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El ministro presenta a las Comunidades Autónomas 104 propuestas para debate del pacto educativo |
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Foto: Manuel H. de León / EFE |
El pasado día 27 Ángel Gabilondo daba un nuevo paso hacia el pacto educativo al presentar un documento con propuestas concretas que favorece el debate y la construcción colectiva para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. |
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El Gobierno pretende blindar las reformas educativas con el pacto
EL PAÍS - J.A. Unión - 28/1/2010
Entre las medidas que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presentó ayer a las comunidades autónomas como base para el pacto educativo, hay una que por sí sola puede significar un vuelco radical: que cualquier cambio normativo en la enseñanza requiera del acuerdo de dos tercios de los diputados del Congreso. Aunque quizá la iniciativa más sorprendente es la que pretende separar a los niños en 4º de la ESO (a los 15 años) en dos vías -una enfocada a cursar después bachillerato y la otra, FP-, la mayoría en el Congreso significaría que los partidos con opciones de gobernar, PSOE y PP, se comprometen a blindar el pacto, a contar con el otro si quieren cambiar la ley, algo que no ha ocurrido nunca.
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La distancia del PP
Hay muchos puntos de la propuesta del PP similares a los que aparecen en el documento presentado ayer por el ministerio. Sin embargo, éstas son las principales diferencias:
- ESO y Bachillerato. El PP quiere restar un curso a la ESO (manteniendo la escolarización obligatoria en los 16 años) para dárselo al Bachillerato. El documento de pacto deja en su sitio 4º de ESO, pero con dos vías, una orientada a la FP y otra, al Bachillerato.
- Libertad de enseñanza. El PP reclama asegurar por ley el derecho al concierto, es decir, que cualquier colegio privado, si tiene demanda, deberá ser subvencionado. El texto de Educación insiste en la necesidad de repartir equitativamente a los alumnos más difíciles (inmigrantes, minorías) entre la pública y la concertada, pero que ambos cuenten con medios para atenderlos, y que se dé toda la información a los padres para que puedan elegir.
- Evaluaciones. El PP pide exámenes de diagnóstico al final de cada etapa, iguales en toda España, y que los resultados sean públicos. El texto de Educación acepta evaluaciones nacionales para todos los alumnos de todos los centros (ahora se hacen con muestras representativas), pero no habla de dar publicidad a los resultados (un punto de tensión). Además, el documento habla de medir competencias básicas (comprensión lectora o matemática, como en el examen Pisa), y mientras el PP quiere evaluar las asignaturas y sus contenidos.
- Profesorado. El Partido Popular apuesta por mantener los cuerpos nacionales de profesores y que los docentes sean considerados autoridad pública, como se ha hecho en Madrid. El documento del Ministerio de Educación habla de promover su reconocimiento y su "autoridad moral", mejorando su formación y competencias y a través de campañas públicas de apoyo.
- Ciudadanía y castellano. Nada dice el documento de la enseñanza del castellano (que el PP quiere garantizar en las comunidades bilingües) ni de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (que el PP quiere eliminar de primaria y bachillerato y limar sus contenidos en la ESO).
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Mucho se ha hablado en las últimas semanas del incierto futuro de este pacto, sobre todo después de que la semana pasada, el presidente del PP, Mariano Rajoy, presentara las propuestas de su partido en un acto en Toledo. Entonces, Gabilondo ya dijo que estudiaría sus aportaciones (firmadas por las seis comunidades gobernadas por el PP) junto con las del resto de autonomías. Así, con todas ellas y las que han remitido sindicatos, asociaciones de padres o patronales, Educación ha redactado un documento de 28 páginas y 104 medidas que ayer entregó a los consejeros de Educación. "No es un documento del partido socialista", y tampoco es "la posición del ministerio", insistió Gabilondo, sino un texto "con voluntad de pacto". Ahora se abre otro periodo de aportaciones para que, hacia el 22 de febrero, haya un documento definitivo para debatir "en profundidad".
De momento, el texto plantea que en 2020 el 85% de los jóvenes tengan al menos el bachillerato o la FP de grado medio o alcanzar la media europea de gasto educativo en 2015 (el 5,4% del PIB, ahora en España es el 4,92%). Cada año, se haría una memoria económica de las medidas a poner en práctica en ese periodo. La idea general es flexibilizar el sistema para que nadie se quede en el camino (ahora abandonan los estudios prematuramente casi un tercio de los jóvenes) pero a la vez dar mucha mayor calidad (el informe Pisa deja a España en un lugar mediocre).
La reacción de los consejeros del PP ha sido prudente, aunque no renunciaron a destacar las líneas irrenunciables para su partido, como la libertad de elección de centro o la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües, algo que echó en falta la responsable madrileña, Lucía Figar. Hay "ausencias notables", dijo. Pero, en general, el documento ha tenido una buena acogida entre un amplio espectro ideológico de la comunidad educativa: desde los sindicatos CCOO Y UGT o la asociación laica de padres Ceapa, hasta la asociación católica de padres Concapa o la patronal CECE (impulsores del boicoteo a Ciudadanía). El portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, se quejó de "falta de concreción".
El hecho es que, dentro las buenas voluntades que marca el papel, la medida concreta más novedosa es hacer más "orientador" 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En ese momento, con 15 años, el alumno elegiría entre un curso orientado a la FP y otro, al bachillerato, aunque ninguno de ellos condicionará la decisión final del alumno a la hora de elegir sus estudios posobligatorios. Tendrían un tronco común de asignaturas y otro específico.
El ministerio ha tomado así una especie de camino del medio en torno a la petición del PP y de otros sectores (entre otros, UGT) de hacer un bachillerato más largo (los populares proponen reducir un curso la ESO), ya que, para una parte de los alumnos, 4º se convertiría en una especie de primer curso de bachiller, explica el secretario general de FP, Miguel Soler. Y, sin embargo, Soler asegura que no se renuncia a la conquista de tener una formación común hasta los 16. Ésta, sin duda, será una propuesta polémica que, para el Sindicato de Estudiantes, puede provocar "la expulsión de los estudiantes con más dificultades".
Por lo demás, el documento recoge multitud de iniciativas que ya están en marcha o reflejadas en distintos proyectos (el plan contra el abandono escolar, la reforma de la FP o la ley de Economía Sostenible, entre otras). Por ejemplo, más plazas públicas de educación infantil hasta tres años, refuerzos educativos tempranos (incluso en infantil), la flexibilización de los caminos de ida y vuelta entre el bachillerato y la universidad, la FP y el mercado de trabajo. Además, hay algunas ideas fuerza del PP, como el fomento de la exigencia, el mérito, el esfuerzo y la excelencia. |
En cuanto al profesorado, también coinciden con el PP en la revisión del sistema de acceso de los profesores. Y hay una propuesta casi calcada de la ley catalana de educación, pero que también recogía el texto del PP: crear una especie de contratos-programa entre los Gobiernos autonómicos y los centros por el que éstos son financiados y dotados en función de unos objetivos concretos a varios años.
Se trata de 104 propuestas, muchas de ellas se quedan en declaración de intenciones, otras a priori son fácilmente aceptables, pero algunas pondrán el pacto en aprietos. Gabilondo lanzó un mensaje: "Hay tal demanda social por el pacto que espero que ningún partido deje de estar a la altura".
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Gabilondo defiende que los cambios educativos se aprueben por dos tercios del Congreso
EFE - 27/1/2010
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo , ha propuesto que los cambios educativos legislativos requieran dos tercios de apoyo parlamentario para garantizar que se hacen al menos con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios.
En la rueda de prensa posterior a la conferencia sectorial de Educación, Gabilondo ha apuntado también que el último año de la educación obligatoria (cuarto de ESO) tenga realmente un carácter "orientador", con dos perfiles para los estudios postobligatorios: uno de Bachillerato y otro de FP de grado medio, cuestión que requería una modificación normativa.
Quienes al terminar tercero de ESO no estén en condiciones de acceder a ninguna de estas opciones podrán optar entre repetir este curso, con los refuerzos pertinentes, cursar un programa de diversificación curricular o un Programa de Cualificación Profesional Inicial, con una duración de dos años.
La duración del Bachillerato (actualmente dos cursos) queda "reforzada" por la opción de orientación hacia este nivel de enseñanza del último curso de ESO, lo que permitiría que cumpla mejor sus funciones.
Medio centenar de medidas
El documento con un centenar de medidas presentado a las Comunidades Autónomas sugiere también el establecimiento de "convalidaciones recíprocas" entre las materias de Bachillerato y los módulos de FP para facilitar el cambio de opción de los alumnos que lo deseen. Con vistas a la cohesión del sistema, habrá una evaluación externa, competencia del Instituto de Evaluación, en sexto de Primaria y tercero de ESO.
Anualmente habrá propuestas de medidas específicas para objetivos concretos vinculados a una memoria económica, con aportaciones del Gobierno central y de los autonómicos. También ha defendido Gabilondo conseguir que los alumnos sigan formándose al menos hasta los 18 años, aunque no obligatoriamente, para que en 2020 el 85 por ciento de los jóvenes tenga un título que asegure su empleabilidad, de acuerdo con las recomendaciones de los estudios internacionales.
"Tanto los cambios normativos como en su caso las futuras modificaciones que se puedan derivar de las medidas acordadas en este Pacto Social y Político por la educación precisarán una mayoría parlamentaria de dos tercios", según indica el documento con un centenar de medidas concretas que Gabilondo ha presentado hoy a los consejeros autonómicos.
Esta propuesta de apoyo parlamentario es un gesto de "convicción y lealtad", ha dicho el ministro, así que se propone que los cambios normativos que se derivaran del pacto se realicen por este procedimiento. Preguntado por si el texto recoge algún punto en relación con garantizar la enseñanza en castellano, no lo ha considerado imprescindible y se ha remitido al "pacto constitucional", lo que no impide que se vayan a evaluar los conocimientos de esta lengua.
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 Más información
ABC - Editorial - 28/1/2010
EL ministro Ángel Gabilondo presentó ayer a los consejeros autonómicos un plan de 104 medidas como base para la puesta en marcha del pacto educativo que reclama no sólo la comunidad escolar, sino el conjunto de la sociedad española. El departamento ha hecho los deberes y, sobre todo, demuestra que su objetivo es alcanzar un verdadero consenso. Así lo refleja el anuncio de que no se tomarán medidas si no cuentan con un apoyo de dos tercios en el Parlamento, evitando que la alternancia partidista suponga una permanente vuelta a empezar en materias que requieren estabilidad y permanencia. Hay propuestas bien pensadas, como la posibilidad de que cuarto de la ESO se convierta en un curso de orientación para optar entre Bachillerato y Formación Profesional. De este modo, se aproxima a la propuesta del PP, según la cual la ESO se reduciría en un año y el Bachiller pasaría a tres. Parece interesante la posibilidad de convalidaciones recíprocas entre las dos vías que se abren para los estudiantes al concluir la enseñanza obligatoria, eliminando la sensación de que se trata de caminos irreversibles. Sin embargo, Gabilondo no logra convencer a los padres y profesores en algunos ámbitos muy relevantes. Es correcto apelar a la cultura del esfuerzo y la responsabilidad o destacar el papel básico que corresponde a los profesores, pero estas propuestas no pasan del terreno de una retórica plagada de buenas intenciones.
Lo peor de todo es que el Ministerio elude cualquier cuestión polémica, ya sea la Educación para la Ciudadanía o las relaciones con las comunidades autónomas. La enseñanza en castellano y la historia común a todos los españoles no aparecen por ningún sitio, sin duda para evitar que los nacionalistas pongan en peligro un acuerdo que populares y socialistas parecen dispuestos a suscribir. La búsqueda del consenso a toda costa puede conducir el pacto hacia una tierra de nadie. Además, la oferta ministerial en materia de financiación se limita a anticipar fórmulas de colaboración entre las administraciones públicas que deberían ser objeto de precisiones mucho más detalladas. Con sus luces y sus sombras, el documento presentado ayer por el ministro puede ser un punto de partida pero no es ni mucho menos una base sólida para el verdadero pacto que resulta imprescindible en un ámbito decisivo para el futuro de España. Habrá que seguir con atención los próximos debates al respecto.
Gabilondo se acerca al PP pero elude la defensa del castellano
El MUNDO 28/1/2010
La negociación ha empezado. Como impulsor de la misma, Ángel Gabilondo fue el primero en mover ficha en el tablero del sistema educativo. Empezó por plantear un cambio en la ESO que supone dar la razón al PP en que es parte del fracaso del sistema. Pero los populares pusieron el acento en aquello que echaron en falta: garantías para estudiar en castellano y para la escuela concertada.
El ministro de Educación presentó ayer a los consejeros autonómicos en el seno de la Conferencia Sectorial un documento con 104 propuestas de mejora del sistema educativo elaborado a partir de las que él había recibido de las comunidades y los agentes sociales.
«No es un documento del PSOE ni de lo que quiere este Gobierno; es un documento para el pacto», advirtió Gabilondo. Después, señaló que él propone «acciones» que tendrán que completarse en las siguientes fases de la negociación.
Lo más importante del texto, según afirmó, es la búsqueda de la flexibilidad del sistema, que proporcione más opciones a los jóvenes para seguir estudiando hasta los 18 años, bien Bachillerato, bien FP. No significa menos esfuerzo, valor que Gabilondo reivindicó ayer, como siempre.
El ministro instó a los consejeros a que le envíen, antes del 15 de febrero, sus contrapropuestas en torno al documento. De ahí, dijo, saldrá otro documento de medidas más concretas que espera presentar en una próxima conferencia sectorial, el día 22. Así, paso a paso, y con carácter institucional, cara a cara, es como él plantea la negociación.
Su voluntad de un consenso que dé estabilidad al sistema educativo se materializó en otra propuesta: que «cualquier cambio normativo que se derive del pacto tenga el respaldo de dos tercios del Parlamento», garantía de que siempre tendrá el apoyo de los dos grandes partidos.
El portavoz popular de Educación en el Congreso de los Diputados, Juan Antonio Gómez Trinidad, calificó el documento de «un paso más» en la negociación, pero «insuficiente porque evita los grandes temas» del sistema. Curioso, porque precisamente él ha dicho en otras ocasiones que la clave de la mejora educativa está en la ESO. Y de todas las propuestas que presentó el ministro, la más elaborada era sobre la Enseñanza Secundaria y se aproximaba a lo que el PP le había planteado.
Para empezar, Gabilondo reconocía el fracaso de la ESO, la piedra angular de la LOGSE socialista, heredada después por la LOE vigente. «Ya sabemos que 4º de la ESO no es la panacea», admitió Gabilondo. Así que propuso que ese último curso se abra a dos opciones: una orientada a Bachillerato y otra a la FP. Así, los alumnos deberán decidir ya en 3º de ESO (con 14 o 15 años) qué van a estudiar después. 4º será un curso preparatorio del ciclo siguiente, con unas asignaturas comunes y otras enfocadas hacia una de las dos ramas que elija el estudiante, según explicaron fuentes de Educación.
Elijan lo que elijan, unos y otros tendrán el mismo título, pero ya estarán encauzados hacia el siguiente ciclo formativo. El horizonte es que entre 2015 y 2020 el 85% de los jóvenes continúen su formación hasta Bachillerato o FP, objetivo europeo hasta ahora lejano para España.
La consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, habló en nombre de los consejeros del PP y adelantó que algunas cosas le gustaron -el 4º de la ESO -, pero destacó «alguna ausencia llamativa» respecto a las «libertades educativas», como el derecho de los padres a elegir la enseñanza -incluida la lengua vehicular- y garantías para concertar colegios en función de su demanda. Fuentes consultadas en el PP y en sindicatos apuntaron a que el punto más difícil de la negociación puede ser la legislación del derecho al concierto que quiere el PP. Pero es este partido al que ahora le toca mover ficha.
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