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| Entrevistamos a JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
Presidente
de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte del Congreso de los Diputados |
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– ¿Cuáles son los principales retos en educación en esta nueva legislatura?
– Podemos sintetizarlos en tres objetivos. Por un lado, un primer objetivo es la lucha contra el abandono escolar; el segundo, es la reforma de la Formación Profesional. Hay tercer objetivo muy importante desde varios puntos de vista, que es la extensión de la Educación Infantil para los niños y niñas de cero a tres años: el plan Educatres. Responden a la voluntad de que los niños se incorporen pronto al sistema educativo, con los beneficios que eso tiene en términos pedagógicos. Y también, es evidente, mejora la posibilidad de los padres de conciliar vida laboral y familiar.
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– En el Parlamento la ministra de Educación calificó de “problema de Estado” el abandono escolar prematuro, ¿qué le parecen las medidas propuestas?
– La ministra tiene toda la razón, y encontró una feliz expresión al denominar al abandono escolar “un problema de Estado”. Nuestro país tiene unos resultados peores que los de nuestro entorno en este aspecto. Para mí, lo más preocupante es la explicación sociológica del fracaso y abandono escolar: la desigualdad social. Según datos de 2007, el fracaso escolar de un joven de clases agrarias es seis veces más alto que el de un joven de clase alta. Hasta ahora se han puesto en marcha programas de Mejora del Éxito Escolar y de Disminución de las Bolsas de Abandono Temprano. En esta legislatura entrarán en vigor los Programas de Cualificación Profesional Inicial, destinados a los mayores de 16 años que no han alcanzado el Graduado en Secundaria Obligatoria, de modo que puedan formarse en enseñanzas técnico-profesionales y, también, graduarse en ESO.
– ¿Puede afirmarse que el acuerdo alcanzado entre el Ministerio y las autonomías para mejorar la enseñanza es un Pacto de Estado por la educación?
– Más que de un Pacto de Estado, que suena muy solemne, se trata de un acto de responsabilidad, por el que las diversas administraciones que tienen competencias educativas se proponen remar en la misma dirección. En un Estado autonómico como el nuestro, las comunidades autónomas y el Gobierno tienen la obligación de dialogar, llegar a acuerdos y colaborar. Lo que hemos visto en la última reunión apunta en esa dirección.
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