EL SUPREMO DESARMA EL BOICOTEO
EL PAÍS - JULIO M. LÁZARO - Madrid - 29/01/2009

El Tribunal Supremo ha puesto punto final a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, impulsada desde el Foro de la Familia y otros sectores integristas católicos y respaldada por el PP en algunas autonomías, en una sentencia que determinará que la asignatura es obligatoria y hay que cursarla. Después de tres días de intensos debates sobre un asunto fuertemente ideologizado, los magistrados llegaron a un acuerdo que ayer dejó satisfecho al Gobierno y cuyos detalles se conocerán en las próximas semanas.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso acordó por 22 votos frente a 7 rechazar la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, al entender que no vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones, (artículo 27.3 de la Constitución), ni el derecho a la libertad ideológica y religiosa del artículo 16. La sentencia dejará claro, según fuentes del Supremo, que la asignatura hay que cursarla en todo caso, puesto que el alto tribunal no ha apreciado que haya "adoctrinamiento" al examinar las leyes educativas y ponerlas en relación con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

No obstante, el alto tribunal deja la puerta abierta a que si en los desarrollos de los decretos autonómicos o en los libros de texto se apreciasen por los padres contenidos contrarios a esos derechos, puedan impugnar esos contenidos bien ante la inspección educativa o, en su caso, ante los tribunales de lo contencioso.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso examinó concretamente el decreto estatal y del Principado de Asturias y la conclusión es que ninguno de los dos vulneran los derechos establecidos en los artículos 27.3 y 16 de la Constitución. La sentencia del Tribunal Superior de Andalucía que reconoció por primera vez el derecho a la objeción no cuestionó el decreto de la Junta, sino el estatal, que ha sido avalado por el Supremo.

Las fuentes consultadas no creen que de los demás decretos autonómicos, que en su mayoría se limitan a reproducir el estatal, se deduzcan motivos de inconstitucionalidad. Tampoco parece probable que los recursos pendientes en el Supremo -alrededor de 135- puedan contradecir la sentencia del Pleno dado que la mayoría se plantearon siguiendo un patrón común distribuido a través de Internet por los colectivos que alentaron la objeción de conciencia.

Sin embargo, el alto tribunal dejará a salvo que, al margen de la objeción, si por parte del Estado o de las administraciones autonómicas se detectan contenidos de libros de texto que vulneren derechos constitucionales, la Inspección correspondiente podrá hacer proceder a su retirada. Y si antes de que la Inspección actúe los padres consideran que determinados libros de texto presentan contenidos que vulneran sus derechos, podrán pedir su retirada a la Administración o acudir a la vía contencioso administrativa.

EL PP OBVIA EL VARAPALO Y ANIMA A IR AL CONSTITUCIONAL
EL PAÍS -CARLOS E. CUÉ - Madrid - 29/01/2009

El PP sufrió ayer un tremendo varapalo a la tesis central en la que se había instalado la cúpula del partido, con Mariano Rajoy a la cabeza, esto es, la defensa a ultranza del derecho a la objeción de conciencia contra Edudación para la Ciudadanía.

Hubo algunas dudas iniciales. Rajoy llegó a desautorizar en plena campaña electoral de 2007 a Esperanza Aguirre, que no quería impartir la asignatura, al decir "la ley hay que cumplirla". Pero al final, en una reunión presidida por Javier Arenas el 22 de septiembre de 2008, la dirección del PP se volcó con la línea dura, la de la Conferencia Episcopal: no a la asignatura, sí a la objeción. Se alejaba así de la más moderada posición de la FERE, la organización que agrupa a los colegios católicos concertados, que aceptan con condiciones la asignatura.

A pesar de esta contundencia, Génova, la sede nacional del partido, no consiguió imponer a todos sus tesis. Castilla y León siempre se ha resistido y no acepta la objeción de conciencia. Fuentes de esta comunidad señalaban que allí sólo hay 153 objeciones reales sobre 351.000 alumnos.

El PP nacional optó por la posición más intransigente, e incluso apoyó la deriva de la Comunidad Valenciana, que trató de imponer la asignatura en inglés hasta que se rindió por la presión de los profesores. Y ayer, tras el varapalo del Supremo, los populares decidieron no dar un paso atrás e incluso animar a los padres a que sigan su lucha y lleguen hasta el Tribunal Constititucional. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró que su partido "va a seguir dando la batalla política contra el adoctrinamiento" de la asignatura Educación para la Ciudadanía y anunció que "respaldará a las actuaciones que emprendan en el futuro los padres" objetores, informa Efe, entre ellas las de acudir al Constitucional.

Pese al varapalo, Alonso trató de limitar el impacto de la sentencia al señalar que ésta rechaza el derecho a objetar pero sólo "en los casos en los que se ha planteado", esto es, que se podrían presentar otros. La contundencia de lo que se conoce de la sentencia -el diputado también señaló que quiere esperar a ver la argumentación jurídica- no ha hecho al PP dudar de la promesa electoral que repitió Rajoy durante la campaña. Según Alonso, cuando llegue al Gobierno el PP suprimirá esta asignatura "que intenta meter doctrina partidista en las aulas".

Alonso trató de rebajar el optimismo que poco antes había transmitido en la misma sala del Congreso el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso. Para el diputado del PP, la sentencia "no le está dando al Gobierno un aval para adoctrinar a nuestros hijos ni se puede entender como una carta blanca para introducir el catecismo socialista".

El portavoz del PP, ex alcalde de Vitoria y uno de los hombres clave del nuevo equipo de Mariano Rajoy, insistió en que su partido seguirá estando con los padres "en la batalla que están dando para defender sus derechos y los de sus hijos". "Les hemos respaldado antes y les vamos a respaldar ahora. Los padres tiene que saber que estamos con ellos", recalcó.

VALORACIÓN DE LA MINSITRA DE EDUCACIÓN

El Tribunal Supremo acaba de dar a conocer un fallo que establece que Educación para la Ciudadanía es una asignatura como cualquier otra, y que asistir a sus clases es obligatorio para todos los estudiantes de España.

Esta decisión avala la Ley Orgánica de Educación, una norma que fue aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento hace tres años, y las actuaciones que el Ministerio y la mayoría de las administraciones educativas han desarrollado desde entonces.

El fallo establece que ningún gobierno puede incumplir las leyes, y que no eran ciertas las descalificaciones y manipulaciones que se han hecho sobre Educación para la Ciudadanía. No hay lugar a la objeción de conciencia sobre esta asignatura porque nada hay en ella que invada derechos fundamentales de los estudiantes. Todo lo contrario: Educación para la Ciudadanía les enseña sus derechos y deberes en una sociedad democrática y tolerante.

El Supremo también ha puesto fin a los intentos de hacer de esta asignatura y de los centros educativos un campo de batalla político. Algunos grupos políticos y sociales no han dudado en crear una polémica artificial y estéril con fines partidistas, sin importarles la calidad de la educación de nuestros jóvenes.

Lamento, en nombre del Gobierno, este debate irreal y el tiempo que hemos perdido. Un tiempo que no hemos dedicado a debatir sobre cómo mejorar la educación en España. Por eso, pido que aquellos padres que han evitado que sus hijos acudieran a las clases, que realicen un acto de responsabilidad y permitan que regresen a las aulas.

Desde el Ministerio trataremos de impulsar todas las acciones posibles para que estos niños recuperen los conocimientos que no han recibido en estos meses y tengan la opción de aprobar la asignatura. Para que tengan el derecho de recibir la misma educación que todos los demás estudiantes. Para ello hablaremos con todos los responsables autonómicos para buscar soluciones y evitar más perjuicios a estos estudiantes.

Es momento de pasar página. De que dediquemos nuestros mejores esfuerzos a debatir de manera constructiva para lograr una mejor educación para todos. Ha llegado la hora de aunar nuestros esfuerzos para consolidar un sistema educativo de máxima calidad. Tenemos la oportunidad y el deber de hacerlo.

Por eso me gustaría emplazar a estudiantes, padres y profesores, a organismos públicos y a todas aquellas organizaciones políticas o sociales que tienen algo que aportar al desarrollo estable de la educación en España, a dar un paso adelante.

A crear espacios de colaboración y de consenso. A realizar el ejercicio de responsabilidad necesario para que, entre todos, consigamos que nuestro sistema educativo dé el salto de calidad que nos merecemos.

Es la hora de hablar del éxito de los estudiantes, de mejorar la Formación profesional, de fomentar la lectura, etc. Es la hora de lograr la mejor educación posible para nuestros hijos".

CCOO APRUEBA LA SENTENCIA DEL SUPREMO

Ante el fallo del Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de impartir la materia "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos" y tras la objeción a la que hemos asistido por determinados sectores en contra de impartir esta materia, así como el absentismo promovido entre sus hijos para que no acudan a esta clase, el secretario general de la FECCOO, José Campos, ha recordado a las administraciones educativas que ningún gobierno puede incumplir las leyes y que es obligatorio cumplir la LOE, en la que se enmarca esta materia.

José Campos entiende que este asunto ha sido utilizado de manera partidista por determinadas organizaciones sin tener en cuenta los problemas que la objeción está causando en los centros escolares. También subraya que se ha tratado de un falso debate provocado por motivos ajenos a la educación académica.

CCOO comparte los contenidos de esta asignatura porque están basadas en los principios fundamentales de la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos principios aspiran a la transmisión y puesta en práctica de valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, ayudando a superar cualquier tipo de discriminación, en perfecta consonancia con los fines y principios de nuestro sistema educativo.

Por último, CCOO ante la situación que se ha creado en los centros educativos solicitamos al Ministerio de Educación y a los gobiernos autonómicos que se impulsen medidas que permitan solucionar las disfunciones creadas por los defensores de la objeción de conciencia.

NUEVOS DETALLES DE LA SENTENCIA

EFE (17 febrero).- El Tribunal Supremo ha concluido que los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) son compatibles con el derecho a la libertad religiosa e ideológica que proclama la Constitución y que no existe por lo tanto derecho a la objeción de conciencia. No obstante, el Supremo deja abierta la posibilidad de que los padres recurran a los tribunales cuando consideren que los libros de texto de la asignatura o las explicaciones de los profesores incurran "en el adoctrinamiento" o el "proselitismo", especialmente cuando se traten asuntos "sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española".

"En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa -ni tampoco los centros , ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas", considera el tribunal, que añade que éstas "pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales".

El Supremo ha concluido que la asignatura no vulnera el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Las sentencias, que incluyen varios votos particulares, no son literalmente exactas, ya que responden a cada uno de los recursos que se interpusieron ante el Supremo, pero coinciden en los argumentos al rechazar la posibilidad de objetar contra la asignatura.

Los fallos resuelven 4 recursos de casación, tres sobre sentencias del Tribunal Superior de Asturias y una del de Andalucía. El Supremo, tras constatar que la actividad del Estado en materia de educación es "obligada", señala que esa intervención tiene como objetivo asegurar la transmisión del conocimiento del entramado institucional el Estado, además de ofrecer una instrucción sobre los valores necesarios para el funcionamiento del sistema democrático.

La sala no excluye "de raíz" que en circunstancias "verdaderamente excepcionales" se pueda entender que de la Constitución puede surgir un derecho a quedar eximido del cumplimiento de algún deber jurídico, aunque incide en que "no estamos ante un escenario que permita reconocer el derecho a objetar".

Los magistrados discrepantes con las sentencias mantienen en sus escritos que los contenidos de esta materia pueden invadir la esfera de la privacidad y de la intimidad. Además, algunos magistrados han observado que las sentencias del Supremo no resuelven el debate que se ha abierto en la sociedad, y que en el futuro será necesario resolver caso a caso cada vez que los padres reivindiquen el derecho a elegir la formación religiosa y moral que quieren para sus hijos.

Las asociaciones defensoras de la objeción de conciencia han considerado que las cuatro sentencias hechas públicas por el Supremo prohíben el adoctrinamiento y ratifican el derecho de los padres a educar moralmente. El presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos, Luis Carbonel, se ha mostrado satisfecho porque, según él, las sentencias dan la razón "a más de 50.000 padres y héroes que han luchado por el derecho a educar a sus hijos".

LA OBJECIÓN SE DESINFLA EN EL MISMO TRIBUNAL QUE LE DIÓ ALAS
El País - 9/3/2009

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había sido uno de los pilares sobre los que se había sostenido la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La sala tercera, de la que forman parte algunos magistrados vinculados al Opus Dei, fue el primer tribunal que admitió la objeción en marzo de 2008. Pero, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se niega el derecho a objetar, esta vía se ha desinflado para los insumisos, y la sala tercera del TSJA, ha asumido la sentencia del Supremo y ya está rechazando la posibilidad a la que dio alas en un principio.

En un auto del pasado 25 de febrero, el TSJA deniega a una familia la posibilidad de que su hijo deje de asistir a esta asignatura. La sala tercera de lo contencioso administrativo admite en su resolución que el Supremo ha sentado "jurisprudencia sobre la materia", por lo que no se puede admitir la insumisión a Ciudadanía. El abogado Carlos Seco, miembro del PP y representante de varias familias de objetores, señala que el TSJA ya ha dictado dos sentencias más en las que se deja claro que la objeción no es posible.

Mientras, la Junta de Andalucía prepara la reincorporación de los alumnos a las clases. La Consejería de Educación tiene constancia de 25 sentencias favorables a los objetores. Otros 87 alumnos disponían hasta ahora de medidas cautelares que les permitían no asistir a la asignatura. Y habría que añadir otros 70 chicos y chicas que no entraban en clase sin sentencia ni medida cautelar alguna.

Libros de texto

A lo que se están agarrando ahora los objetores de Andalucía es a la posibilidad que dejaba abierta la sentencia del Tribunal Supremo para poder recurrir los contenidos de la asignatura. Es la vía que ha tomado la familia Flores Cano, de Bollillos Par del Condado (Huelva). Ellos fueron los primeros en recibir el apoyo del TSJA a la objeción. Y ya han anunciado que van a impugnar 12 de las 18 unidades del libro de texto de Educación para la Ciudadanía con el que se estudia en el centro en el que está matriculado su hijo.