Acaba de ser reelegido en el último congreso ¿Qué propuestas ha llevado?¿Qué iniciativas piensa poner en marcha más urgentemente?
He presentado diversas propuestas de acción sindical y organizativas. Entre las primeras, continuar en la línea mantenida hasta ahora, no en balde considero que nuestro balance es positivo. Pero quedan aspectos pendientes: el Pacto por la Educación, avanzar hacia mayores cotas de igualdad en la educación, los estatutos docente e universitario, la mayor financiación, la convergencia con Europa en la educación superior, la necesaria y eficiente articulación de las políticas educativas de las diferentes administraciones para asegurar una oferta educativa para todos en las mismas condiciones y posibilidades, etc., etc. En la consecución de estos objetivos están nuestras propuestas.
A nivel de nuestra organización interna, hemos de proseguir con el reforzamiento de nuestro sindicato, el incremento de nuestra afiliación, la consecución de mayor apoyo aún entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Adoptaremos medidas para promover el consenso, una mejor participación. Todo ello sin perder nunca de vista lo hecho ahora.
Afronta este nuevo congreso con un cambio de dirección en el sindicato ¿Cómo afectará eso a la federación de Enseñanza?¿Cambiará la línea seguida hasta ahora?
Ha habido un cambio de personas en la dirección de nuestro sindicato a nivel confederal, pero le recuerdo que nuestra ponencia, la que establece nuestra estrategia sindical, fue aprobada por más del 90% de los miembros del Congreso. Se trató de un amplio consenso que sigue la línea de acción sindical marcada en la última etapa.
En lo que se refiere a nuestra federación de enseñanza, el documento programático también ha sido aprobado de manera mayoritaria y en él profundizamos en las políticas reivindicativas mantenidas hasta ahora. Y a nivel interno, voy a seguir manteniendo también a partir de ahora mi oferta de integración y de consenso entre las diversas formas de entender u orientar nuestra acción sindical en el ámbito de la enseñanza. Pero esta actitud es la que he mantenido durante la etapa anterior, lo que significa que no he de esforzarme mucho para mantener las ofertas de integración de que le hablo. Si me insiste, le diré incluso que yo no sé proceder de otra manera, no sé funcionar en el marco de la confrontación.
Por otro lado, la mejor novedad que me cabe ofrecer es la mejora de nuestra capacidad reivindicativa, movilizadora y negociadora contando indudablemente con el concurso de todos, articulando nuestros mecanismos de participación para alcanzar propuestas derivadas de nuestro debate colectivo, teniendo en cuenta la enorme diversidad territorial y humana con que cuenta nuestra organización. Y con respecto a los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza, me cabe decir que, contando como contamos con su apoyo mayoritario en las últimas elecciones sindicales, vamos a seguir siendo el sindicato serio que ellos han considerado que somos dándonos su aval, firmes en nuestras exigencias, pegados a la realidad de los centros de trabajo, ofreciendo alternativas creíbles. Es decir, seguiremos siendo fieles a nuestras señas de identidad que nos han hecho ser un referente básico en el mundo de la enseñanza.
¿Qué balance hace de la etapa que acaba de cerrar ahora?
Hemos incidido en las últimas leyes educativas de manera significativa, en las que han quedado recogidas muchas de nuestras propuestas, lo cual no quiere decir que sean “nuestras” leyes porque han quedado también aspectos importantes en el tintero. Hemos alcanzado acuerdos laborales a nivel estatal, y eso con el escaso margen de competencias que el Gobierno central tiene en materia educativa y laboral. Se trata de algo que no se conseguía desde hace mucho. También querría destacar, el importante acuerdo que se alcanzó en torno al Estatuto Básico del Empleado Público, que nos afecta directamente, con indudables mejoras laborales y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, algo que, aunque pueda sorprender, no ha quedado establecido hasta hace muy poco.
Por otro lado, hemos incrementado nuestra afiliación cumpliendo los objetivos confederales. Pero de lo que estoy más orgulloso es de que nuestro sindicato sigue firme en ser el primero en la mayoría de los ámbitos de la enseñanza, habiendo conseguido ocupar por primera vez el primer lugar en el conjunto de la enseñanza, con más de 5.000 delegados y delegadas elegidos en nuestras candidaturas. Este aval rotundo de los trabajadores y trabajadoras es el balance que más nos satisface y es incuestionable.
Pero se han dejado asuntos importantes en el tintero como el Estatuto Docente ¿Por qué no se ha conseguido que salga adelante?
Claro que quedan asuntos en el tintero. Ese es el sino de nuestra acción sindical y de nuestro trabajo. Con respecto al Estatuto Docente, seguimos exigiendo que se respeten los compromisos adquiridos por el anterior equipo del Ministerio en el marco institucional de la Mesa Sectorial del 18 de abril de 2007. En cualquier proceso de negociación, si una parte hace una oferta concreta, como fue aquella, no es de recibo que al poco se retracte y dé marcha atrás. Es una actitud muy poco seria y puede llegar a decir muy poco sobre la credibilidad de sus compromisos. Es verdad que la actual situación puede suponer un serio impedimento para avanzar en este terreno, pero no puede dejarse la situación tal como está sine die.
Le tenemos dicho muy claro lo que queremos: instaurar una prórroga indefinida del sistema de jubilaciones voluntarias y anticipadas establecido en la LOE, aumentando considerablemente la cuantía de las gratificaciones; una promoción profesional en el propio puesto de trabajo, personal, voluntaria, progresiva y homologable en todo el Estado, y reducir la alta tasa de temporalidad, mediante generosas ofertas públicas de empleo para atender las necesidades reales del sistema.
¿Qué otros temas que le preocupen ha dejado pendientes de resolver?
El Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Españolas, por ejemplo. Ya en su momento, p resentamos nuestra propuesta negociadora ante muchas instancias universitarias, administrativas y sindicales. Proponíamos una regulación de las condiciones salariales y de trabajo de este personal, desarrollando lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU). En la propuesta de Estatuto del PDI presentada por CC.OO. se recogen los aspectos de articulación de la negociación colectiva, estructura profesional, funciones, carrera profesional, estructura retributiva, derechos y deberes, selección, jornada, etc., para este colectivo.
También está pendiente de desarrollo la articulación y desarrollo de una política de coordinación del complejo organizativo Estado-comunidades autónomas y universidades, para que, además de tener el mejor sistema de educación superior, se puedan aplicar sin barreras los derechos de los trabajadores de las universidades.
El Supremo acaba de dar un revés a la reforma de Bachillerato que ustedes respaldaban ¿Qué le parece esta decisión?
CC.OO. no comparte la sentencia (aunque, por supuesto la respeta y acata) y entiende que el Bachillerato no debe convertirse en una carrera de obstáculos para los alumnos, según el sindicato.
Considero que el Real Decreto que permitía que los estudiantes de primer curso de Bachillerato que suspendiesen tres o cuatro asignaturas lo repitieran totalmente o pudieran matricularse de las materias pendientes y de otras dos o tres de segundo, era una propuesta oportuna para dar solución a los problemas detectados en nuestro sistema educativo en relación con el alumnado que cursa las enseñanzas del Bachillerato.
Estamos convencidos de que la reforma planteada por el Ministerio no rebaja el nivel de exigencia en nuestro sistema educativo, ya que es necesario que el estudiante supere las asignaturas al final de la etapa, favoreciendo de este modo la atención a la diversidad del alumnado y contemplando la igualdad de oportunidades y la compensación de desigualdades.
No obstante, entendemos que la aplicación de la propuesta planteada en el RD exigía dotar a los centros escolares de los recursos necesarios para que su implantación contribuya a favorecer los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes, que por motivos diferentes no se encuentren en condiciones favorables para realizar el bachillerato en los dos cursos que la ley establece. Así mismo, esta propuesta facilitaría la tarea del profesorado, además de apoyar la autonomía y pedagógica de los institutos.
Por todo ello CC.OO. realizaremos un llamamiento a todos los agentes educativos para buscar medidas que coadyuven a superar los problemas detectados mediante un pacto social y político para lograr u sistema educativo en el que la calidad y la equidad sean los elementos de referencia.
Por fin está empezando a implantarse la LOE de forma definitiva. ¿Qué balance hace de esta primera aproximación, ¿qué hay que mejorar? y ¿hacia dónde hay que seguir avanzando?
Aunque la LOE no sea nuestra ley, pensamos que buena parte de las medidas que se recogen en ella pueden suponer un avance en la calidad y en la igualdad educativas. Recoge, además, propuestas que en su momento planteamos, si bien no fue fruto de un consenso con las fuerzas sociales y organizaciones sindicales, aunque sí lo hubo en buena medida en el parlamento.
CC.OO. considera que los aspectos negativos de la ley no son los más sustanciales, mientras que los positivos pueden ser decisivos para la mejora efectiva del sistema educativo. Ya hicimos una valoración positiva del hecho de que el Título VIII de la ley recoja la financiación de las medidas contempladas en ella. Cabe mencionar otros elementos positivos como las medidas de atención a la diversidad del alumnado, con garantías de escolarización en igualdad, y el que fijen nuevos mecanismos de control hacia los centros privados concertados. En este sentido, es de destacar que la ley establezca los mismos derechos y deberes para todos los centros sostenidos con fondos públicos y que se regule la distribución equilibrada de alumnos procedentes de la inmigración entre los centros de la red pública y los de la privada concertada.
Entre los aspectos negativos subrayamos el que se mantengan las mismas
ratios máximas de alumnos por aula, que la reserva de plazas para la escolarización de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo termine con el período ordinario de escolarización, y que las administraciones educativas puedan autorizar un incremento de hasta un 10 % del número máximo de escolares por aula para matricular al alumnado de incorporación tardía.
En su intervención en la comisión de educación del Congreso de los diputados hace ya tres años planteó la necesidad urgente de un Pacto por la Educación ¿Aún lo cree posible? ¿Cómo lograrlo si desde las administraciones autonómicas de distinto signo del gobierno central se intenta reventar la LOE cada dos por tres?
Seguiremos insistiendo en su necesidad y no ahorraremos esfuerzos para conseguirlo. La Educación debe quedar al margen de los vaivenes y las intermitencias políticas. Deben consensuarse unos mínimos que garanticen niveles de calidad e igualdad dignos en nuestro sistema Educativo, que cimenten un edificio sólido y que los cambios de gobierno impliquen poco más allá de remover el mobiliario.
Pero el Pacto por la Educación debe suponer otros acuerdos, no sólo políticos, sino sociales y laborales, en lo que se implique a toda la comunidad educativa, a todas las fuerzas sociales interesadas en la educación. Aprovecho para demandar al Ministerio el inicio de un nuevo proceso de diálogo en el que podamos retomar los temas laborales pendientes de la anterior legislatura, especialmente el Estatuto Docente. Debemos alcanzar ser alcanzar un nuevo acuerdo laboral, puesto que no es posible llevar a la práctica ningún plan de mejora de la enseñanza sin la implicación de los trabajadores y trabajadoras de la educación.
No parece que haya la predisposición a ponerse de acuerdo. ¿Será necesaria otra ley educativa más para alcanzar este pacto?
No tiene por qué. Quiero destacar a este respecto el Pacto alcanzado en su momento por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y los consejeros autonómicos con competencias en Educación sobre los 10 objetivos prioritarios para nuestro sistema educativo. La mayoría de estas medidas coinciden con las propuestas que nuestro sindicato ha hecho públicas en estos últimos años, por lo que consideramos que este acuerdo supone un paso importante para combatir el fracaso escolar. Lo más importante es que al fin se haya alcanzado un consenso de este alcance en una cuestión que, como señaló recientemente la ministra en el Parlamento, se ha convertido en un problema de Estado, por encima de intereses partidistas o del color político de las administraciones. No menos importante nos parece que las medidas estén respaldadas por el presupuesto correspondiente.
Se acaba de ultimar la reforma de la FP ¿qué le parece la propuesta del gobierno?¿En qué habría que mejorarla?
La Formación Profesional se ha convertido en un ciclo educativo con futuro, como o demuestra el hecho de que en 2020 la mitad de todos los empleos en Europa requerirán, al menos, una formación secundaria postobligatoria, fundamentalmente de FP, lo que supondrá el final de los empleos de baja cualificación en la Unión Europea.
El déficit de titulados de Formación Profesional exige un desarrollo de estas enseñanzas y un impulso por parte de las comunidades autónomas. Por eso, hemos hecho un llamamiento para cerrar a la mayor brevedad posible el marco normativo de reformas iniciadas con la Ley de Cualificaciones y de Formación Profesional, promulgada en 2002. Al mismo tiempo consideramos necesaria una actuación decidida de las comunidades autónomas para elaborar una oferta amplia y generosa al alumnado que lo pida. De nada serviría una reforma por arriba si luego no hay una apuesta clara y manifiesta por este tipo de enseñanzas.
Es necesario también informar a la sociedad de las diferentes modalidades de oferta formativa, el proceso de evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia laboral, así como la orientación profesional a los estudiantes, y la puesta en funcionamiento de los Centros Integrados de Formación Profesional y de los Centros de Referencia Nacional.
Para conseguir una Formación Profesional que responda a lo quieren los estudiantes, a lo que demandan los trabajadores y a lo que necesita nuestro sistema productivo no se necesita ninguna nueva normativa, sino simplemente desarrollar la Ley 5/2002 de las Cualificaciones y la LOE. Esto supone ampliar la oferta formativa, una tarea que corresponde fundamentalmente a las comunidades autónomas, que han de desarrollar una planificación y una oferta adecuada y no restrictiva. Además la oferta tiene que ser de calidad, con ciclos mejor equipados y con unos requisitos mínimos de los centros que garanticen una escolarización óptima y con profesorado suficiente. Asimismo es preciso concluir lo antes posible el catálogo de las cualificaciones y el de los nuevos títulos. Al ritmo actual no se acabará hasta dentro de seis o siete años.
El informe PISA cada vez arroja peores datos de fracaso escolar en España ¿en qué estamos fallando?¿Por dónde debería abordarse este problema?¿Qué soluciones plantean desde el sindicato? ¿Qué proponen para los chavales que no consiguen terminar la ESO?
En primer lugar quisiera decirle que es necesario ser rigurosos a la hora de enjuiciar un informe. El informe PISA dice lo que dice sobre la situación de los niveles del aprendizaje de los alumnos en nuestro País. Pero si destacamos sólo este titular estamos faltando a la verdad o falseándola. Se debería conocer otro aspecto sobre el que incide dicho informe: que las culpas del fracaso escolar las tiene el sistema educativo en un no muy elevado porcentaje; que hay otros factores (el entorno social, familiar, la situación económica, la marginación…) que son todavía más incidentes a la hora de condicionar ese fracaso. Acometer entonces las soluciones exclusivamente desde la óptica de los necesarios esfuerzos en la educación es no enfrentarse a la realidad con la totalidad de las armas que se necesitan. Debe hacerse un esfuerzo total y la denuncia del fracaso escolar puede convertirse en un mero titular de prensa.
Muchos centros y docentes siguen padeciendo problemas de convivencia ¿Cómo habría que atajarlo? Propuestas concretas.
Existen problemas; eso no se puede poner en duda y es necesario abordarlos, concretar medidas para su solución y llevarlas a efecto con los recursos y medios adecuados. Hemos apostado siempre por la adopción de un conjunto de medidas encaminadas a la mejora de la convivencia escolar, de acciones coordinadas entre todas las administraciones educativas, que respondan a un verdadero Plan de Convivencia en cada territorio, con garantías de financiación suficientes como para que tampoco a este respecto se profundicen las desigualdades y se generen modelos distintos en el conjunto del Estado.
Las soluciones deben ir, en primer lugar el reconocimiento del derecho de los profesionales de la enseñanza a la asistencia jurídica gratuita y eficaz, así como el respaldo sin reparos a los profesionales víctimas de cualquier tipo de agresiones o actitudes violentas o denigrantes. En segundo lugar están las previsiones de modificación de la legislación básica estatal, tanto en los Reglamentos Orgánicos de Centro, como en lo que se refiere a la normativa que regula los derechos y deberes del alumnado. En tercer lugar, se hacen necesarios cambios “organizativos” en los centros, que deben ir desde las propias modificaciones curriculares hasta el incremento en la dotación de recursos humanos y materiales. Por último y en cuarto lugar, todo ello debe acompañarse de otras medidas en cada territorio como las recogidas en el Acuerdo de que hablamos: actuaciones formativas para los profesional es de la enseñanza, reconocimiento explícito del profesorado y su “autoridad” en el aula, campañas de implicación de las familias, observatorio de la convivencia…. Y sin olvidar la financiación adecuada. Ya es hora de que para paliar y solucionar los problemas que platea la actual conflictividad escolar haya existido hasta ahora prácticamente sólo el buen hacer de la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Todas la administraciones educativas deben poner más recursos en los centros.
España ha vivido un cambio demográfico y social radical en la última década: aulas multiculturales y familias con padres y madres demasiado volcados en su trabajo que demandan a los centros escolares un papel más allá del docente. En plena época de crisis, con recorte de presupuestos, ¿cómo puede abordarse esto sin más recursos económicos?
No estoy de acuerdo con que no deban emplearse los recursos económicos necesarios. Está ya muy dicho que, en épocas de crisis, la mejor garantía es la inversión en educación, que es el futuro. Y esto entendido en el marco del conjunto de medidas y políticas sociales que no deben abandonarse. Cualquiera consideraría hoy día un disparate que ahora, por mor de la crisis, se procediese a recortes en las pensiones, o en los grados de la asistencia sanitaria concebida como universal. Pues bien, en el ámbito educativo debe procederse con la misma energía e intransigencia, aunque sus efectos puedan parecer menos palpables. Proceder a recortes en los gastos previstos para la educación es una manera muy ruin de afrontar la crisis.
Asistimos en algunas comunidades a la dualización de la enseñanza: inversión masiva en centros concertados, que se van quedando para alumnos españoles, y abandono de centros públicos que van acumulando alumnos con dificultades y muchas veces extranjeros. ¿Cómo se resuelve esto?
Pues se resuelve con normativa clara y con decisión al cumplirla y al hacerla cumplir. Es necesaria una planificación de oferta educativa, con el compromiso y la responsabilidad que les corresponde a las comunidades autónomas y a las administraciones educativas en la creación y extensión de su oferta educativa y en la elaboración de un mapa escolar que, teniendo como eje vertebrador del sistema la red pública, garantice un compromiso de cuota de equilibrio entre redes, tomando como referencia la actual distribución del sistema educativo en su conjunto y la diversidad de realidades territoriales. Ello hace más necesario que este compromiso sea adoptado en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación.
Debe establecerse la normativa necesaria para garantizar, mediante procesos de matriculación transparentes y únicos, que todos los centros privados que se acojan al régimen de conciertos aseguren la gratuidad de los puestos escolares; que asuman la responsabilidad de escolarizar a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación explícita o implícita, y atiendan al alumnado más complejo y difícil. Además, deben ofrecer un conjunto de servicios educativos complementarios semejantes, de modo que este criterio no determine la elección de un centro u otro.
Los alumnos de hoy, que han nacido con un ratón en la mano, tienen una manera de adquirir conocimientos muy diferente a la que tenían los alumnos de hace 10 años. ¿Deberían replantarse los docentes el modo de enseñar para adaptarse a las nuevas necesidades el alumnado?
Por supuesto y creo que lo están haciendo en su conjunto. El profesorado sabe adaptarse a las necesidades que van surgiendo, con el trabajo añadido y poco compensado que ello supone, sin contar muchas veces con el apoyo de las administraciones educativas, procediendo a un reciclaje personal que da muestras de su profesionalidad. Los responsables educativos dan por hecho que el profesorado tiene la obligación de adaptarse a los “nuevos tiempos”, y quizás sea cierto que tengan tal obligación como profesionales de la enseñanza. Pero no es menos cierto que las Administraciones han de aportar los medios, los recursos, la financiación para ello sea una realidad. El problema no radica en la “adaptación” del docente. El grave problema estriba en que en muchas ocasiones el docente “adaptado”, en la mayoría de las ocasiones por cuenta propia, se ve, por ejemplo en la situación ridícula de tener que echar mano en el aula, todavía y exclusivamente, a la tiza y la pizarra.
Fuente: Boletín COMFIA
