– ¿Qué le parecen las críticas de quienes creen que Bolonia es un pretexto para privatizar la universidad?

– Detrás de estas críticas se esconde el temor a que las empresas y el sector privado puedan afectar a la autonomía de las universidades. Mientras la parte presupuestaria de las universidades sea suficiente para mantener su carácter público, no hay ninguna posibilidad de que las universidades públicas estén controladas por el entorno privado, eliminando su autonomía, ya que la propia fórmula de gobierno universitario no lo permite. Las empresas y la universidad deben encontrar un punto de diálogo porque son una parte de la sociedad y hoy nadie puede cumplir su función encerrado en su torre de marfil. Ahora bien, esas relaciones tienen que ser de igual a igual, no de dependencia.

– ¿ Por qué es necesario un Estatuto del Personal Docente e Investigador?

– En cuanto al profesorado, la implicación en el cambio debe estar ligada al Estatuto. Durante veinticinco años nos hemos regido por una normativa sin modificar. Según como hagamos el Estatuto va a salir una universidad u otra. Por tanto, esta modificación legal debe hacerse en función del modelo de universidad que queremos y no atendiendo exclusivamente nuestros propios problemas como colectivo. Seguramente queremos utilizar el Estatuto para solventar problemas más de orden estructural. En relación con la endogamia, es evidente que podremos sentar las bases en el propio sistema si consideramos que no es bueno alimentar un sistema endogámico.

Por lo que respecta al personal y servicios de la universidad, el cambio debe empezar por la apertura de una mesa de negociación y de diálogo.