En este documento pedimos el compromiso y apoyo de los partidos políticos en torno a cuatro ejes centrales:

En lo que respecta al incremento de la inversión, CCOO solicita a l os poderes públicos las medidas necesarias para que en el plazo de cinco años la inversión pública en educación crezca hasta alcanzar la media de los países más avanzados de la Unión Europea. La financiación del sistema público educativo será como mínimo del 7 % del PIB en la enseñanza anterior a la universidad y un 2,1 % del PIB para el sistema público universitario.

Además, exigimos que se asegure la consolidación en la financiación de cada comunidad autónoma de los gastos de carácter plurianual que se fijen en sus correspondientes Leyes de Presupuestos y que las comunidades desarrollaren Planes de Inversión en la enseñanza pública para garantizar esta oferta en aquellas zonas de nuevos asentamientos y de redistribución de la población.

En el capítulo de equidad exigimos que se planifique  la oferta educativa, garantizando la responsabilidad que a las Comunidades Autónomas y a las Administraciones educativas les corresponde en la creación y extensión de su oferta educativa y que se elabore  un mapa escolar que, teniendo como eje vertebrador del sistema la red pública, garantice un compromiso de cuota de equilibrio entre redes, tomando como referencia la actual distribución del sistema educativo en su conjunto y la diversidad de realidades territoriales.

Para combatir el fracaso escolar exigimos, entre otras medidas, un plan de choque en la ESO, programas integrales que favorezcan la intervención coordinada del ámbito escolar y del comunitario y de servicios educativos complementarios y la implantación nuevos profesionales a las plantillas de los centros. Entre las medidas propuestas por CCOO están las siguientes:

Para el profesorado, solicitamos un Estatuto Docente en base a los compromisos que el MEC adquirió en el marco institucional de la Mesa Sectorial del 18 de abril de 2007; instaurar una prórroga indefinida del sistema de jubilaciones voluntarias y anticipadas establecido en la LOE, aumentando considerablemente la cuantía de las gratificaciones; una promoción profesional en el propio puesto de trabajo, personal, voluntaria, progresiva y homologable en todo el Estado, y reducir la alta tasa de temporalidad, mediante generosas ofertas públicas de empleo para atender las necesidades reales del sistema. Las ofertas de empleo de las Administraciones educativas deben impedir que se supere un índice del 8% el índice de interinidad en los cuerpos docentes.

En lo que respecta a la universidad, abogamos por un acuerdo educativo-político por la educación superior que dé estabilidad y garantías de financiación pública a nuestro sistema universitario e incrementar el gasto en educación superior e investigación hasta alcanzar la media del resto de países de la OCDE y de la UE. Además, debe desarrollarse el Estatuto Básico del Empleado Público en el sector universitario, asumiendo que los interlocutores sociales son agentes fundamentales.

Otra cuestión prioritaria en el capítulo universitario es evitar que los precios del Máster sean un arma de discriminación de los estudiantes con menos recursos económicos, para el acceso a los puestos de trabajo y que estos estudios tengan tasas similares a los de grado.

LOS SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA EXIGEN MÁS INVERSIÓN Y UN PACTO DE ESTADO PARA LA EDUCACIÓN

Los sindicatos principales de la enseñanza pública aspiran, en general, a que se alcance un pacto de Estado en la próxima legislatura que transmita estabilidad al sistema educativo y que el gasto de las administraciones en este sector sea, como mínimo, el 6 ó 7 % del PIB.

Con vistas a las elecciones generales, FE-CCOO, STES, FETE-UGT, CSI-CSIF y ANPE están presentando sus propuestas a los partidos parlamentarios, a los que quieren enviar un mensaje claro: "prioridad" para la enseñanza pública y condiciones socio-laborales dignas para el profesorado.

Entre las peticiones figuran la distribución "equilibrada" de alumnos con dificultades de aprendizaje entre centros públicos y concertados; menos alumnos por aula; más profesorado y contratación de personal complementario especializado y un estatuto docente (que no cuajó en esta legislatura) que garantice una carrera profesional motivadora.

STES pide que la financiación alcance el 7% del PIB, al igual que FE-CCOO, que además desea que llegue al 2,1% en la universidad; FETE-UGT y CSI-CSIF apuntan al 6% y ANPE a un incremento que acerque a España a los primeros países de la OCDE.

En 2007 el gasto educativo de todas las administraciones fue el 4,36% del PIB, según estimaciones provisionales publicadas por el Ministerio de Educación; en 2004 la media de la UE era ya el 5,09%.

CCOO plantea un plan integral de atención al estudiantado inmigrante y otro de choque en la ESO contra el fracaso escolar, con medidas de prevención en Primaria, y una oferta suficiente de plazas públicas de primer ciclo de infantil (0-3 años). Respecto a la universidad se muestra preocupado por la discriminación que pudieran generar los precios de los máster oficiales.

STES reivindica la paralización de los conciertos educativos con empresas privadas; eliminar la enseñanza escolar de cualquier religión y comisiones de escolarización en todos los municipios, con supresión de criterios de selección como la renta. Su portavoz, Augusto Serrano, ha explicado a Efe la necesidad de un complemento de 275 euros mensuales para todos los docentes por la aplicación de la reforma educativa y la coyuntura social; igual titulación para ejercer en toda la enseñanza y reducción horaria desde los 55 años sin menos salario.

Según el secretario general de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, es fundamental que no se repita la crispación política y social de los últimos años y que las nuevas leyes autonómicas, además de llevar memoria económica, propicien pactos para que la educación vertebre y cohesione socialmente. Para mejorar los resultados este sindicato pide que se potencie la 'personalización' de la educación, profundizar en la autonomía de los centros, potenciar la compresión lectora y, en definitiva, una atención adecuada a la diversidad.

En cuanto al primer ciclo infantil reclama que tenga carácter educativo y que se extienda su gratuidad y la red de escuelas.

En relación con el estatuto docente los sindicatos insisten en la ampliación del período de aplicación de la jubilación voluntaria anticipada, promoción profesional con incentivos económicos atractivos, valoración de la experiencia en el acceso a la función pública y reducción de la temporalidad.