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SE NECESITAN MIL MILLONES MÁS DE EUROS AL AÑO PARA REEQUILIBRAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA



 



Los beneficios fiscales en el IRPF destinados a la vivienda en propiedad o alquiler son un mecanismo injusto e ineficiente de las política públicas porque benefician más a las personas con mayor capacidad de gasto.







Foto: Carme Chacón, ministra de Vivienda


Las elecciones del 9 de marzo son un buen escaparate para que las fuerzas políticas asuman compromisos concretos en relación con las principales demandas de la ciudadanía. Es el caso de la vivienda. Más allá de las ocurrencias electorales y la subasta de rebajas fiscales en la que parecen haber entrado los partidos mayoritarios, CCOO considera que las necesidades en política pública de vivienda son apreciables, tanto por los excesivos pagos que asumen las personas endeudadas como por la barrera para independizarse que no pueden superar otros, y también por sus repercusiones sobre la negociación de los salarios. La transición a un modelo productivo diferente, no permite un crecimiento desmesurado de los salarios alejado de las ganancias de productividad, por tanto, el acceso a la vivienda se debe solucionar disminuyendo el esfuerzo real de las personas, y la experiencia muestra que después de gastar cantidades ingentes en políticas públicas dirigidas a la compra de vivienda, la fórmula de apostar por el alquiler puede ser muy interesante.

A juicio de CCOO, una política ambiciosa de vivienda con estas características ayudaría a los “mileuristas” a mejorar su vida cotidiana sin empeorar la competitividad de la economía española. Un aumento del gasto significativo (1.000 millones de euros adicionales al año) en la línea de reequilibrar las políticas públicas de vivienda, puede rebajar los precios finales al conseguir un aumento en la oferta y hacer más solvente una parte de la demanda.

De esta forma, concluye CCOO, una medida como la citada sería neutral para las cuentas públicas a medio plazo al reducir el elevado coste de una deducción que a quien beneficia en mayor medida es a los promotores. El intento de modificar una política cara y fracasada como la aplicada en los últimos treinta años se enfrenta a los intereses particulares, pero se podría producir una alianza entre las distintas administraciones, sin cuestionar las competencias de cada una, para primar el acceso de los ciudadanos sobre los intereses de una minoría.

 

 
 
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