción, que refleja el confesionalismo católico característico de nuestra historia constitucional».
Y es que, como explicaba el ex ministro Eguiagaray, «hay que terminar con la confusión existente entre lo público y lo religioso, fraguada en la Transición. En estos momentos no hay normas claras. Es, pues, absolutamente necesario avanzar en esta clarificación, sin que ello quiera decir que se tenga que caer en una guerra de religión o que nos tachen de comecuras».
El ex ministro, que se declara «católico y creyente», discrepa absolutamente del cardenal Rouco y no cree que, en España, se esté retrocediendo en derechos humanos. Y, como él, otros muchos católicos. Porque, a su juicio, «cada vez hay más distancia entre lo que piensan los cristianos y lo que expresan algunos de sus jerarcas».
El catedrático José María Contreras, uno de los autores del informe, asegura que «este Gobierno ha potenciado la libertad religiosa como ningún otro y, de hecho, hoy hay mucha más libertad religiosa en España que hace cuatro años».
De ahí que, según el think tank socialista, haya que avanzar «con prudencia y rigor» hacia «una laicidad positiva o de cooperación con las confesiones religiosas». Una laicidad que implica la «cooperación» del Estado con todas las confesiones religiosas, pero sin «confusiones entre ambos ámbitos». Porque, por ejemplo, la religión, en contra de lo que sostienen algunos obispos, «no es un parámetro para medir la legitimidad de las normas del Estado».
«Laicidad positiva» Para conseguir esta «laicidad positiva», la Fundación Alternativas propone la aprobación de dos nuevas leyes. Una que regule concretamente las formas y modalidades de la «asistencia religiosa en centros públicos», especialmente en cuarteles, hospitales, cárceles y colegios.
Y la segunda, sobre «neutralidad religiosa de los poderes públicos», en la que se regule, entre otras cosas, la asistencia de los representantes del Estado a ceremonias religiosas o la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos.
Porque, según Oscar Celador, el otro autor del estudio, «la religión es un derecho y una opción, pero debe permanecer en un ámbito del que no debe salir». El pasado día 30 salió de ese ámbito y las declaraciones de los cardenales fueron, a su juicio, «el insulto más grave y peligroso contra el Estado de Derecho».
Fuente: EL MUNDO - 15/1/08 (José Manuel Vidal) |
