Los grupos rechazan la 'autoridad docente' del PP: 'No es el momento ni el método'

EL MUNDO - Paloma Díaz Sotero - 27/10/2009

El portavoz de educación del Grupo Popular, Juan Antonio Gómez Trinidad , defendió su proposición para cambiar la Ley Orgánica de Educación con una premisa: "No estamos en contra de la LOE". Y la apoyó con otra: "No es un tema ideológico; es de sentido común".

Pero sólo a la diputada de UPyD, Rosa Díez , le pareció de sentido común, si bien acusó al PP de "oportunista" por lanzar ahora su proposición, cuando ella lo hizo hace un año y ocho meses, y negarse a presentarla junto a su formación teniendo en cuenta que es la misma.

El resto consideró innecesario e inoportuno abordar la cuestión a bocajarro, con una modificación de la LOE, sin haber debatido el tema en el marco del pacto de Estado, aprovechando que lo hay, que es, con más diplomacia, lo que el propio ministro de Educación, Ángel Gabilondo, lleva diciendo desde hace un mes.

Cándida Martínez llegó a acusar al PP de "atentar contra la cortesía política y parlamentaria" y "carecer de lógica política" por aceptar un diálogo con el Gobierno y con el resto de partidos para conseguir un pacto político y social por la educación y sacar del mismo la autoridad del profesorado al llevarla al Congreso de manera aislada.

El diputado del PP , en cambio, se agarró al pacto para argumentar que, si el PSOE rechazaba su propuesta, "es que no tienen ninguna voluntad" de sacarlo adelante, y afirmar que "con tal de negarle el pan y la sal al PP" iban a reventar la voluntad de pacto del ministro.

"Qué mejor manera que empezar en esta Cámara a dar pasos concretos y a abrir puntos concretos de debate", había dicho por la mañana la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría.

Pero a la Cámara no le parecieron bien las formas del PP. Y a algunos, como al ERC, ni siquiera el contenido Los republicanos encardinaron la propuesta del PP con el autoritarismo de tiempos pasados e incluso llegó a acusar a los 'populares' de "terrorismo ideológico", expresión que retiró después a petición de los aludidos.

Para el diputado del PNV , Aitor Esteban , "no es lo más acertado plantear una modificación de la LOE en un momento en el que se está trabajando en un pacto". Añadió que los efectos penales que conllevaría la consideración del profesor como autoridad pública ya los proporciona la indicación al respecto de la Fiscalía General del Estado. "No sería necesaria", por tanto, la modificación legal, concluyó.

A CiU no le disgustó, en cambio, la proposición 'popular', pero advirtió de que no toda la comunidad educativa está de acuerdo y de que "quizá fuera aconsejable esperar" al debate del pacto de Estado, dado que el ministro ha dicho que puede perfilarse en los próximos dos o tres meses y que está dispuesto a hacer modificaciones legales sin son fruto del consenso.

Sin embargo, al final de su intervención, la diputada Mercè Pigem , reveló el verdadero motivo de su rechazo a la propuesta del PP: su negativa a apoyar la Ley de Educación de Cataluña y el recurso presentado contra ella ante el Tribunal Constitucional. Donde las dan las toman. "Ustedes no predican con el ejemplo. Piden consenso, pero dinamitan el consenso donde pueden", acusó.

Por otro lado, la diputada del PSOE cuestionó incluso que la autoridad docente deba tratarse en una ley y descartó que la proposición del PP tuviera utilidad alguna para dignificar la labor social del profesorado. Con la propuesta del PP, dijo, "no se aumenta la autoridad; se aumentan las penas", argumentó en relación con las agresiones a profesores.

"Nosotros queremos hablar de cómo reforzar la autoridad; no de recuperar la autoridad basada en el miedo", proclamó. Una autoridad, dijo, "fruto del prestigio social del profesorado", no fruto de "las tarimas que separan al alumnado del profesorado" ni de "la argucia de llamar de usted".


El Congreso rechaza considerar autoridad pública al profesor

EL PAÍS / EFE

En el pleno del Congreso, el portavoz de Educación del Grupo Popular, Juan Antonio Gómez Trinidad, ha argumentado que es un "clamor social" y una "demanda laboral y sindical" tal consideración del profesorado debido a los juicios por agresiones a docentes, las "miles" de denuncias recibidas por los defensores del pueblo y los sindicatos y la "recomendación" de la Fiscalía. Ha añadido que se trata de garantizar el derecho a aprender de once millones de alumnos y el de 650.000 profesores a dormir tranquilos, sin pensar que pueden ser atacados al día siguiente, "en muchos casos impunemente". "Sin autoridad no hay educación", ha proseguido, lo que no debe confundirse con el autoritarismo, ha matizado, al tiempo que ha reconocido que esta iniciativa no resuelve todos los problemas educativos. Ha señalado que no es una cuestión ideológica, sino de "sentido común" por la situación de "emergencia educativa".

La portavoz socialista, Cándida Martínez, le ha respondido que tal proposición "atenta" contra la cortesía política, dado que el Gobierno está en vías de negociación de un pacto educativo con las fuerzas parlamentarias, y se prevé que se aborde esta cuestión. "Queremos hablar de la autoridad docente, del prestigio del profesorado, de su reconocimiento social en un debate serio y sereno en el marco del pacto que el Gobierno ha ofrecido a las fuerzas de esta Cámara", ha indicado. Tampoco comparte el PSOE la formulación del PP porque "reduce" el concepto de autoridad al "ámbito penal".

Por CiU, Mercé Pigem ha dicho que este asunto tiene varias ramificaciones y cuestiones entremezcladas, así que la solución no puede ser lineal. "No apoyamos al PP porque no predican con el ejemplo; lo que hacen es dinamitar el consenso en educación donde existe, como en Cataluña", ha afirmado Pigem.

En nombre del PNV, Aitor Esteban ha negado que se vaya a conseguir un mayor reconocimiento social de los profesores y que éstos recuperen el control del aula considerándoles autoridad pública, ni se aplicarán penas mayores, pues la Fiscalía ya insta a que se les considere autoridad pública, el Código Penal protege a los funcionarios públicos y hay una "jurisprudencia incipiente" en este sentido.

ERC ha acusado al PP de querer ganar "la batalla ideológica del miedo" y de pretender derivar los problemas de convivencia hacia los docentes.

El BNG ha interpretado que la iniciativa del PP no se debía a una preocupación real por el asunto, sino a una política de enfrentamiento con el PSOE y el Ejecutivo.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha apoyado al PP por "responsabilidad", pero ha acusado a esta formación de "oportunismo" y "mezquindad" por negarse a que una iniciativa similar de UPyD se tramitara conjuntamente con la del PP.