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LA SEMANA DE 65 HORAS REVIENTA EL SUEÑO EUROPEO |
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El trabajador europeo está desconcertado. Por la noche, se acuesta con el nuevo discurso dominante: las empresas deben tomarse en serio la necesidad de conciliar la vida laboral y la vida privada, los países más productivos no son aquéllos en los que se trabaja más horas, las empresas modernas miman al máximo la salud de su gente, sociólogos y filósofos nos han prometido para el siglo XXI una nueva sociedad del ocio, con tiempos de trabajo cortos gracias a la implantación de las nuevas tecnologías... Por la mañana, el mismo trabajador se desayuna con la confirmación de que la conciliación era sólo un cascarón verbal: lo que de verdad viene es una brecha, un enorme boquete abierto en el techo de su semana laboral y en el de Europa, la cuna del modelo social. |
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¿Deben los europeos trabajar más horas para ser más competitivos en el mundo, como les permite la decisión adoptada esta semana por una mayoría de países miembros de la Unión Europea, ante el desmayo de un Gobierno español que promete no aplicarla? ¿Hasta qué punto la Vieja Europa, donde soplan fuertes vientos liberales, va a cometer perjurio contra sus propias bases sociales en ese empeño?
Los defensores de la polémica decisión, que requiere una bendición del Parlamento Europeo que no está clara por la movilización de la izquierda que se avecina, niegan la mayor: que no hay golpe social. No en vano, el Reino Unido, tras 15 años de batalla, ha logrado colar la expresion de moda, la free-choice o libre elección. Dicen: si un trabajador quiere trabajar más allá de las 48 horas semanales que fija el marco legal europeo -en España, se cumplan o no, son 40 las horas contempladas en el Estatuto de los Trabajadores, salvo en el caso de colectivos con su propio estatuto, como los médicos, los bomberos o la policía, y salvo que se hagan horas extra, hasta un máximo de 80 al año- ¿por qué se le debe impedir bajo ciertas condiciones?
A menos que un trabajador renuncie a ello, se supone que de forma voluntaria, la semana laboral europea se mantiene en las actuales 48 horas, subraya por activa y por pasiva la Comisión Europea. Ésta recuerda incluso que, a quienes superen ese tope, se les cuida poniéndoles un límite. Será de 60 horas, o de 65 en el caso de las profesiones con guardias, como los médicos. En realidad no es un tope, sino un promedio de tres meses. Así, si los europarlamentarios no lo impiden, uno podría encontrarse trabajando una semana, por ejemplo, ¡78 horas!
John Messenger, investigador principal del Programa sobre las Condiciones de Trabajo y del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), subraya desde Ginebra "el probable impacto negativo para la salud y seguridad de los trabajadores, y también para el equilibrio de su vida laboral y privada," que resultaría de una semana generalizada de hasta 65 horas. Según la OIT, 600 millones de personas trabajan "excesivamente", es decir, "más de 48 horas a la semana", el límite que esta organización estableció hace 90 años. Diversos informes de la OIT afirman que trabajar más de 50 horas por semana eleva el estrés y la fatiga, causa desórdenes en el sueño, malos hábitos de vida y, a la larga, transtornos musculoesqueléticos, enfermedades cardiovasculares y mentales, infecciones crónicas.
¿Hasta qué punto superar las 48 horas se mantendrá como excepción? "La negociación individual entre la empresa y el trabajador que plantea la directiva no es de igual a igual. La situación del trabajador es de debilidad total", advierte Raúl Riesco, director general de Trabajo. El ex secretario de Estado de Economía y profesor de IESE Alfredo Pastor prefiere plantearlo en estos términos: "El trabajador con talento, el crack buscadísimo por las empresas, tiene poder de mercado como para negociar. Por eso algunos sugieren que se está dando un margen de libertad. Pero para la mayoría de trabajadores sin ese poder, hablar de 60 horas es plantear un recorte a la protección social".
El Gobierno español ha avanzado que seguirá sin permitir que se supere el tope de las 40 horas. Pero Riesco admite "preocupación por la posibilidad de estar rodeados de países donde las largas jornadas se eleven a la categoría de normal y que intenten captar empresas, es un golpe al modelo europeo".
"O abrir la puerta a la competencia desleal, o volver a las historias de Charles Dickens", reflexiona Toni Ferrer, secretario confederal de Acción Sindical de UGT, quien, junto a CC OO, ha prometido hacer una "dura campaña" para que el Europarlamento ataje la norma. "Si no, el desapego del ciudadano europeo con la UE se disparará", añade. Los sindicatos parecen recobrar bríos con esta batalla en la actual Europa liberal. Se enfrentan a un disparo a su propio papel y al de la negociación colectiva. "Al trabajador individual va a serle imposible resistir la presión de una compañía que exija alargar el horario laboral", augura Ignacio Fernández Toxo, secretario de Acción Sindical de CC OO. Prevé un otoño caliente.
A la cabeza de la manifestación se han puesto los médicos. No sólo porque les afecta en particular la posibilidad de alargar la semana laboral a 65 horas, sino porque la directiva distingue, en el caso de una guardia, entre periodo activo y periodo inactivo. Contempla la posibilidad de que el tiempo que un médico pasa de guardia en un hospital, pero durante el que no atiende directamente a un paciente, no sólo no sea considerado tiempo de trabajo, sino que se interprete como tiempo de descanso.
"Vamos hacia el desastre. La directiva, si se aplica, cuestionará el compromiso con la calidad de la asistencia de los médicos y con su salud", subraya Patricio Martínez, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Esperanza de Barcelona y secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos.
Diversas sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo -una de ellas, en 2000, a raíz de un litigio sobre el régimen laboral de los médicos dependientes de la consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana- dejan bien claro que la jornada laboral máxima de los médicos debe ser de 48 horas semanales, guardias incluidas. La directiva las ignora.
"¿Acaso nos van a poner un cronógrafo? ¿Y si el médico no está con un paciente pero revisa un expediente o espera el resultado de una analítica? ¿Está descansando?", se interroga Martínez, quien advierte que en la directiva tampoco queda claro que se pueda respetar la actual obligación de descansar un día tras haber hecho una guardia. "El motivo de toda esta cruzada es el déficit de médicos", explica el doctor Carlos Amaya, neurocirujano de La Paz y vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados. El Reino Unido amplió en un 20% la oferta de plazas de estudiantes en sus facultades de Medicina y no la cubrió. "Así que intentan estirar la jornada de los que tienen", añade Amaya.
"Es imposible una atención sanitaria de calidad con una semana laboral de 65 horas", corrobora Loren Mármol, enfermera de 42 años que trabaja en el servicio de Urgencias y el área quirúgica del Hospital Espíritu Santo de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Mármol entra en el centro a las 21 horas y se queda 10 más. Hay semanas en que aplica este horario lunes, martes, viernes, sábado y domingo. Las alterna con otras cortas, de dos días, miércoles y jueves. "En la práctica, si alguien se pone malo y te piden que vayas, no te ponen una escopeta, pero, en fin...", cuenta.
Los empresarios españoles navegan con prudencia en este encendido debate, e insisten, al igual que el PP, en que las 60 horas semanales van a ser algo voluntario y la excepción a la regla. El responsable de Relaciones Laborales de la patronal CEOE, Fernando Moreno, apunta que "en España no hay demanda para cambiar la jornada laboral de 40 horas semanales, y que ya permite excepciones pactadas por acuerdos colectivos". Moreno sí reclama "mayor flexibilidad para distribuir las horas trabajadas en periodos de cómputo más largos, y que haya mejores adaptaciones a las puntas de actividad de las empresas".
Algunos empresarios sí se pronuncian abiertamente a favor de la directiva, sobre todo en sectores con fama de conllevar jornadas laborales largas, y en especial todo en determinadas épocas del año. Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería, opina a este respecto que "la economía europea necesita de una flexibilización del mercado laboral en cuanto a la distribución del tiempo de trabajo. Esta decisión, como todo cambio, genera incertidumbre, pero puede ser buena para la competitividad".
"En un restaurante familiar, trabajar menos de 10 horas al día es imposible", sentencia Jordi Vila, chef del establecimiento Alkimia, de Barcelona. A sus 34 años, asegura que ha pasado por 17 restaurantes y "nunca" ha trabajado menos de 12 horas al día. Ahora, en el suyo propio, dice: "Cuando oigo hablar de las 35 horas pienso que yo las hago ¡en dos días y cuarto!".
La restauración, la hostelería, el comercio, la medicina, la asistencia a las personas, el periodismo, los servicios profesionales son carne de jornadas largas. Clara G., que se debate entre semanas de 45 horas y otras de 30 en un geriátrico, confiesa que "tanto psicológicamente como físicamente, trabajar muchas horas seguidas resulta agotador, ya que el trabajo implica movilizar a personas mayores sin mucha fuerza".
Las consultoras de Recursos Humanos no esconden su sorpresa. "Hablar de 60 horas va a contracorriente", dice Begoña Benito, directora general en España de Watson Wyatt. "Si habláramos de casos puntuales voluntarios, me parecería fabuloso, soy liberal. Pero según se aplique, se corre un riesgo: que las empresas se aprovechen", anticipa. En Europa se ha puesto de moda el concepto de la flexiseguridad . Conciliar la seguridad en el puesto de trabajo con la flexibilidad que requiere la empresa. La experta en Derecho Laboral Esther Sánchez, asegura desde Esade: "Tal vez estemos poniendo demasiado el acento en la flexi , más que en la seguridad. Esto es una regresión".
Aún peor que en China
- China. La ley laboral china data de 1995 y fija la jornada en ocho horas diarias, cinco días a la semana, aunque el modelo puede ser flexible con el permiso de la autoridad. En todo caso, el tiempo extra no debe superar una hora diaria en general y nunca más de tres. En un mes, no se pueden realizar más de 36 horas suplementarias (nueve a la semana), lo que fija el tiempo de trabajo semanal máximo en 49 horas. Pero muchos trabajadores se ven obligados a hacer jornadas de más de 11 horas, seis días a la semana, para elevar sus magros salarios. - EE UU. La semana laboral estadounidense es, normalmente, de 40 horas. La Ley de Buenas Prácticas Laborales de 1938 establece que el resto de horas se compensen en concepto de "trabajo extraordinario", con una remuneración del 150% respecto al salario base. Sin embargo, en trabajos que exigen una elevada cualificación como la abogacía o la inversión bancaria, rara vez se cumple este límite. A los trabajadores se les suele asignar una jornada diaria que comienza a las nueve de la mañana y finalizada a las cinco de la tarde, con poco más de quince minutos para el almuerzo. En cuanto a vacaciones, a los nuevos empleados no se les concede más de una semana al año.
EL PAÍS - Ariadna Trillas (13/6/08)
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EL REFUERZO DE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO DISMINUYE LA CONFLICTIVIDAD EN LAS AULAS |
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Los datos presentados en el V Pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León confirman la tendencia a la baja de los conflictos en los centros educativos de la Comunidad Autónoma, gracias tanto a la puesta en marcha de este órgano sectorial en el año 2005 y a la normativa desarrollada desde entonces que dota de instrumentos al profesorado para ejercer un mayor control dentro de los colegios e institutos y a una mayor implicación de los docentes en esta tarea al ver reforzada su autoridad. Así lo resaltó ayer el viceconsejero de Educación Escolar, Fernando Sánchez-Pascuala, que presidió el pleno, en el que participaron sindicatos, madres y padres de alumnos, empresarios de la enseñanza y otras entidades públicas y privadas implicadas en la enseñanza, así como representantes de las consejerías de Sanidad y Familia del Gobierno regional. |
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Desde el curso 2005-06, en el que se implantó el Plan de Convivencia Escolar, la conflictividad en los centros educativos ha disminuido constantemente. En concreto en el curso recién finalizado fueron 9.096 alumnos que los presentaron alteraciones de comportamiento, lo que supone 2,6 por ciento de los 360.000 estudiantes que cursaron enseñanzas obligatorias en el curso 2007-08. En total, los centros educativos notificaron 24.218 incidentes contra la convivencia, que se dieron en el 56% de los colegios e institutos de la Comunidad Autónoma.
Fernando Sánchez-Pascuala señaló ante los periodistas que la tendencia positiva se está logrando desde la constitución del Observatorio y la promulgación de los derechos y deberes de la comunidad escolar, incluyendo el compromiso de las familias de los alumnos. «La conflictividad se evita con vigilancia y sobre todo con educación, que es la mejor medida preventiva».
También esa implicación, a la que obliga la normativa autonómica, explicaría el incremento los casos de conflictos entre iguales (agresiones, amenazas, insultos...) que ahora son detectados por el profesorado en espacios antes «oscuros» como son el patio o los cambios de clase. Sin embargo, Sánchez-Pascuala recalcó que el 78,2% de los casos de alteración de la convivencia se da dentro de las aulas con conductas disruptivas que alteran la normal marcha de las clases.Los conflictos en las aulas detectados se han incrementado no tanto por una mayor conflictividad, sino porque «el umbral de tolerancia del profesorado ante esas actitudes, acertadamente, ha bajado, siendo menos tolerantes con esos comportamientos», apuntó Fernando Sánchez-Pascuala ante los periodistas.
A pesar de la satisfacción de la Consejería de Educación ante los datos conocidos ayer, que por el momento son provisionales, Sánchez-Pascuala advirtió en en este tema «nunca se puede estar plenamente satisfecho». De hecho, resaltó la preocupación que supone para su departamento y el Observatorio el 2,6% de alumnos que reinciden en comportamientos conflictivos. Ante esta situación, la Universidad de León está realizando un estudio para definir el perfil de estos alumnos, crear un instrumento de detección de éstos y metodologías de intervención. De todos modos, los alumnos reincidentes vuelven a descender, pero, como señaló el viceconsejero, muchos de ellos son protagonistas de un gran número de casos de alteración de la convivencia.
Respaldo normativo
El viceconsejero de Educación Escolar explicó que el incremento del número de expedientes abiertos a alumnos, 655, lo que supone un 10% frente al 6% del curso anterior, se debe a que «el profesado cuenta con una normativa nueva que respalda sus iniciativas contra los conflictos escolares, facilitando por ejemplo la tramitación de expedientes, lo que está contribuyendo a que los docentes estén plenamente implicados en esta tarea».
A lo largo del curso pasado se investigaron 167 casos de posible acoso, confirmándose en 54, que fueron tratados y que en ningún caso supusieron el cambio de colegio para los acosados. Sólo en el curso anterior se confirmaron 127 casos de acoso. En el caso de los acosos, Sánchez-Pascuala advirtió que en ocasiones su detección no es inmediata, lo que dificulta la resolución del conflicto, que puede prolongarse durante meses e incluso pasar de un curso a otro, «porque en el acoso funciona el intimidación de la víctima», que se residente a denunciar o pedir ayuda.
En el pleno celebrado ayer se acordó incluir en las estadísticas sobre convivencia escolar, los casos de desavenencias entre padres de alumnos y profesores, un conflicto también presente en la vida escolar y que es una de las demandas de los sindicatos de enseñanza.
Por último, Fernando Sánchez-Pascuala reconoció que los conflictos de convivencia en los centros escolares generan alarma social, pero resaltó que «con la labor del Observatorio pasamos de los mitos a la realidad».
ABC - Félix Iglesias (26/6/08)
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DIÁLOGO SOCIAL: RUIDO E INDEFINICIÓN |
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró el diálogo social de su segunda legislatura con varias declaraciones enfáticas que no aclaran el tratamiento de la presente crisis económica, que él prefiere calificar de desaceleración, ni las reformas laborales y sociales que necesita la economía española para competir holgadamente en los mercados internacionales.
Ha causado impacto su compromiso de que "no habrá ninguna iniciativa laboral sin consenso con los interlocutores sociales"; pero o bien es una declaración protocolaria, puesto que una reforma laboral en profundidad no puede tener éxito sin la aquiescencia de empresarios o sindicatos, o bien es un ejemplo más de esa tendencia del presidente a ponerse limitaciones innecesarias cuando se trata de afrontar problemas políticos de envergadura.
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Tampoco parece un rasgo de habilidad su decisión de tomar personalmente las riendas del Pacto Social. Sin duda, pretende convencer a la opinión pública de su decidida implicación en la paz social; pero de nuevo recorta su capacidad de maniobra para imponer el último criterio en caso de una negociación enrevesada o de apuntarse un tanto político con una concesión en el último minuto. Aquí surge otra de sus especiales formas de hacer política, que consiste en apagar el protagonismo de los ministros y reducir su autonomía negociadora. Presidencialismo se llama esa figura.
La objeción principal a esta apertura del diálogo social es la indefinición de los objetivos que persigue y la vaguedad de los criterios oficiales sobre los efectos de la crisis económica en las pensiones, el desempleo o el mercado de trabajo. Saben bien en La Moncloa y en Economía que la crisis está produciendo una elevación en el coste del desempleo, una caída de los ingresos de la Seguridad Social y una subida preocupante de los gastos. Este empeoramiento de las cuentas sociales exige alguna definición rápida sobre las reformas adecuadas para reforzar la red de protección social. No está claro que el equipo económico, ahora ocupado casi del todo por la iniciativa del presidente, tenga claras las decisiones que deben discutirse de forma perentoria.
Por el contrario, el presidente y el ministro de Trabajo se distraen de la tarea principal creando una polémica innecesaria con el gobernador del Banco de España a cuenta de la solvencia de las pensiones. El regulador financiero opina, no sin fundamento, que el sistema puede tener dificultades hacia 2015 y que sería necesario ampliar el periodo de contribución que da derecho a pensión. Es obvio que la respuesta de Rodríguez Zapatero y Celestino Corbacho tiene truco, puesto que defienden la solidez actual de las cuentas. En lugar de enzarzarse en polémicas banales, el Gobierno debería explicar si continuará tratando esta crisis sólo con políticas fiscales o si también acometerá una reforma profunda de los mercados, incluido el laboral.
EL PAÍS - (20/6/08)
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