Europa Press (15 de enero de 2009)

Lo advirtien representantes de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), el Foro de la Familia, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y Profesionales por la Ética, con motivo de la reunión del pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el próximo 26 de enero, para resolver los primeros recursos de casación pendientes contra varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el de Asturias.

Por tanto, van a ser los primeros casos en los que el Alto Tribunal va a tener la oportunidad de unificar doctrina para todos los tribunales y administraciones de justicia de España sobre si deben o no amparar la objeción.

"No somos ciudadanos rebeldes e insumisos", advirtió el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, que aclaró que tanto padres como asociaciones han optado por la vía jurídica para defender ante los tribunales lo que consideran "un derecho". "Tenemos una absoluta confianza en lo que pueda dictar y esperamos con ansia el pronunciamiento, porque estamos seguros de que va a ser comprometido con la libertad y los derechos constitucionales como los que reclamamos", aseveró.

En la misma línea, el presidente de los propagandistas, Alfredo Dagnino, señaló que los padres y asociaciones "confían" en la Justicia y "acatarán" la sentencia del Supremo. Sin embargo, advirtió de que seguirán su "batalla cívica, no sólo jurídica sino también cultural, gracias al compromiso decidido de los padres". Recordó, además, que este colectivo ha optado "de forma legítima" por el derecho a la objeción de conciencia, "que no exige un reconocimiento específico".

"PEDIMOS RESPETO PARA EL SUPREMO TRABAJE SIN COACCIÓN"

Por su parte, el presidente de la confederación católica, Luis Carbonel, denunció la campaña, "orquestada por alguna asociación de padres y por el Gobierno", para "intentar infundir miedo y presionar al Tribunal Supremo para que dicte una sentencia en contra de los objetores". "Esta actuación roza casi lo delictivo", subrayó Carbonel, para pedir "respeto" parta que los magistrados del Supremo "trabajen sin ningún tipo de coacción".

En representación de la plataforma Profesionales por la Ética, cuyo principal objetivo desde hace dos años ha sido informar y asesorar a padres y asociaciones sobre la posibilidad de objetar a la materia, así como de llevar un recuento de las objeciones, su secretario general, Fabián Fernández, indicó que existen más de 50.000 impugnaciones; 17.000 recursos judiciales; 78 asociaciones de padres; y más de 270 resoluciones (tanto autos como sentencias) "que amparan esta iniciativa". "Esta batalla está haciendo historia y supone un hito sin precedentes en España", celebró.

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados afirma que espera que el Tribunal Supremo avale la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, ya que "para lo único que ha servido esta materia, ha sido para dividir a la sociedad española".


EL TSJCV FALLA CONTRA EPyC CON TRADUCCIÓN AL INGLÉS
Valencia (17/1/2009)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha suspendido cautelarmente la obligación de que el profesor de inglés imparta Educación para la Ciudadanía (EpC) junto con el titular de la asignatura, así como la necesidad de que ambos coordinen la programación de la materia. En un auto hecho público ayer por CC.OO., el TSJCV estima parte del recurso interpuesto por este sindicato contra la resolución de la Consejería de Educación del pasado 1 de septiembre en la que se establecen las instrucciones para impartir Ciudadanía.

El tribunal considera que los únicos apartados que pueden suponer un perjuicio para los profesores, «únicos perjuicios que pueden ser considerados por la Sala al ser un sindicato el que recurre», son el 2 y el 3, que establecen la presencia de dos profesores en el aula y la necesidad de que coordinen conjuntamente la asignatura.

Según el TSJCV, ambos apartados «pueden causar perjuicios irreparables para el profesor titular de la materia, pues se le priva, aun cuando sea parcialmente, de sus competencias esenciales referidas a la programación didáctica de la asignatura de la que es titular».

No obstante, se mantiene la competencia del profesor titular para evaluar los contenidos de la asignatura, así como la posibilidad de que esta se imparta en inglés, cuestión que de momento está sometida a la moratoria presentada por el Consell a la orden que regula la enseñanza de EpC y que obligaba a impartirla en esta lengua.

El tribunal entiende que el tiempo dedicado a impartir los conocimientos «se ve mermado sensiblemente por la necesidad de su traducción», lo que también obstaculiza «la participación del alumnado en la adquisición de conocimientos», y eso, añade, redunda en perjuicio del profesor, ya que no podrá impartir toda la materia.

Asimismo, señala que la exigencia de coordinación entre el profesor titular de la asignatura y el de inglés «se refiere a aspectos capitales de la programación didáctica que corresponden al titular de la asignatura y, por este procedimiento, se le sustraen», lo que le impide «decidir con autonomía».

Afirma que se debe preservar «el interés general ínsito en la docencia de que no se merme la capacidad didáctica de los profesores de una asignatura propia del sistema educativo» y señala que el «carácter irreparable» de los posibles perjuicios «aconseja la suspensión de los apartados 2 y 3 de la citada resolución».

Contra este auto cabe recurso de súplica, que deberá imponerse en el plazo de cinco días desde su notificación. Algo que la Conselleria de Educación está dispuesta a presentar ante el TSJCV.

CCOO CELEBRA LA SENTENCIA

El secretario general de la FE CCOO PV, Miguel Ángel Vera, resaltó, en declaraciones a Europa Press, el "éxito de todo el proceso impulsado por el sindicato en defensa de los trabajadores de la enseñanza y de su dignidad". "Ha ganado el principio de legalidad", sentenció.

De igual modo, el sindicato señala que "queda invalidado todo el proceso administrativo que están llevando a cabo los inspectores para recabar información sobre la forma en que cada profesor está impartiendo la asignatura, es decir, si son dos o un profesional en el aula".

Además, CCOO subraya que "también es nula la Circular que la Conselleria de Educación ha remitido recientemente a los centros y que fue objeto de diversas valoraciones en el seno de la Plataforma en Defensa de l'ensenyament públic", puesto que este documento "interpreta las instrucciones que ahora han sido suspendidas".

Así, EpC, en aquellos casos en los que no haya un profesor titular con competencias en habla inglesa y que haya manifestado su voluntad de impartirla en inglés, "ha de impartirse exclusivamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana", recalcaron estas fuentes.

Ante esta situación, CCOO se ha dirigido a la Conselleria de Educación para demandar una "reunión urgente" entre las dos partes con el fin de analizar el alcance del auto así como su "correcta ejecución".