Según explicó el titular de Educación, hasta ahora, la medida propuesta por el profesor para tratar de corregir las conductas de los alumnos díscolos debía esperar hasta la tramitación del correspondiente expediente.

Además, las conductas que conlleven una falta de respeto al profesor serán calificadas como «graves», con lo cual la medida correctora también será mayor y la dirección del centro también podrá ejecutar de forma rápida la propuesta del docente.

Durante la presentación del nuevo Decreto de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, el consejero de Educación y Ciencia, José Valverde, aseguró que en la región existe un bajo índice de conflictividad en las aulas. Aseguró que en el pasado curso se abrieron 1.326 expedientes a alumnos, que apenas representa el 0,5% del alumnado de toda la región. La mayoría fue por faltas leves -insultos, no respetar el reglamento de régimen interno del centro...-; sólo hubo 32 casos que presentaban problemas serios de maltrato y de éstos, 5 fueron a la Fiscalía de Menores y sólo uno requirió un cambio de centro.

Según Valverde, aunque la conflictividad en los centros escolares de la región es baja, al Gobierno regional le preocupa la convivencia y por ello se ha aprobado el decreto.

Un decreto que persigue facilitar a los centros educativos de la región los instrumentos necesarios para mejorar las relaciones de convivencia, «estableciendo un marco común para que decidan sus normas y reglas a fin de prevenir los conflictos», indicó el consejero de Educación y Ciencia.

Según destacaba Valverde, la puesta en marcha de este Decreto es «una magnífica noticia» pues era muy esperado por todo el sector de la enseñanza. Indicó que se ha elaborado con la participación de todas la organizaciones representativas del ámbito educativo y culmina un largo camino iniciado ya el curso pasado con la firma del Acuerdo por la Convivencia por toda la sociedad castellano-manchega.

Refuerzo del profesorado

Uno de los aspectos más destacados por el consejero es que este documento refuerza la autoridad del profesorado y las competencias de los equipos directivos, muy demandado por este colectivo. Así, cualquier indisciplina de un alumno hacia un docente será considerada grave. Además, se favorece la rapidez de la respuesta ante las actuaciones contrarias a la convivencia, otorgando la facultad para corregirlas, bien al profesor, o bien al director del centro, según la gravedad de las mismas. En definitiva, la propia dirección del centro puede tomar decisiones ejecutivas en función de lo acordado por el profesorado, sin tener que experar la tramitación del correspondiente expediente.

Con el decreto, explicaba ayer José Valverde, se potencia la autonomía de los centros y la participación de la comunidad educativa en la elaboración de las reglas de convivencia, así como en el desarrollo de las actuaciones preventivas, incluyendo la mediación como sistema de resolución de conflictos.

Mediación de alumnos

Precisamente, la mediación es, según Valverde, el concepto más importante del Decreto. En estos momentos se está trabajando en algunos centros con alumnos mediadores, una medida que está posibilitando que se rebaje la posibilidad de conflictos «de manera drástica» en las aulas. La figura del mediador también existe para los padres, que cuentan con un plan de formación para que puedan ejercitarla.

El decreto, sin embargo, no habla de sanciones ni penalizaciones, aunque los centros podrán concretar que el alumno sea atendido en un aula de convivencia concreta -una experiencia que ya se realiza en cincuenta centros- o como medida más grave, el cambio de centro del alumno conflictivo, cuando se den conductas que tengan que ver con comportamientos xenófobos, racistas, de violencia de género, apología de la violencia o el terrorismo y los que se realicen contra personas vulnerables por razones personales, económicas o sociales.

También este documento contempla la creación del Observatorio Regional de la Convivencia, un órgano de consulta y seguimiento de las relaciones de convivencia escolar, de las causas que motivan su ruptura y de las acciones para su mejora. Estará compuesto por representantes de los grupos parlamentarios, administración educativa, bienestar social, justicia, sindicatos, centros concertados, Fiscalía de menores, Defensor del Pueblo, universidades, Consejo Escolar, Instituto de la Juventud, de la Mujer, además de personas expertas en temas de convivencia escolar.

Se creará un equipo específico para el asesoramiento y, en su caso, proporcionar una respuesta inmediata al profesorado, padres y alumnado ante los conflictos que puedan surgir, que contará con un teléfono de atención gratuito.

FUENTE: ABC (10/1/08)