Los cinco sindicatos más representativos en la enseñanza, CCOO, STES-Intersindical, ANPE, CSIF y FETE-UGT ofrecieron el pasado día 12 una rueda de prensa en Madrid para anunciar su apoyo a la huelga que el jueves 14 habían convocado distintas organizaciones sindicales en Cataluña en contra de las líneas fundamentales contenidas en este documento de bases para la futura Ley de Educación catalana.

Las organizaciones sindicales de ámbito estatal coincidieron en que el borrador presentado por la Consejería de Educación del Gobierno catalán atenta contra la enseñanza pública y las condiciones laborales del profesorado.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, denunció que el objetivo del proyecto es privatizar el servicio público de la enseñanza apostando por la gestión privada y la intervención unilateral en las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Campos, que subrayó que "esta ley educativa no responde a una demanda de la sociedad catalana ni de la comunidad educativa", recordó que el documento elaborado por la Consejería "rompe con el Pacto Nacional para la Educación, en el que hace dos años los sindicatos y las entidades de la comunidad educativa establecieron compromisos con las patronales, la Consejería y las entidades municipalistas para mejorar la calidad y la equidad en la educación".

El Pacto Nacional para la Educación establecía un consenso para poner fin a un sistema educativo segmentado en dos redes educativas paralelas, donde el alumnado se distribuye en función de su nivel socioeconómico. En este Pacto se contempla un único servicio público educativo formado por todos los centros sostenidos con fondos públicos, con los mismos derechos y deberes, el compromiso expreso de escolarizar sin seleccionar a todo tipo de alumnado, y un período de seis años para avanzar hacia la gratuidad efectiva de todos los centros. El propósito es hacer más pública la escuela privada.

En este mismo Pacto se consiguieron consensos para invertir en apoyo a las familias, en educación extraescolar y ocio educativo, para mejorar las condiciones laborales del profesorado, para la innovación educativa y para reformas organizativas de la administración y los centros. También recogía un aumento hasta el 6% del PIB del gasto educativo y la plasmación en una ley de educación de Cataluña de los desarrollos normativos necesarios.

Sin embargo, el documento de Bases para la Ley de Educación elude prácticamente los compromisos del Pacto y, en cambio, centra su contenido básico en la gestión y organización de los centros públicos de enseñanzas obligatorias, renunciando a la intervención y el control sobre las escuelas privadas concertadas. Nos ha sorprendido y nos ha indignado.

El sindicato reprochó a la Consejería haber preferido pactar “con el lobby de los titulares de los centros concertados y con CIU, en lugar de mantener el consenso de la comunidad educativa logrado con muchos esfuerzos en el Pacto Nacional por la educación”.

CCOO denunció que en el proyecto "desaparece el concepto de gratuidad, no menciona la educación infantil de 0 a 3 años, apenas se apunta alguna reflexión o medida acerca de las enseñanzas postobligatorias y toda la educación extraescolar es ignorada completamente". Por el contrario, criticó que en el borrador "se estimula el crecimiento del sector privado concertado e incluso la gestión indirecta de los centros públicos, iniciando así un camino para hacer más privada la escuela pública. Además, en el documento desaparece el compromiso de alcanzar el 6% del PIB en gasto educativo público.

Por último, el sindicato lamentó que en el proyecto se manifieste el propósito de intervenir en condiciones de trabajo del profesorado de la pública y organización de los centros públicos sin pactar previamente con los sindicatos el alcance y sentido de tales medidas.